Jueves, 14 de Octubre de 2010 06:44
Los senadores por Chubut Marcelo Guinle (PJ), Graciela Di Perna (PJ) y Mario Cimadevilla (UCR) fueron tres de los 35 votos favorables que obtuvo anoche la ley de movilidad de las jubilaciones. Lea las versiones taquigráficas de los tres discursos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: con su permiso –y a manera introductoria– voy a leer algunos de los fundamentos de un proyecto que presenté en abril de 2006 y que marca mi concepto en esta cuestión. En el artículo 14 bis decíamos, en ese momento, que la Constitución Nacional expresamente establece que el Estado otorgará jubilaciones y pensiones móviles; y por imperio del esquema legislado en la década pasada, tal movilidad hoy aparece condicionada y subordinada a las previsiones de la ley de presupuesto que, en la práctica, han determinado la inmovilidad de una gran cantidad de beneficios previsionales que en más de quince años no han tenido movilidad alguna. Sobre la base de estas premisas, y abrevando los recientes pronunciamientos de la Corte –decíamos en 2006–, que con absoluta contundencia sostuvo la obligatoriedad del Estado de proveer la movilidad en las prestaciones del sistema previsional, es que he elaborado este proyecto de ley teniendo presente que –como lo dijo la propia Corte– la salida de la convertibilidad cambiaria a comienzos de 2002 alteró dramáticamente las condiciones de estabilidad de las diversas variables económicas, acelerando el envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones; circunstancias estas que no ameritaron, excepto en las prestaciones mínimas, ningún reconocimiento de movilidad en los haberes; autos “Postiglione, Roberto Severio contra Poder Ejecutivo Nacional”. De conformidad como lo vienen sosteniendo los tribunales, esa necesaria movilidad debe estar vinculada a un índice. Decíamos en ese momento que la propia autoridad de aplicación consideraba apropiado y vinculado al sistema el denominado ISBIC –Índice de Salarios Básicos para la Industria de la Construcción–, que en realidad tuvo una escasa movilidad durante la década pasada y que permaneció inalterable durante 1997 y hasta comienzos de 2003. Así, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los fallos del fuero de la Seguridad Social, se ha sostenido que “dicho índice, aparece como el más apropiado -en cuanto seleccionado por la ANSeS- para adecuar los haberes jubilatorios a la nueva realidad existente y como cumplimiento de la manda constitucional en materia de movilidad de las remuneraciones, habida cuenta que los haberes de los activos se han incrementado significativamente a partir de mediados del año 2003 sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber del actor. Autos “Zagari, José María c/ ANSeS s/ Reajustes Varios”. Fallo de marzo de 2006.
Esto decíamos en 2006. Han pasado más de cinco años y, más allá de la movilidad otorgada en 2008 por la Ley 26.417, el achatamiento de la pirámide provocado a raíz de lo que estos fallos ya estaban reflejando, no fue abordado. No fue ni siquiera marcado un sendero de recomposición que permitiera atender aquellas jubilaciones que quedaron entre los 900 pesos, en ese momento, y los 2 mil pesos, que no se movieron; que se quedaron luego comidas por la mínima. Es cierto, este proyecto que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados contiene básicamente cuatro puntos; y tiene una normativa que, desde lo que implica la recomposición, uno puede decir que es amplia. En efecto, está llevando el haber mínimo garantizado, previsto en la Ley 24.241, al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil; establece la movilidad en todas las prestaciones previsionales, con aumentos en marzo y diciembre; toca el índice fijado por la Ley 26.417 y adapta el índice de salarios nivel general del INDEC o el RIPTE, el que resulte más beneficioso; y dispone la recomposición de haberes mediante el recálculo del haber inicial. Y es cierto, porque al recalcular el nivel inicial, en realidad está haciendo base en una resolución 140/95 de la ANSeS, que establece la actualización de las remuneraciones pero hasta el inicio de la convertibilidad. Es decir que le quita, de alguna manera, ese límite temporal y aplica sí el criterio, que como bien dijo el miembro informante del dictamen en minoría, la propia Corte decidió en el caso Elliff, además de avanzar luego sobre la base de ese haber inicial recalculado en un par de ajustes. Así, aplica el criterio de Sánchez, en el ajuste de 1991 a 1995 y aplica el fallo Badaro II, a partir de lo que es una deuda que se ha ido generando desde esos precedentes jurisprudenciales que estábamos mencionando: 2002 a 2006. Acá hay que hacer una primera afirmación. La han hecho todos. No cabe duda de que tanto un haber jubilatorio mínimo, del 82 por ciento del salario mínimo del activo, como es en este caso, y la actualización de los haberes conforme estos criterios que estableció la Corte y otros fallos del fuero de la Seguridad Social, constituyen reivindicaciones absolutamente justas que hacen sin duda a una política pública que debe impulsar la sustentabilidad económica, financiera y social del régimen previsional, entendido este como un bien público y como una política de Estado. También está claro que hoy podemos discutir este 82 por ciento y este proyecto con ajuste y movilidad asentada en estos fallos que han sido pilares, refrendados por la Corte, en virtud de que el Estado ha recuperado el manejo de la caja previsional a partir del proceso de estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Cuando uno escucha algunos discursos –y en esto no voy a apelar a chicanas ni voy a historiar la cuestión con algún sentido parcializado o sesgado, porque está lejos de mi ánimo–, no sabe bien si se está tomando esto como algo positivo o negativo. En realidad, se habla de haber expropiado los haberes, pero por otro lado no estaríamos hablando de esto si el Estado no hubiese avanzado en la estatización de los fondos de capitalización. Así mismo, tampoco podríamos haber avanzado en la cobertura de esos 2.500.000 ciudadanos que fueron receptados dentro del concepto de solidaridad social del sistema de reparto. En realidad, cuando en 1991 se deja el concepto de Instituto Nacional de Previsión, el sistema pasa a ser de Administración Nacional de la Seguridad Social y los aportes al sistema jubilatorio ingresan a este sistema de seguridad social en un conjunto, en un portafolio, conformado por el impuesto al trabajo, es decir, aportes y contribuciones –aportes de los trabajadores y contribuciones de las patronales, de los empleadores-, y por afectaciones específicas de los impuestos nacionales, directos o por coparticipación.
En consecuencia, el concepto de autofinanciación compensatoria, que estaba basada en la solidaridad de los trabajadores activos con los pasivos, se va diluyendo. A su vez, también se disipa aquella idea de que los fondos previsionales son exclusivamente de los trabajadores aportantes, es decir, aquello de que era la plata de los jubilados. Y digo que se va diluyendo, porque en realidad cuando uno mira el proyecto de presupuesto del año próximo, está claro que la recaudación pura que se prevé para la ANSeS, por contribuciones y aportes previsionales, asciende a los 104.518 millones de pesos, con un déficit primario previsto en el orden de los 63.803 millones, que se cubren con impuestos directos, indirectos y con aportes del Tesoro. Esto es que sólo poco más del 55 por ciento del sistema se financia con impuestos al trabajo, esto es aportes y contribuciones; y cada vez es más significativo el peso de los recursos tributarios. El año pasado, algún amigo senador reflexionaba –y se lo escuchaba con mucha atención–, acerca de que había un nuevo jugador, un nuevo participante en el esquema de coparticipación de Nación y provincias. Decía que, en la Argentina, hay un nuevo jugador, que hay que percibirlo; que no es de ahora sino de hace años. Así, se refería al sistema de la Seguridad Social, al sistema previsional argentino, que algunos definían, en aquel momento, como la provincia veinticinco. Y, en realidad, mirando los números, ¡otra que provincia veinticinco!; mucho más que provincia veinticinco. Entonces, todo esto va revelando lo complejo que es el tema previsional, que es multidimensional; integrado por una serie de factores. En realidad, poco tiene que ver que uno haga prevalecer la cuestión economicista, sino que tiene que ver con conceptos que se deben tomar para poder atrapar el sistema previsional, como ser la cuestión demográfica, la calidad, la organización del sistema público de salud, la distribución del trabajo según el sexo, la rentabilidad de los fondos previsionales, la accidentología y esto que tan raramente el miembro informante de la mayoría decía como la matemática actuarial, que permite hacer proyecciones y definir masa de acumulación, renta financiera e ingresos al sistema, a los fines de la determinación de los modelos de equilibrio y sustentabilidad. Ahora bien, existe una premisa básica: sin trabajo futuro será muy difícil −por no decir imposible− garantizar jubilaciones del presente. Por supuesto, es absolutamente válida la movilidad jubilatoria plena; yo la reivindico. Creo que, entendida en el sentido de que los jubilados deben percibir el equivalente de la renta del trabajo que cobra un trabajador activo, es un objetivo de justicia social y de equidad distributiva con el que, seguramente, todos estaremos de acuerdo. Pienso que eso está fuera de debate. La pregunta es cómo lograrlo.
(Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.)
Sr. Guinle. Inicialmente, iremos por la negativa. Está claro que las fuerzas del mercado no lo lograrán. Las fuerzas del mercado, en esta última crisis financiera, en el Occidente desarrollado, perdieron aproximadamente el 40 por ciento de los fondos previsionales. En realidad, no sólo porque operan sobre transacciones activas de la producción, sino porque, en realidad, el mercado está muy lejos de entender el concepto solidario de un salario diferido, que implica garantir recursos a futuro, es decir, una visión de largo plazo, una visión de la economía casi sociológica. Justamente, los actores del mercado no están en condiciones de ofrecer eso. Entonces, ¿qué es necesario? Una planificación global y sustentable, con acuerdos políticos y sociales que aglutinen a los factores de la producción, tales como los empresarios, trabajadores, etcétera. De allí la importancia de una política pública que impulse una suerte de pacto de sustentabilidad global, más allá de los discursos viscerales de uno y otro lado. Me refiero a la sustentabilidad económica, financiera y social de un régimen previsional que debe ser entendido como bien público y como una política de Estado.
Evidentemente, aparecen las contradicciones; y no me referiré a las contradicciones en los artículos del proyecto vinculados con el financiamiento o la sustentabilidad, sino a la de los discursos. En ese sentido, se me fijó un concepto expresado con mucha claridad por el diputado Macaluse. Él manifestó que no pueden haber, por un lado, restricciones presupuestarias exigidas al gobierno −planteando, por ejemplo, retenciones cero−, y por el otro, exigencias sociales que plantean que los jubilados deberían ganar más. Y yo agrego: ¿es lógico plantear que las provincias puedan detraer el 15 por ciento de fondos coparticipables, para aportarlos al sistema de Seguridad Social argentino, cuando se está discutiendo un proyecto por el que se impulsa la actualización de las jubilaciones en un 82 por ciento, y con movilidad? Creo que no lo es; se trata de conceptos absolutamente contradictorios. No se le puede sacar al sistema, en medio de una discusión por recursos, que deben mantenerse y asegurarse para prever las contingencias y la sustentabilidad para el futuro. Al respecto, y sin ningún tipo de dudas, deben asegurarse los recursos que hoy existen. No puede pensarse en detraer absolutamente ninguno de los recursos que maneja la ANSeS, cuando se trata de proyectos de estas características. En este sentido, tal como lo planteaba un grupo de diputados –aunque a mi juicio es una medida insuficiente−, creo que debería avanzarse con el incremento de las contribuciones patronales. Considero que hay que hacerlo, que hay que apuntar a iniciativas que le den mayor sustentabilidad al sistema en el corto, mediano y largo plazo. Leo algunas versiones taquigráficas de discursos de conspicuas diputadas que, en realidad, decían que el sistema en estas condiciones es inviable –coincido con ellas; pero en realidad ya era inviable– y que lo que habría que hacer es aguantar un año. Ahora bien, yo me pregunto, cómo es esto de aguantar un año. El sistema debe ser viable siempre. Hay que asegurarle fondos para darle sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Pero para eso hay que hacer los acuerdos políticos y sociales absolutamente necesarios para garantizar dicha sustentabilidad. Así, hay que avanzar en la suba de las contribuciones patronales. Y creo que lo marcaban de manera insuficiente, porque para atender el concepto de sustentabilidad y definir el concepto de movilidad en realidad hay que avanzar sobre aquellos jubilados que cumplieron con los aportes y con los que no cumplieron con ellos. Es necesario avanzar en un proceso de blanqueo y de remuneraciones plenamente contributivas, tal como bien lo marcaba el señor senador Artaza. En ese sentido, hay que contar con el compromiso de las organizaciones sindicales, en el sentido de avanzar en dichas iniciativas, así como con el de los propios estados para nutrir de fondos a las cajas de jubilaciones. Por otra parte, ¿por qué no pensar en un impuesto a los beneficios extraordinarios de aquellas empresas que se manejan en mercados concentrados; y que alguna vez ya fueron aplicados? En realidad, con relación a los recursos creo que el proyecto se queda absolutamente corto. Sinceramente, me parece que cumple de manera aparente con la exigencia de dotar de mayores fuentes de financiamiento para atender los mayores gastos presupuestarios previstos. Solamente se limita a mencionar los recursos de la ANSeS para cumplir con los gastos a los que está obligado. En el mismo sentido, creo que es un equívoco limitar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al establecer que su valor acumulado no puede ser superior al importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la ANSeS en el presupuesto.
Me pregunto el por qué de esta limitación. ¿Por qué la limitación a lo que debe ser una acumulación y una posibilidad de mayor renta? ¿Por qué se va a utilizar un recurso de capital cuando en realidad lo que se debe prever es la utilización del flujo? De lo contrario, esto también será poco sustentable en el tiempo. Además, tampoco puede preverse una pérdida de valor de estos recursos en caso de liquidarse de manera intempestiva y con repercusiones negativas en el conjunto de la economía. Al contrario, como bien decían algunos senadores, debe delimitarse lo que es flujo y lo que es stock, a los efectos de que no se mezcle la característica del recurso. En consecuencia, debería capitalizarse el propio sistema de Seguridad Social con la renta que produce y, a su vez, debe fortalecerse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque reinstala el concepto de solidaridad intergeneracional. De ahí que debe constituirse de una manera más fuerte que la actual. Algunos legisladores han planteado –y creo que han puesto algunas cosas sobre el tapete en proyectos que no fueron tratados–, como es el caso del senador Verna, volver a comprometer como asignación específica el 15 por ciento de fondos coparticipables que no deben detraer las provincias. Mediante la iniciativa del senador Verna dicho porcentaje tenía como asignación específica la atención del 82 por ciento móvil. Creo que este es uno de los temas que no se debe soslayar, porque no se puede detraer ningún tipo de recursos de este sistema, debido a su naturaleza. Voy a acompañar en la votación en general este proyecto, porque en realidad uno no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. Estoy convencido de que, pese a las falencias que he marcado –y que creo que pueden constituirse a mediano y a largo plazo en una trampa difícil o en una estafa–, la iniciativa debe ser acompañada. Pero debe ser mejorada, modificada y atendida, porque para no ser declarativo, un derecho social debe ser sustentable. Y para hacerlo sustentable, hay que asegurarle el financiamiento a corto, a mediano y a largo plazo; de lo contrario, los derechos sociales se tornan declamativos. Y todos los derechos sociales tienen una base material para su ejercicio. Dicha base material para el ejercicio de esos derechos, seguramente la constituye la necesidad de proveer más y mejores recursos al sistema de la Seguridad Social de los argentinos. Señor presidente: más allá de mis observaciones a los artículos 11 y 12, voy a acompañar en general este proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados.
(…)
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: desde nuestro sector vamos a apoyar firmemente la sanción de este proyecto de ley, desde el más profundo convencimiento de que tiene que terminar en nuestro país la enorme injusticia de que exista una ANSeS rica y jubilados en la miseria.
Uno de los pilares de nuestra sociedad debe ser la solidaridad: el Estado debe tener siempre una mirada hacia quienes menos tienen y en este caso hacia aquellos que tienen un alto grado de vulnerabilidad laboral. Las personas de la tercera edad, los ancianos y los jubilados, son quienes están en peores condiciones para trabajar y generar nuevos ingresos que les permitan llevar una vida digna. La solidaridad para con ellos se basa en esa vulnerabilidad y no admite demoras. Hablamos también de la necesidad de asegurar una movilidad real, no de continuar con el actual esquema de aumentos a cuentagotas, aumentos nominales y no reales que transforman a los jubilados en nuevos pobres. Sabemos que se pueden reducir o modificar algunos gastos o rubros del presupuesto nacional, muchos de los cuales son innecesarios, pero no se pueden achicar o reducir los ingresos de los jubilados que no cuentan con otras posibilidades para procurarse nuevos ingresos. La jubilación es el pago por haber dedicado buena parte de la vida a trabajar o a producir. Por eso no es un gasto, sino un derecho que debe abonarse con movilidad real. Y si no existe movilidad ello significa no sólo una falta de reconocimiento a los jubilados, sino por sobre todas las cosas una falta de respeto que implica desconocer los valores del esfuerzo y de la dedicación de tantos años para entregarle a cambio sólo migajas. Consideramos que el Estado debe preservar los valores. No queremos una sociedad sin valores. El primer paso para lograr una jubilación del 82 por ciento con movilidad real es tener una ley como la que hoy vamos a votar, que haga activo y operativo dicho principio. Quiero remarcar también otro concepto que juega a favor de sancionar ya mismo este proyecto de ley, cual es que los dictámenes judiciales reconocen que se han negado derechos de manera arbitraria. Los juzgados de la seguridad social de todo el país están abarrotados con más de 400 mil juicios por reajustes jubilatorios contra la ANSeS. Si bien el presupuesto estima que en el año 2011 podrían cancelarse unas 30 mil sentencias, todos los años ingresan unos 100 mil casos nuevos, que se agregan a los 400 mil en trámite. Esto implica una deuda que a valores actuales ronda entre 30 y 40 mil millones de pesos. En el presupuesto de este año se prevé destinar 2.800 millones al pago de juicios. Nos preguntamos: ¿no se estará promoviendo una industria del juicio? ¿Qué pasa con el dinero que se paga a los abogados? ¿Nadie pensó cuál es el costo de tener una justicia desbordada? Por ello, es hora de que ningún jubilado tenga que reclamar por sus derechos. Es hora de que tengan una jubilación digna porque se la han ganado a lo largo de su vida activa.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
Sra. Di Perna. – Cuando hablamos del fondo de garantía de sustentabilidad de ANSeS sabemos que tiene 150 mil millones que el gobierno utiliza a discreción y que se destinan a los llamados proyectos productivos que, en realidad, lo que hacen es premiar a gobernadores aliados. Por ello, asignando el 82 por ciento móvil a las jubilaciones el Estado nacional no se desfinancia, pero va a perder poder de discrecionalidad para premiar a los amigos. Por otro lado, gran parte de los recursos que existen provienen de una estrategia sistemática de subestimación presupuestaria por parte del kirchnerismo. Así se ha conseguido que el presupuesto pierda toda relevancia como herramienta de política económica y se haya transformado en una ficción. En última instancia se trata de otra institución que ha sido degradada por este gobierno. Al considerar todas la subestimaciones que tiene el presupuesto de 2011 se observa que el gobierno nacional tiene nada menos que un margen de 117 mil millones para gastar discrecionalmente: 35 mil millones por subestimación de los ingresos, 42 mil millones por subestimación de fuentes de financiamiento, 40 mil millones por el margen que brindan las mayores fuentes de financiamiento en términos de reducción del superávit primario. Con este margen de discrecionalidad que tiene el presupuesto ¿tiene que ser la ANSeS con el dinero de los jubilados la que financie la Asignación Universal por Hijo? Señor presidente: ¿cuál es el único argumento del gobierno para oponerse a este proyecto? Que no hay financiamiento. En caso de implementarse el proyecto se produciría la quiebra de ANSeS. Este argumento es totalmente falaz. Vayamos a los números verdaderos. El costo total es aproximadamente de 35 mil millones de pesos: 20 mil millones por el 82 por ciento y 15 mil millones por la actualización de haberes no mínimos. En el año 2011 el gasto público total del gobierno nacional será nada menos que de 450 mil millones de pesos, cien mil millones más que en 2010. El proyecto afecta menos del 10 por ciento del gasto público de 2011. Es decir, el gasto crecerá más de cien mil millones y sólo se necesitan 35 mil millones para pagarle a los jubilados lo que les corresponde.
Sr. Presidente. – Senadora Di Perna: la senadora Osuna le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Di Perna. – Termino, así no pierdo la ilación. Como queda claro, los recursos están; lo único que se requiere es establecer prioridades en el gasto. En el año 2011 también el gobierno gastará en un esquema de subsidios a la energía y transporte, tal como se dijo aquí, que resulta profundamente regresivo en términos sociales, 60 mil millones de pesos. ¿Cuánto es el costo del proyecto? 35 mil millones. Si ponemos el foco en los recursos de la ANSeS, también el proyecto es absolutamente financiable. En 2011 la ANSeS tiene un superávit estimado de 12 mil millones de pesos. Este excedente debería ser aplicado al financiamiento del proyecto. Actualmente, los recursos para financiar el Programa de Asignación Universal por Hijos, 12 mil millones más, surgen de la ANSeS, cuando debería financiarse de Rentas Generales o ser incluido en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Así se liberarían 12 mil millones más para este proyecto. Adicionalmente, luego de la estatización de las AFJP, la ANSeS se hizo cargo de todos los títulos que estaban en manos de las AFJP, que pasaron a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS. Para 2011 se estima que este fondo tendrá rentas por 15 mil millones de pesos, que perfectamente podrían aplicarse a financiar este proyecto. Señor presidente: tomando únicamente estos tres componentes –superávit estimado de ANSeS, pasando el Programa de Asignación Universal por Hijo a Desarrollo Social y las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- se suman 39 mil millones de pesos, con lo cual se observa claramente que la ANSeS tendría financiamiento asegurado para 2011, incluso quedaría un excedente de 4 mil millones de pesos. Para terminar, señor presidente, la Comisión de Trabajo del Senado realizó audiencias en distintas provincias donde se paga el 82 por ciento móvil a jubilados provinciales. Una de estas provincias fue Chubut. En nuestra provincia el promedio general del beneficio jubilatorio a julio de 2010 es de 4.452 pesos, y sólo el 6 por ciento del total de los jubilados provinciales se encuentra en el rango de la jubilación mínima, que en Chubut es de 1708 pesos, lo que equivale al 82 por ciento del salario mínimo. Esta tarea se inició en el año 2003 con la decisión política de reconocer la deuda que tenía el Estado provincial con la Caja de Jubilaciones. En primer lugar, los jubilados recuperaron el 13 por ciento que les habían retenido en años anteriores de crisis. Luego se conciliaron las deudas que el Estado tenía con la caja y se sancionó la ley provincial 5409 en noviembre de 2005, definiendo un régimen jubilatorio renovado, estableciendo un valor jubilatorio igual al promedio de los haberes percibidos durante los últimos diez años, y sobre esta determinación el pago del 82 por ciento con movilidad directa, o sea, que cada aumento en el sector activo se aplica a las jubilaciones.
Como podemos ver, llegar al 82 por ciento móvil es posible; requiere planificación, eficiencia y austeridad en el manejo de los fondos públicos y una inquebrantable voluntad política de reconocer a los jubilados el derecho adquirido a lo largo de toda su vida.
(…)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: a esta altura de la tarde y del debate algunas cosas han quedado claras. Aquí se ha hecho un análisis de cómo ha ido evolucionando el sistema previsional argentino desde el año 1957 o 1958 a la fecha, cómo se fue desfinanciando, cómo los activos no pueden con sus aportes pagar la jubilación a los pasivos, cómo para ello se fueron incorporando impuestos y parte de la coparticipación federal. Por parte del oficialismo se habló mucho de la falta de financiamiento o de la imposibilidad de pagar este 82 por ciento móvil. A ese argumento de la falta de financiamiento se lo adornó con algunos calificativos realmente hirientes: falta de seriedad, mentira, etcétera. Pareciera que los únicos preocupados por los jubilados fueran hoy, precisamente, quienes se oponen a una mejora salarial en un país donde las autoridades del gobierno se la pasan hablando del crecimiento y del desarrollo, y es en ese país, donde todos los índices son buenos todos los días, donde a los jubilados les decimos que no. En este cuadro de situación todos han coincidido en que nos debemos un debate más profundo para la reformulación de un sistema previsional pensado para una situación que ya no es tal. Pero lo cierto es que la posición que unos y otros adoptemos, a favor o en contra de este proyecto, marca una prioridad política; obviamente, que la marca, porque más allá de la coincidencia en la falencia del sistema y de la necesidad de una nueva discusión todos aquí coincidimos en la necesidad del mejoramiento de los salarios de los jubilados. Pero, curiosamente y a pesar de esa coincidencia, hay algunos que van a preferir las cuestiones numéricas, las cuestiones presupuestarias, a las necesidades de los hombres y mujeres de la tercera edad en la Argentina. Y esto marca claramente como primera conclusión una gran diferencia en cómo ve el problema el oficialismo y cómo lo vemos desde la oposición. Sobre la necesidad del ajuste de las jubilaciones ya se ha expedido la Corte Suprema de Justicia, se ha expedido la Cámara de Diputados, está por expedirse la Cámara de Senadores. Creo que el Ejecutivo no puede desconocer el pronunciamiento y la voluntad de los otros poderes del Estado. No dejo de reconocer que durante la gestión del presidente Kirchner se pudo haber mejorado la situación de los jubilados, seguramente que sí. También es cierto que las condiciones económicas en las que le tocó gobernar, luego de la devaluación, fueron distintas a las situaciones económicas que tuvieron que afrontar gobiernos anteriores.
Señor presidente: creo que se puede pagar el 82 por ciento móvil. Aquí se ha dicho que si los fondos de la ANSeS se destinaran pura y exclusivamente al pago de las jubilaciones y no al financiamiento de otras cuestiones, el 82 por ciento móvil sería perfectamente posible de pagar. Si a esto le sumamos una optimización del gasto y le hiciéramos caso a ese gran filósofo, Luis Barrionuevo, que hablando en primera persona y dirigiéndose a sus compañeros del gobierno, dijo alguna vez: si nos dejáramos de robar, alguna vez podremos solucionar los problemas de este país. Si todo esto se diera, se podrían tranquilamente pagar las jubilaciones. Además, considero que es necesaria la sanción de este proyecto de ley. Esta es una lucha equiparable. Algunos jubilados en mi provincia la equiparaban a otras luchas que se han dado en la Argentina con el voto, la igualdad de las mujeres, el propio matrimonio gay, que no hace mucho discutimos acá. Durante el debate de este proyecto de ley, a lo largo y a lo ancho del país, algunos jubilados nos hablaron sobre las desventajas que ellos tienen para reclamar, pero dejaron en claro la madurez y responsabilidad para llevar adelante el reclamo. Me voy a permitir aquí leer lo que dijo un jubilado en mi provincia: A los que estamos al frente de los centros de jubilados a veces se nos hizo muy difícil contener, como se dice, a las bases, porque les puedo asegurar que a pesar de los achaques y todo lo demás, como está de moda cortar rutas, tomar plantas, romperle la cabeza a algún trabajador, no permitirle el acceso a los yacimientos, no permitir el acceso a empresas, y tantas cosas más…, y usted ve que cuando esto sucede, a los tres o cuatro días consiguen absolutamente todo. Entonces, pareciera que a algunos les interesa el Estado de derecho de esa manera. Nosotros no queremos de ese Estado de derecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando prácticamente a los jubilados nos exigían que vayamos a tomar la planta, a cortar las rutas y todo lo demás, dijimos no, nosotros tenemos que dar el ejemplo, somos personas grandes. Tenemos que enseñarle a la juventud cómo se debe reclamar, cómo se debe respetar y cómo hay que cuidar un Estado de derecho. De última, estamos pidiendo que se cumpla con nuestra Carta Magna. Ustedes, fíjense, cuando uno escucha, yo les puedo asegurar que hasta tuve problemas, porque me negué a hacer eso. ¿Por qué? Porque quiero vivir en un Estado de derecho. Señor presidente, pese a las necesidades y las desventajas que tienen a veces para imponer planes de lucha, fíjese con qué responsabilidad y con qué madurez nos hablaba de cómo hay que encarar los reclamos. Lástima que el señor Moyano no estuvo presente, pero este un buen ejemplo para que sindicalistas como él lo imiten.
En este contexto, la necesidad de abonar el 82 por ciento móvil no constituye un problema de recursos sino un problema de decisión. Termino este análisis contextualizando en qué situación está el país discutiendo el 82 por ciento móvil. A esto le quiero agregar un análisis sobre el escenario político que hoy vivimos en la Argentina. No es precisamente el ejemplo de quienes nos gobiernan un ejemplo de honradez, austeridad, que realmente los habilite para pedir a los jubilados un nuevo esfuerzo. Quiero leer textualmente cómo se han descripto situaciones políticas como la actual en la Argentina, en cuadros similares. Alguien dijo: No hay República, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa. El presidente de la República ha dado el ejemplo, viviendo en la holgura, haciendo la vida de los sátrapas con un menosprecio inaudito por el pueblo y con una falta de dignidad que cada día se ha hecho más irritante. Ni en Europa ni en América podrá encontrarse en estos tiempos un gobierno que se le parezca; la codicia ha sido su inspiración, la corrupción ha sido su medio. Ha extraviado la conciencia de muchos hombres con las ganancias fáciles e ilícitas, ha envilecido la administración del Estado obligando a los funcionarios públicos a complacencias indebidas y ha pervertido las costumbres públicas y privadas prodigando favores que representan millones. Su participación en los negocios administrativos es notoria, pública y confesada. Puede decirse que él ha vivido de los bienes del Estado y que se ha servido del erario público para constituirse un patrimonio propio. Su clientela le ha imitado; sujetos sin profesión, sin capital, sin industria, han esquilmado los bancos del Estado, se han apoderado de las tierras públicas, han negociado concesiones y se han hecho pagar su influencia con cuantiosos dineros. Hasta ahora habían logrado constituir un Congreso unánime sin discrepancia de opiniones, en el que únicamente se discute el modo de caracterizar mejor la adhesión personal, la sumisión y la obediencia pasiva. El régimen federativo ha sido escarnecido; los gobernadores de provincia, salvo rara excepción, son sus lugartenientes; se eligen, mandan, administran y se suceden según su antojo: rendidos a su capricho. Terminaba esta nota diciendo: Esta breve reseña de los agravios que el pueblo de la Nación ha sufrido está muy lejos de ser completa. Para dar idea exacta sería necesario formular una acusación circunstanciada y prolija de los delitos públicos y privados que se han cometido contra las instituciones, contra el bienestar y el honor de los argentinos. El pueblo lo hará algún día y requerirá su castigo para que no se pueda gobernar una República sin responsabilidad y sin honor. En este cuadro, señor presidente, cuando se ha pagado una deuda pública eterna, cuya legitimidad no se ha examinado; cuando se ha pagado deuda a los bancos con la plata del pueblo, es muy difícil decirle a los jubilados que no vamos a votar el 82 por ciento móvil. El senador Pichetto con legítimo orgullo dijo que las universidades argentinas eran gratuitas. Eran gratuitas porque quienes hoy nos están pidiendo el 82 por ciento móvil, trabajadores, asalariados, pequeños comerciantes, pequeños productores, con su trabajo contribuyeron a que nosotros pudiéramos estudiar. Yo soy un hombre agradecido. No puedo menos hoy, con mi voto, que devolver a esos jubilados parte de lo que ellos me dieron. No quiero terminar sin decir quiénes fueron los que escribieron esto que acabo de reseñar sobre el cuadro político de la Argentina. Fueron nada más y nada menos que Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Mariano Goyena, Juan José Romero y Lucio V. López, el 26 de julio de 1890, en la manifestación de la Revolución del Parque, cuando nacía nuestro partido. Aquella vez, como en esta ocasión, los hombres de la Unión Cívica Radical estamos en el lado correcto.
Los senadores por Chubut Marcelo Guinle (PJ), Graciela Di Perna (PJ) y Mario Cimadevilla (UCR) fueron tres de los 35 votos favorables que obtuvo anoche la ley de movilidad de las jubilaciones. Lea las versiones taquigráficas de los tres discursos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: con su permiso –y a manera introductoria– voy a leer algunos de los fundamentos de un proyecto que presenté en abril de 2006 y que marca mi concepto en esta cuestión. En el artículo 14 bis decíamos, en ese momento, que la Constitución Nacional expresamente establece que el Estado otorgará jubilaciones y pensiones móviles; y por imperio del esquema legislado en la década pasada, tal movilidad hoy aparece condicionada y subordinada a las previsiones de la ley de presupuesto que, en la práctica, han determinado la inmovilidad de una gran cantidad de beneficios previsionales que en más de quince años no han tenido movilidad alguna. Sobre la base de estas premisas, y abrevando los recientes pronunciamientos de la Corte –decíamos en 2006–, que con absoluta contundencia sostuvo la obligatoriedad del Estado de proveer la movilidad en las prestaciones del sistema previsional, es que he elaborado este proyecto de ley teniendo presente que –como lo dijo la propia Corte– la salida de la convertibilidad cambiaria a comienzos de 2002 alteró dramáticamente las condiciones de estabilidad de las diversas variables económicas, acelerando el envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones; circunstancias estas que no ameritaron, excepto en las prestaciones mínimas, ningún reconocimiento de movilidad en los haberes; autos “Postiglione, Roberto Severio contra Poder Ejecutivo Nacional”. De conformidad como lo vienen sosteniendo los tribunales, esa necesaria movilidad debe estar vinculada a un índice. Decíamos en ese momento que la propia autoridad de aplicación consideraba apropiado y vinculado al sistema el denominado ISBIC –Índice de Salarios Básicos para la Industria de la Construcción–, que en realidad tuvo una escasa movilidad durante la década pasada y que permaneció inalterable durante 1997 y hasta comienzos de 2003. Así, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los fallos del fuero de la Seguridad Social, se ha sostenido que “dicho índice, aparece como el más apropiado -en cuanto seleccionado por la ANSeS- para adecuar los haberes jubilatorios a la nueva realidad existente y como cumplimiento de la manda constitucional en materia de movilidad de las remuneraciones, habida cuenta que los haberes de los activos se han incrementado significativamente a partir de mediados del año 2003 sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber del actor. Autos “Zagari, José María c/ ANSeS s/ Reajustes Varios”. Fallo de marzo de 2006.
Esto decíamos en 2006. Han pasado más de cinco años y, más allá de la movilidad otorgada en 2008 por la Ley 26.417, el achatamiento de la pirámide provocado a raíz de lo que estos fallos ya estaban reflejando, no fue abordado. No fue ni siquiera marcado un sendero de recomposición que permitiera atender aquellas jubilaciones que quedaron entre los 900 pesos, en ese momento, y los 2 mil pesos, que no se movieron; que se quedaron luego comidas por la mínima. Es cierto, este proyecto que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados contiene básicamente cuatro puntos; y tiene una normativa que, desde lo que implica la recomposición, uno puede decir que es amplia. En efecto, está llevando el haber mínimo garantizado, previsto en la Ley 24.241, al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil; establece la movilidad en todas las prestaciones previsionales, con aumentos en marzo y diciembre; toca el índice fijado por la Ley 26.417 y adapta el índice de salarios nivel general del INDEC o el RIPTE, el que resulte más beneficioso; y dispone la recomposición de haberes mediante el recálculo del haber inicial. Y es cierto, porque al recalcular el nivel inicial, en realidad está haciendo base en una resolución 140/95 de la ANSeS, que establece la actualización de las remuneraciones pero hasta el inicio de la convertibilidad. Es decir que le quita, de alguna manera, ese límite temporal y aplica sí el criterio, que como bien dijo el miembro informante del dictamen en minoría, la propia Corte decidió en el caso Elliff, además de avanzar luego sobre la base de ese haber inicial recalculado en un par de ajustes. Así, aplica el criterio de Sánchez, en el ajuste de 1991 a 1995 y aplica el fallo Badaro II, a partir de lo que es una deuda que se ha ido generando desde esos precedentes jurisprudenciales que estábamos mencionando: 2002 a 2006. Acá hay que hacer una primera afirmación. La han hecho todos. No cabe duda de que tanto un haber jubilatorio mínimo, del 82 por ciento del salario mínimo del activo, como es en este caso, y la actualización de los haberes conforme estos criterios que estableció la Corte y otros fallos del fuero de la Seguridad Social, constituyen reivindicaciones absolutamente justas que hacen sin duda a una política pública que debe impulsar la sustentabilidad económica, financiera y social del régimen previsional, entendido este como un bien público y como una política de Estado. También está claro que hoy podemos discutir este 82 por ciento y este proyecto con ajuste y movilidad asentada en estos fallos que han sido pilares, refrendados por la Corte, en virtud de que el Estado ha recuperado el manejo de la caja previsional a partir del proceso de estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Cuando uno escucha algunos discursos –y en esto no voy a apelar a chicanas ni voy a historiar la cuestión con algún sentido parcializado o sesgado, porque está lejos de mi ánimo–, no sabe bien si se está tomando esto como algo positivo o negativo. En realidad, se habla de haber expropiado los haberes, pero por otro lado no estaríamos hablando de esto si el Estado no hubiese avanzado en la estatización de los fondos de capitalización. Así mismo, tampoco podríamos haber avanzado en la cobertura de esos 2.500.000 ciudadanos que fueron receptados dentro del concepto de solidaridad social del sistema de reparto. En realidad, cuando en 1991 se deja el concepto de Instituto Nacional de Previsión, el sistema pasa a ser de Administración Nacional de la Seguridad Social y los aportes al sistema jubilatorio ingresan a este sistema de seguridad social en un conjunto, en un portafolio, conformado por el impuesto al trabajo, es decir, aportes y contribuciones –aportes de los trabajadores y contribuciones de las patronales, de los empleadores-, y por afectaciones específicas de los impuestos nacionales, directos o por coparticipación.
En consecuencia, el concepto de autofinanciación compensatoria, que estaba basada en la solidaridad de los trabajadores activos con los pasivos, se va diluyendo. A su vez, también se disipa aquella idea de que los fondos previsionales son exclusivamente de los trabajadores aportantes, es decir, aquello de que era la plata de los jubilados. Y digo que se va diluyendo, porque en realidad cuando uno mira el proyecto de presupuesto del año próximo, está claro que la recaudación pura que se prevé para la ANSeS, por contribuciones y aportes previsionales, asciende a los 104.518 millones de pesos, con un déficit primario previsto en el orden de los 63.803 millones, que se cubren con impuestos directos, indirectos y con aportes del Tesoro. Esto es que sólo poco más del 55 por ciento del sistema se financia con impuestos al trabajo, esto es aportes y contribuciones; y cada vez es más significativo el peso de los recursos tributarios. El año pasado, algún amigo senador reflexionaba –y se lo escuchaba con mucha atención–, acerca de que había un nuevo jugador, un nuevo participante en el esquema de coparticipación de Nación y provincias. Decía que, en la Argentina, hay un nuevo jugador, que hay que percibirlo; que no es de ahora sino de hace años. Así, se refería al sistema de la Seguridad Social, al sistema previsional argentino, que algunos definían, en aquel momento, como la provincia veinticinco. Y, en realidad, mirando los números, ¡otra que provincia veinticinco!; mucho más que provincia veinticinco. Entonces, todo esto va revelando lo complejo que es el tema previsional, que es multidimensional; integrado por una serie de factores. En realidad, poco tiene que ver que uno haga prevalecer la cuestión economicista, sino que tiene que ver con conceptos que se deben tomar para poder atrapar el sistema previsional, como ser la cuestión demográfica, la calidad, la organización del sistema público de salud, la distribución del trabajo según el sexo, la rentabilidad de los fondos previsionales, la accidentología y esto que tan raramente el miembro informante de la mayoría decía como la matemática actuarial, que permite hacer proyecciones y definir masa de acumulación, renta financiera e ingresos al sistema, a los fines de la determinación de los modelos de equilibrio y sustentabilidad. Ahora bien, existe una premisa básica: sin trabajo futuro será muy difícil −por no decir imposible− garantizar jubilaciones del presente. Por supuesto, es absolutamente válida la movilidad jubilatoria plena; yo la reivindico. Creo que, entendida en el sentido de que los jubilados deben percibir el equivalente de la renta del trabajo que cobra un trabajador activo, es un objetivo de justicia social y de equidad distributiva con el que, seguramente, todos estaremos de acuerdo. Pienso que eso está fuera de debate. La pregunta es cómo lograrlo.
(Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.)
Sr. Guinle. Inicialmente, iremos por la negativa. Está claro que las fuerzas del mercado no lo lograrán. Las fuerzas del mercado, en esta última crisis financiera, en el Occidente desarrollado, perdieron aproximadamente el 40 por ciento de los fondos previsionales. En realidad, no sólo porque operan sobre transacciones activas de la producción, sino porque, en realidad, el mercado está muy lejos de entender el concepto solidario de un salario diferido, que implica garantir recursos a futuro, es decir, una visión de largo plazo, una visión de la economía casi sociológica. Justamente, los actores del mercado no están en condiciones de ofrecer eso. Entonces, ¿qué es necesario? Una planificación global y sustentable, con acuerdos políticos y sociales que aglutinen a los factores de la producción, tales como los empresarios, trabajadores, etcétera. De allí la importancia de una política pública que impulse una suerte de pacto de sustentabilidad global, más allá de los discursos viscerales de uno y otro lado. Me refiero a la sustentabilidad económica, financiera y social de un régimen previsional que debe ser entendido como bien público y como una política de Estado.
Evidentemente, aparecen las contradicciones; y no me referiré a las contradicciones en los artículos del proyecto vinculados con el financiamiento o la sustentabilidad, sino a la de los discursos. En ese sentido, se me fijó un concepto expresado con mucha claridad por el diputado Macaluse. Él manifestó que no pueden haber, por un lado, restricciones presupuestarias exigidas al gobierno −planteando, por ejemplo, retenciones cero−, y por el otro, exigencias sociales que plantean que los jubilados deberían ganar más. Y yo agrego: ¿es lógico plantear que las provincias puedan detraer el 15 por ciento de fondos coparticipables, para aportarlos al sistema de Seguridad Social argentino, cuando se está discutiendo un proyecto por el que se impulsa la actualización de las jubilaciones en un 82 por ciento, y con movilidad? Creo que no lo es; se trata de conceptos absolutamente contradictorios. No se le puede sacar al sistema, en medio de una discusión por recursos, que deben mantenerse y asegurarse para prever las contingencias y la sustentabilidad para el futuro. Al respecto, y sin ningún tipo de dudas, deben asegurarse los recursos que hoy existen. No puede pensarse en detraer absolutamente ninguno de los recursos que maneja la ANSeS, cuando se trata de proyectos de estas características. En este sentido, tal como lo planteaba un grupo de diputados –aunque a mi juicio es una medida insuficiente−, creo que debería avanzarse con el incremento de las contribuciones patronales. Considero que hay que hacerlo, que hay que apuntar a iniciativas que le den mayor sustentabilidad al sistema en el corto, mediano y largo plazo. Leo algunas versiones taquigráficas de discursos de conspicuas diputadas que, en realidad, decían que el sistema en estas condiciones es inviable –coincido con ellas; pero en realidad ya era inviable– y que lo que habría que hacer es aguantar un año. Ahora bien, yo me pregunto, cómo es esto de aguantar un año. El sistema debe ser viable siempre. Hay que asegurarle fondos para darle sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Pero para eso hay que hacer los acuerdos políticos y sociales absolutamente necesarios para garantizar dicha sustentabilidad. Así, hay que avanzar en la suba de las contribuciones patronales. Y creo que lo marcaban de manera insuficiente, porque para atender el concepto de sustentabilidad y definir el concepto de movilidad en realidad hay que avanzar sobre aquellos jubilados que cumplieron con los aportes y con los que no cumplieron con ellos. Es necesario avanzar en un proceso de blanqueo y de remuneraciones plenamente contributivas, tal como bien lo marcaba el señor senador Artaza. En ese sentido, hay que contar con el compromiso de las organizaciones sindicales, en el sentido de avanzar en dichas iniciativas, así como con el de los propios estados para nutrir de fondos a las cajas de jubilaciones. Por otra parte, ¿por qué no pensar en un impuesto a los beneficios extraordinarios de aquellas empresas que se manejan en mercados concentrados; y que alguna vez ya fueron aplicados? En realidad, con relación a los recursos creo que el proyecto se queda absolutamente corto. Sinceramente, me parece que cumple de manera aparente con la exigencia de dotar de mayores fuentes de financiamiento para atender los mayores gastos presupuestarios previstos. Solamente se limita a mencionar los recursos de la ANSeS para cumplir con los gastos a los que está obligado. En el mismo sentido, creo que es un equívoco limitar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al establecer que su valor acumulado no puede ser superior al importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la ANSeS en el presupuesto.
Me pregunto el por qué de esta limitación. ¿Por qué la limitación a lo que debe ser una acumulación y una posibilidad de mayor renta? ¿Por qué se va a utilizar un recurso de capital cuando en realidad lo que se debe prever es la utilización del flujo? De lo contrario, esto también será poco sustentable en el tiempo. Además, tampoco puede preverse una pérdida de valor de estos recursos en caso de liquidarse de manera intempestiva y con repercusiones negativas en el conjunto de la economía. Al contrario, como bien decían algunos senadores, debe delimitarse lo que es flujo y lo que es stock, a los efectos de que no se mezcle la característica del recurso. En consecuencia, debería capitalizarse el propio sistema de Seguridad Social con la renta que produce y, a su vez, debe fortalecerse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque reinstala el concepto de solidaridad intergeneracional. De ahí que debe constituirse de una manera más fuerte que la actual. Algunos legisladores han planteado –y creo que han puesto algunas cosas sobre el tapete en proyectos que no fueron tratados–, como es el caso del senador Verna, volver a comprometer como asignación específica el 15 por ciento de fondos coparticipables que no deben detraer las provincias. Mediante la iniciativa del senador Verna dicho porcentaje tenía como asignación específica la atención del 82 por ciento móvil. Creo que este es uno de los temas que no se debe soslayar, porque no se puede detraer ningún tipo de recursos de este sistema, debido a su naturaleza. Voy a acompañar en la votación en general este proyecto, porque en realidad uno no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. Estoy convencido de que, pese a las falencias que he marcado –y que creo que pueden constituirse a mediano y a largo plazo en una trampa difícil o en una estafa–, la iniciativa debe ser acompañada. Pero debe ser mejorada, modificada y atendida, porque para no ser declarativo, un derecho social debe ser sustentable. Y para hacerlo sustentable, hay que asegurarle el financiamiento a corto, a mediano y a largo plazo; de lo contrario, los derechos sociales se tornan declamativos. Y todos los derechos sociales tienen una base material para su ejercicio. Dicha base material para el ejercicio de esos derechos, seguramente la constituye la necesidad de proveer más y mejores recursos al sistema de la Seguridad Social de los argentinos. Señor presidente: más allá de mis observaciones a los artículos 11 y 12, voy a acompañar en general este proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados.
(…)
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: desde nuestro sector vamos a apoyar firmemente la sanción de este proyecto de ley, desde el más profundo convencimiento de que tiene que terminar en nuestro país la enorme injusticia de que exista una ANSeS rica y jubilados en la miseria.
Uno de los pilares de nuestra sociedad debe ser la solidaridad: el Estado debe tener siempre una mirada hacia quienes menos tienen y en este caso hacia aquellos que tienen un alto grado de vulnerabilidad laboral. Las personas de la tercera edad, los ancianos y los jubilados, son quienes están en peores condiciones para trabajar y generar nuevos ingresos que les permitan llevar una vida digna. La solidaridad para con ellos se basa en esa vulnerabilidad y no admite demoras. Hablamos también de la necesidad de asegurar una movilidad real, no de continuar con el actual esquema de aumentos a cuentagotas, aumentos nominales y no reales que transforman a los jubilados en nuevos pobres. Sabemos que se pueden reducir o modificar algunos gastos o rubros del presupuesto nacional, muchos de los cuales son innecesarios, pero no se pueden achicar o reducir los ingresos de los jubilados que no cuentan con otras posibilidades para procurarse nuevos ingresos. La jubilación es el pago por haber dedicado buena parte de la vida a trabajar o a producir. Por eso no es un gasto, sino un derecho que debe abonarse con movilidad real. Y si no existe movilidad ello significa no sólo una falta de reconocimiento a los jubilados, sino por sobre todas las cosas una falta de respeto que implica desconocer los valores del esfuerzo y de la dedicación de tantos años para entregarle a cambio sólo migajas. Consideramos que el Estado debe preservar los valores. No queremos una sociedad sin valores. El primer paso para lograr una jubilación del 82 por ciento con movilidad real es tener una ley como la que hoy vamos a votar, que haga activo y operativo dicho principio. Quiero remarcar también otro concepto que juega a favor de sancionar ya mismo este proyecto de ley, cual es que los dictámenes judiciales reconocen que se han negado derechos de manera arbitraria. Los juzgados de la seguridad social de todo el país están abarrotados con más de 400 mil juicios por reajustes jubilatorios contra la ANSeS. Si bien el presupuesto estima que en el año 2011 podrían cancelarse unas 30 mil sentencias, todos los años ingresan unos 100 mil casos nuevos, que se agregan a los 400 mil en trámite. Esto implica una deuda que a valores actuales ronda entre 30 y 40 mil millones de pesos. En el presupuesto de este año se prevé destinar 2.800 millones al pago de juicios. Nos preguntamos: ¿no se estará promoviendo una industria del juicio? ¿Qué pasa con el dinero que se paga a los abogados? ¿Nadie pensó cuál es el costo de tener una justicia desbordada? Por ello, es hora de que ningún jubilado tenga que reclamar por sus derechos. Es hora de que tengan una jubilación digna porque se la han ganado a lo largo de su vida activa.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
Sra. Di Perna. – Cuando hablamos del fondo de garantía de sustentabilidad de ANSeS sabemos que tiene 150 mil millones que el gobierno utiliza a discreción y que se destinan a los llamados proyectos productivos que, en realidad, lo que hacen es premiar a gobernadores aliados. Por ello, asignando el 82 por ciento móvil a las jubilaciones el Estado nacional no se desfinancia, pero va a perder poder de discrecionalidad para premiar a los amigos. Por otro lado, gran parte de los recursos que existen provienen de una estrategia sistemática de subestimación presupuestaria por parte del kirchnerismo. Así se ha conseguido que el presupuesto pierda toda relevancia como herramienta de política económica y se haya transformado en una ficción. En última instancia se trata de otra institución que ha sido degradada por este gobierno. Al considerar todas la subestimaciones que tiene el presupuesto de 2011 se observa que el gobierno nacional tiene nada menos que un margen de 117 mil millones para gastar discrecionalmente: 35 mil millones por subestimación de los ingresos, 42 mil millones por subestimación de fuentes de financiamiento, 40 mil millones por el margen que brindan las mayores fuentes de financiamiento en términos de reducción del superávit primario. Con este margen de discrecionalidad que tiene el presupuesto ¿tiene que ser la ANSeS con el dinero de los jubilados la que financie la Asignación Universal por Hijo? Señor presidente: ¿cuál es el único argumento del gobierno para oponerse a este proyecto? Que no hay financiamiento. En caso de implementarse el proyecto se produciría la quiebra de ANSeS. Este argumento es totalmente falaz. Vayamos a los números verdaderos. El costo total es aproximadamente de 35 mil millones de pesos: 20 mil millones por el 82 por ciento y 15 mil millones por la actualización de haberes no mínimos. En el año 2011 el gasto público total del gobierno nacional será nada menos que de 450 mil millones de pesos, cien mil millones más que en 2010. El proyecto afecta menos del 10 por ciento del gasto público de 2011. Es decir, el gasto crecerá más de cien mil millones y sólo se necesitan 35 mil millones para pagarle a los jubilados lo que les corresponde.
Sr. Presidente. – Senadora Di Perna: la senadora Osuna le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Di Perna. – Termino, así no pierdo la ilación. Como queda claro, los recursos están; lo único que se requiere es establecer prioridades en el gasto. En el año 2011 también el gobierno gastará en un esquema de subsidios a la energía y transporte, tal como se dijo aquí, que resulta profundamente regresivo en términos sociales, 60 mil millones de pesos. ¿Cuánto es el costo del proyecto? 35 mil millones. Si ponemos el foco en los recursos de la ANSeS, también el proyecto es absolutamente financiable. En 2011 la ANSeS tiene un superávit estimado de 12 mil millones de pesos. Este excedente debería ser aplicado al financiamiento del proyecto. Actualmente, los recursos para financiar el Programa de Asignación Universal por Hijos, 12 mil millones más, surgen de la ANSeS, cuando debería financiarse de Rentas Generales o ser incluido en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Así se liberarían 12 mil millones más para este proyecto. Adicionalmente, luego de la estatización de las AFJP, la ANSeS se hizo cargo de todos los títulos que estaban en manos de las AFJP, que pasaron a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS. Para 2011 se estima que este fondo tendrá rentas por 15 mil millones de pesos, que perfectamente podrían aplicarse a financiar este proyecto. Señor presidente: tomando únicamente estos tres componentes –superávit estimado de ANSeS, pasando el Programa de Asignación Universal por Hijo a Desarrollo Social y las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- se suman 39 mil millones de pesos, con lo cual se observa claramente que la ANSeS tendría financiamiento asegurado para 2011, incluso quedaría un excedente de 4 mil millones de pesos. Para terminar, señor presidente, la Comisión de Trabajo del Senado realizó audiencias en distintas provincias donde se paga el 82 por ciento móvil a jubilados provinciales. Una de estas provincias fue Chubut. En nuestra provincia el promedio general del beneficio jubilatorio a julio de 2010 es de 4.452 pesos, y sólo el 6 por ciento del total de los jubilados provinciales se encuentra en el rango de la jubilación mínima, que en Chubut es de 1708 pesos, lo que equivale al 82 por ciento del salario mínimo. Esta tarea se inició en el año 2003 con la decisión política de reconocer la deuda que tenía el Estado provincial con la Caja de Jubilaciones. En primer lugar, los jubilados recuperaron el 13 por ciento que les habían retenido en años anteriores de crisis. Luego se conciliaron las deudas que el Estado tenía con la caja y se sancionó la ley provincial 5409 en noviembre de 2005, definiendo un régimen jubilatorio renovado, estableciendo un valor jubilatorio igual al promedio de los haberes percibidos durante los últimos diez años, y sobre esta determinación el pago del 82 por ciento con movilidad directa, o sea, que cada aumento en el sector activo se aplica a las jubilaciones.
Como podemos ver, llegar al 82 por ciento móvil es posible; requiere planificación, eficiencia y austeridad en el manejo de los fondos públicos y una inquebrantable voluntad política de reconocer a los jubilados el derecho adquirido a lo largo de toda su vida.
(…)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: a esta altura de la tarde y del debate algunas cosas han quedado claras. Aquí se ha hecho un análisis de cómo ha ido evolucionando el sistema previsional argentino desde el año 1957 o 1958 a la fecha, cómo se fue desfinanciando, cómo los activos no pueden con sus aportes pagar la jubilación a los pasivos, cómo para ello se fueron incorporando impuestos y parte de la coparticipación federal. Por parte del oficialismo se habló mucho de la falta de financiamiento o de la imposibilidad de pagar este 82 por ciento móvil. A ese argumento de la falta de financiamiento se lo adornó con algunos calificativos realmente hirientes: falta de seriedad, mentira, etcétera. Pareciera que los únicos preocupados por los jubilados fueran hoy, precisamente, quienes se oponen a una mejora salarial en un país donde las autoridades del gobierno se la pasan hablando del crecimiento y del desarrollo, y es en ese país, donde todos los índices son buenos todos los días, donde a los jubilados les decimos que no. En este cuadro de situación todos han coincidido en que nos debemos un debate más profundo para la reformulación de un sistema previsional pensado para una situación que ya no es tal. Pero lo cierto es que la posición que unos y otros adoptemos, a favor o en contra de este proyecto, marca una prioridad política; obviamente, que la marca, porque más allá de la coincidencia en la falencia del sistema y de la necesidad de una nueva discusión todos aquí coincidimos en la necesidad del mejoramiento de los salarios de los jubilados. Pero, curiosamente y a pesar de esa coincidencia, hay algunos que van a preferir las cuestiones numéricas, las cuestiones presupuestarias, a las necesidades de los hombres y mujeres de la tercera edad en la Argentina. Y esto marca claramente como primera conclusión una gran diferencia en cómo ve el problema el oficialismo y cómo lo vemos desde la oposición. Sobre la necesidad del ajuste de las jubilaciones ya se ha expedido la Corte Suprema de Justicia, se ha expedido la Cámara de Diputados, está por expedirse la Cámara de Senadores. Creo que el Ejecutivo no puede desconocer el pronunciamiento y la voluntad de los otros poderes del Estado. No dejo de reconocer que durante la gestión del presidente Kirchner se pudo haber mejorado la situación de los jubilados, seguramente que sí. También es cierto que las condiciones económicas en las que le tocó gobernar, luego de la devaluación, fueron distintas a las situaciones económicas que tuvieron que afrontar gobiernos anteriores.
Señor presidente: creo que se puede pagar el 82 por ciento móvil. Aquí se ha dicho que si los fondos de la ANSeS se destinaran pura y exclusivamente al pago de las jubilaciones y no al financiamiento de otras cuestiones, el 82 por ciento móvil sería perfectamente posible de pagar. Si a esto le sumamos una optimización del gasto y le hiciéramos caso a ese gran filósofo, Luis Barrionuevo, que hablando en primera persona y dirigiéndose a sus compañeros del gobierno, dijo alguna vez: si nos dejáramos de robar, alguna vez podremos solucionar los problemas de este país. Si todo esto se diera, se podrían tranquilamente pagar las jubilaciones. Además, considero que es necesaria la sanción de este proyecto de ley. Esta es una lucha equiparable. Algunos jubilados en mi provincia la equiparaban a otras luchas que se han dado en la Argentina con el voto, la igualdad de las mujeres, el propio matrimonio gay, que no hace mucho discutimos acá. Durante el debate de este proyecto de ley, a lo largo y a lo ancho del país, algunos jubilados nos hablaron sobre las desventajas que ellos tienen para reclamar, pero dejaron en claro la madurez y responsabilidad para llevar adelante el reclamo. Me voy a permitir aquí leer lo que dijo un jubilado en mi provincia: A los que estamos al frente de los centros de jubilados a veces se nos hizo muy difícil contener, como se dice, a las bases, porque les puedo asegurar que a pesar de los achaques y todo lo demás, como está de moda cortar rutas, tomar plantas, romperle la cabeza a algún trabajador, no permitirle el acceso a los yacimientos, no permitir el acceso a empresas, y tantas cosas más…, y usted ve que cuando esto sucede, a los tres o cuatro días consiguen absolutamente todo. Entonces, pareciera que a algunos les interesa el Estado de derecho de esa manera. Nosotros no queremos de ese Estado de derecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando prácticamente a los jubilados nos exigían que vayamos a tomar la planta, a cortar las rutas y todo lo demás, dijimos no, nosotros tenemos que dar el ejemplo, somos personas grandes. Tenemos que enseñarle a la juventud cómo se debe reclamar, cómo se debe respetar y cómo hay que cuidar un Estado de derecho. De última, estamos pidiendo que se cumpla con nuestra Carta Magna. Ustedes, fíjense, cuando uno escucha, yo les puedo asegurar que hasta tuve problemas, porque me negué a hacer eso. ¿Por qué? Porque quiero vivir en un Estado de derecho. Señor presidente, pese a las necesidades y las desventajas que tienen a veces para imponer planes de lucha, fíjese con qué responsabilidad y con qué madurez nos hablaba de cómo hay que encarar los reclamos. Lástima que el señor Moyano no estuvo presente, pero este un buen ejemplo para que sindicalistas como él lo imiten.
En este contexto, la necesidad de abonar el 82 por ciento móvil no constituye un problema de recursos sino un problema de decisión. Termino este análisis contextualizando en qué situación está el país discutiendo el 82 por ciento móvil. A esto le quiero agregar un análisis sobre el escenario político que hoy vivimos en la Argentina. No es precisamente el ejemplo de quienes nos gobiernan un ejemplo de honradez, austeridad, que realmente los habilite para pedir a los jubilados un nuevo esfuerzo. Quiero leer textualmente cómo se han descripto situaciones políticas como la actual en la Argentina, en cuadros similares. Alguien dijo: No hay República, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa. El presidente de la República ha dado el ejemplo, viviendo en la holgura, haciendo la vida de los sátrapas con un menosprecio inaudito por el pueblo y con una falta de dignidad que cada día se ha hecho más irritante. Ni en Europa ni en América podrá encontrarse en estos tiempos un gobierno que se le parezca; la codicia ha sido su inspiración, la corrupción ha sido su medio. Ha extraviado la conciencia de muchos hombres con las ganancias fáciles e ilícitas, ha envilecido la administración del Estado obligando a los funcionarios públicos a complacencias indebidas y ha pervertido las costumbres públicas y privadas prodigando favores que representan millones. Su participación en los negocios administrativos es notoria, pública y confesada. Puede decirse que él ha vivido de los bienes del Estado y que se ha servido del erario público para constituirse un patrimonio propio. Su clientela le ha imitado; sujetos sin profesión, sin capital, sin industria, han esquilmado los bancos del Estado, se han apoderado de las tierras públicas, han negociado concesiones y se han hecho pagar su influencia con cuantiosos dineros. Hasta ahora habían logrado constituir un Congreso unánime sin discrepancia de opiniones, en el que únicamente se discute el modo de caracterizar mejor la adhesión personal, la sumisión y la obediencia pasiva. El régimen federativo ha sido escarnecido; los gobernadores de provincia, salvo rara excepción, son sus lugartenientes; se eligen, mandan, administran y se suceden según su antojo: rendidos a su capricho. Terminaba esta nota diciendo: Esta breve reseña de los agravios que el pueblo de la Nación ha sufrido está muy lejos de ser completa. Para dar idea exacta sería necesario formular una acusación circunstanciada y prolija de los delitos públicos y privados que se han cometido contra las instituciones, contra el bienestar y el honor de los argentinos. El pueblo lo hará algún día y requerirá su castigo para que no se pueda gobernar una República sin responsabilidad y sin honor. En este cuadro, señor presidente, cuando se ha pagado una deuda pública eterna, cuya legitimidad no se ha examinado; cuando se ha pagado deuda a los bancos con la plata del pueblo, es muy difícil decirle a los jubilados que no vamos a votar el 82 por ciento móvil. El senador Pichetto con legítimo orgullo dijo que las universidades argentinas eran gratuitas. Eran gratuitas porque quienes hoy nos están pidiendo el 82 por ciento móvil, trabajadores, asalariados, pequeños comerciantes, pequeños productores, con su trabajo contribuyeron a que nosotros pudiéramos estudiar. Yo soy un hombre agradecido. No puedo menos hoy, con mi voto, que devolver a esos jubilados parte de lo que ellos me dieron. No quiero terminar sin decir quiénes fueron los que escribieron esto que acabo de reseñar sobre el cuadro político de la Argentina. Fueron nada más y nada menos que Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Mariano Goyena, Juan José Romero y Lucio V. López, el 26 de julio de 1890, en la manifestación de la Revolución del Parque, cuando nacía nuestro partido. Aquella vez, como en esta ocasión, los hombres de la Unión Cívica Radical estamos en el lado correcto.
