82%: Por un mejor futuro

Por editora / 14 de October de 2010
En la madrugada de hoy tras una larga Sesión y una muy ajustada votación, se aprobó la recomposición del 82% Móvil para los jubilados.
Transcribimos aquí el discurso de la Senadora Estenssoro:
“Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: ayer recibimos aquí, en el Senado, con los integrantes del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la Cámara de Diputados, a un grupo muy amplio de representantes de asociaciones de jubilados, quienes recolectaron en los últimos dos meses 100 mil firmas reclamando que este Senado apruebe el proyecto de ley que hoy estamos considerando y que ya cuenta con sanción de la Cámara baja. Las cajas con las 100 mil firmas se las entregamos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que quede así documentado este reclamo unánime de todo el país efectuado por los jubilados a fin de que se aumente la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil: para que se cumpla con la recomposición de los haberes jubilatorios que fueron indebidamente congelados y licuados durante los años 2002 a 2007; y para que se los recomponga como estableció la Corte Suprema de Justicia. Hoy en la Argentina tenemos cuatro millones de jubilados que perciben el haber mínimo: o sea, 1.046 pesos. Esto, de acuerdo con el INDEC o investigadores independientes está encima o sobre la línea de la pobreza. Sin embargo, esos cuatro millones de jubilados, que son el 70 por ciento de los jubilados de nuestro país, viven una situación de gran vulnerabilidad económica y social de gran exclusión. Por su lado, el 30 por ciento restante no llega con sus haberes jubilatorios en muchísimos casos a recibir el 35 o el 40 por ciento de lo que percibían en actividad. Por eso hay 400.000 jubilados que se han visto obligados a presentar reclamos judiciales contra la ANSeS por haberes que han sido liquidados inadecuadamente. Hace exactamente un mes –el 14 de septiembre– la Comisión de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo una audiencia pública en Rosario, la cual tuvo una convocatoria impresionante. Fue muy bien organizada por el presidente de la comisión, el senador Alfredo Martínez, y por el senador Giustiniani, quien ha presentado uno de los proyectos relativos al 82 por ciento móvil, y también por el personal técnico de la comisión.
Una de las cosas que me llamó la atención –la audiencia pública duró unas cinco o seis horas– fue que muchísimos de los que hablaron dijeron que eran justicialistas, que eran peronistas, pero que no estaban de acuerdo con la política previsional de este gobierno. Uno dijo claramente: “No queremos poner palos en la rueda a nadie; queremos que se respeten nuestros derechos.” Otro manifestó: “Vivimos en una injusticia tremenda. Con 1.000 pesos pagamos el alquiler: ¿me quieren decir con qué pagamos el resto: los remedios, la comida?”
Una señora dijo: “El que no tiene una familia que lo ayude, no come: se muere de hambre o de angustia.” A mí me llamó la atención un señor de 88 años que estaba en la audiencia pública y se llamaba Tomás, quien había sido contador de Ferrocarriles Argentinos, que dijo que su jubilación representaba hoy el 32 por ciento de lo que debería cobrar. Y se preguntaba lo siguiente: “¿A dónde va la diferencia de nuestra jubilación?” Al final una mujer –realmente fue muy conmovedora, porque estaba indignada y a la vez también desesperada– manifestó: “Estoy casi ciega; no tengo para comer. Mi marido tenía una empresa con diez obreros que pagaba todo en blanco, pero hoy no pudo venir porque cuando fue a cobrar su jubilación vio que todavía cobraba 895 pesos y le agarró un ataque de epilepsia.
A mí se me están paralizando las piernas. No me quiero morir así”, dijo, y empezó a revolear la muleta con mucho enojo pero también con mucha desesperación. Estos testimonios figuran en la versión taquigráfica de la reunión de comisión y a mí me pareció importante compartir lo que se dijo con ustedes para que comprendamos que estamos hablando de personas, de seres humanos, y no de números. Muchos dirán que esto pasó siempre en la Argentina: que los jubilados necesitan de algún familiar que los ayude; que la plata de las cajas de jubilaciones desaparecieron. Es lo de siempre. Lo que pasa es que desde hace seis años la Argentina, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, está viviendo una situación excepcional: estamos creciendo no a tasas chinas sino a tasas latinoamericanas porque Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, tienen economías que han estado creciendo al 6, 7, 8, 9 y 10 por ciento anual. Es una situación excepcional que se debe a los precios de las materias primas y de los alimentos a nivel internacional. En este contexto, no se puede comprender que el 70 por ciento de los jubilados de la Argentina viva debajo de la línea de pobreza y que el otro 30 por ciento se vea discriminado por un Estado que, en lugar de protegerlo –como dice el artículo 14 bis de la Constitución–, le niega la proporcionalidad de su jubilación y la movilidad que le corresponde. Como decía, venimos creciendo desde hace muchos años a tasas latinoamericanas y por eso tenemos a una ANSeS rica, superavitaria; pero, a la vez, jubilados pobres.
Mientras tanto, la ANSeS le presta plata al Tesoro nacional, a las empresas públicas e, incluso, a los bancos privados a efectos de que den créditos al consumo para la compra de plasmas y para otro tipo de cosas. Yo me pregunto cómo se justifica esta contradicción. ¿Por qué disponiendo de recursos la ANSeS mantiene a los jubilados con jubilaciones deprimidas, por debajo de lo que podría pagar? Este es el corazón del debate que estamos teniendo en esta sesión. El gobierno dice que es el que más ha hecho por los jubilados; pero cuando analizamos la evolución de los haberes previsionales en términos reales –no nominales– y corregidos por inflación –porque ha habido inflación– veremos lo siguiente: si aplicamos el índice de aumento de precios nivel mayorista del INDEC, vamos a ver que hoy la jubilación media en nuestro país es un 8 por ciento inferior a lo que era en el año 2000. O sea que ha habido una reducción de la jubilación media del 8 por ciento. Si tomamos las jubilaciones que en el año 2000 eran superiores a 1.000 pesos observaremos que hoy han perdido el 40 por ciento de su valor. Es verdad que la jubilación mínima aumentó un 600 por ciento en términos nominales; pero en términos reales ello significa un 70 por ciento porque la inflación según el índice mayorista ha sido del 310 por ciento en el mismo período.

Otra cosa que es real es que hace una década solamente el 30 por ciento de los jubilados cobraba la jubilación mínima y ahora es el 70 por ciento: o sea que se les ha sacado de a unos para darles a otros. Esto parece muy bien en términos de justicia redistributiva; pero la Corte Suprema de Justicia ha establecido en sus fallos que esto viola la doctrina justamente del sistema de reparto. El sistema de reparto se basa en una movilidad igual para todos, así en la proporcionalidad de los haberes en relación a los aportes realizados y al salario que tenía el trabajador durante su vida activa. Tarde o temprano la ANSeS va a tener que pagar esta deuda previsional que se está acumulando. De hecho, este es uno de los problemas muy importantes que esta sanción de la Cámara de Diputados viene a resolver hoy, cuando los recursos están disponibles, antes de que el problema se agrave y de que la ANSeS destine esta plata para otras cosas. En la Coalición Cívica nosotros creemos que realmente tenemos que atender estos problemas: debemos aumentar la jubilación mínima para sacar a estos 4 millones de jubilados que viven bajo la línea de pobreza y también cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia para evitar este pasivo contingente que se viene acumulando.

Ahora viene la pregunta que todos hacen: ¿de dónde se va a financiar? Y le respondo al senador Viana que ahora no está, pero el artículo 11 dice claramente de dónde se va a financiar: de los propios recursos que tiene la ANSeS. De hecho, si analizamos el presupuesto 2011 que ha enviado el gobierno nacional, se estima que para el año que viene la ANSeS va a tener un superávit de 21 mil millones de pesos. Si se aumentan los haberes, como dice este proyecto, el mínimo se recompone. Entonces, por recuperación de IVA la ANSeS va a tener unos 4 mil millones de pesos adicionales: serían 25 mil millones. Además, ya sabemos que siempre el gobierno ha subestimado el presupuesto nacional: este año la subestimación ha sido de 47 mil millones de pesos. Esto ya no es que lo decimos los integrantes de la oposición: lo han admitido los propios funcionarios del gobierno. Bueno: ¡lo mismo va a pasar con el Presupuesto 2011!

Así que esos otros 5 mil millones de pesos que necesitan están en el presupuesto del año que viene. O sea que este proyecto, que es integral y que viene a reparar un montón de problemas y desviaciones en el sistema previsional, lo puede financiar la ANSeS claramente con sus propios recursos. Lo que sí va a cambiar, si aprobamos este proyecto, es que la ANSeS ya no va a poder seguir financiando al Tesoro Nacional, a las empresas públicas o a las empresas privadas. Por ejemplo, desde 2008 la ANSeS le prestó al Tesoro Nacional 37 mil millones de pesos y a las empresas públicas 11 mil millones de pesos: 48 mil millones de pesos; ¡y nadie ha dicho que eso no es sustentable, que no es responsable! O sea que ese tipo de cosas no va a poder seguir. La mayor garantía de que este proyecto es sustentable, además de los datos del propio presupuesto nacional, es que al menos los integrantes de la Coalición Cívica –y estoy segura de que los miembros de los otros bloques de la oposición– todos tenemos la voluntad, la vocación de ser gobierno a partir de diciembre de 2011. En tal sentido, la mayoría de los analistas políticos dice que es muy probable que haya un cambio de signo de gobierno en la Argentina. Entonces, sería totalmente irrazonable que nosotros promovamos un proyecto de ley que dentro de uno o dos años no vamos a poder cumplir. Sería un bumerang que nos vendría en contra.

De modo que este proyecto es financiable. Es parte de nuestra plataforma en la Coalición Cívica. Estaba en nuestra agenda legislativa para el período 2009/2011 .También estaba el proyecto del ingreso ciudadano a la niñez, que cuando hace ocho años Elisa Carrió y Elisa Carca manifestaban que por ley teníamos que establecer un derecho y una dignidad básicos para todos los niños de la Argentina, decían que no era sustentable, que era inviable: que no se podía financiar. Después de ocho años muchos bloques de la oposición comprendieron que era importante para sacar a grandes sectores de la sociedad de la pobreza.

Finalmente hace un año, cuando estábamos por aprobarlo, la presidenta Cristina Kirchner se adelantó con un decreto. ¡Se terminaron los reparos de que no se podía financiar! Estamos convencidos de que lo mismo va a ocurrir con este proyecto de ley. Que si lo aprobamos, nos vamos a dar cuenta que va a ser un paso muy significativo en cuanto a justicia social, justicia redistributiva y calidad de políticas públicas en la Argentina, y que millones de personas van a empezar a salir de la pobreza y de la indignidad.

Finalmente, quiero decir que para nosotros este es un punto de partida; que en realidad el sistema de reparto, como vemos en los debates que hay ahora en Europa, está en crisis. Lo que nosotros proponemos -y eso también está en nuestra plataforma- es un modelo de tres pilares, como propone la OIT: un ingreso universal a todos los adultos mayores de 65 años; un subsidio, como el de la niñez, pero para todos los argentinos que cumplan 65 años; después, el sistema de reparto para que los que trabajen hagan sus aportes; y luego, para quienes quieran hacer un ahorro adicional voluntario, que se pueda tomar un seguro de retiro de la banca estatal o privada.

Ese sería el modelo al cual la Argentina tiene que ir. Estamos en un contexto económico para que empecemos a dar estos pasos importantes hacia una Argentina mucho más justa y mucho más previsible.”
Como votaron los Senadores:
Por el Sí (35)

Peronismo Disidente (7): Roberto Basualdo (San Juan), Sonia Escudero (Salta), Hilda Chiche Duhalde (Buenos Aires), Liliana Negre de Alonso (San Luis), Carlos Reutemann (Santa Fe), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Juan Carlos Romero (Salta).

UCR (15): José Manuel Cano (Tucumán), Mario Cimadevilla (Chubut), Blanca Monllau (Catamarca), Laura Montero (Mendoza), Ramón Mestre (Córdoba), Luis Naidenoff (Formosa), Roy Nikisch (Chaco), Arturo Vera (Entre Ríos), Pablo Verani (Río Negro), Emilio Rached (Santiago del Estero), Juan Carlos Marino (La Pampa), Eugenio “Nito” Artaza (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz) y Ernesto Sanz (Mendoza).

FpV (1): Marcelo Guinle (Chubut).

Otros bloques (12): Rubén Giustiniani (Santa Fe), Samuel Cabanchik (Capital Federal), María Eugenia Estenssoro (Capital Federal), Luis Juez (Córdoba), Norma Morandini (Córdoba), Juan Agustín Pérez Alsina (Salta), Graciela Di Perna (Chubut), Josefina Meabe (Corrientes), Adriana Bortolozzi (Formosa), María José Bongiorno (Río Negro), Carlos Verna y María de los Ángeles Higonet (La Pampa). Estos tres últimos votan en general, pero en particular pedirían cambios.

Por el No (35)

FpV (30): Jorge Banicevich (Santa Cruz), Fabio Biancalani (Chaco) , Eric Calcagno (Buenos Aires), Elena Corregido (Chaco), Liliana Fellner (Jujuy), Nicolás Fernández (Santa Cruz), Daniel Filmus (Capital Federal), Marcelo Fuentes (Neuquén), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Ada Maza (La Rioja), Blanca Osuna (Entre Ríos), Nancy Parrilli (Neuquén), Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), Beatriz Rojkes de Alperovich (Tucumán), Eduardo Torres, Élida Vigo (Misiones), Rolando Bermejo (Mendoza), Mario Colazo (Tierra del Fuego), Sergio Mansilla (Tucumán), Daniel Pérsico (San Luis), Teresita Quintela (La Rioja), Guillermo Jenefes (Jujuy), Marina Riofrío (San Juan), Ada Rosa Iturrez de Capellini (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca), José Mayans (Formosa), José Pampuro (Buenos Aires), Ana Corradi de Beltrán (Santiago del Estero), Luis Viana (FpV-Misiones) y César Gioja (San Juan).

Peronismo disidente (1): Roxana Latorre (Santa Fe).

Otros bloques (4): María Rosa Díaz (Tierra del Fuego), José Martínez (Tierra del Fuego), José María Roldán (Corrientes) y Horacio Lores (MPN-Neuquén).

Ausentes (2):

Oscar Castillo (Catamarca) y Carlos Menem (La Rioja)

Desempató el vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Julio César Cleto Cobos.