La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a exigirle un adicional de 4 puntos porcentuales a las empresas que tenían empleados en el sistema de reparto y fueron informados como de capitalización.
El reclamo se basa en la diferencia de la alícuota de aporte previsional, debido a que en el sistema de capitalización, cada empleado aportaba el 7%, mientras que en el sistema de reparto aportaba el 11%.
De acuerdo a lo señalado por los especialistas esto ocurrió a raíz de una ley anterior a la estatización de las AFJP que traspasó a todos los empleados mayores de 55 años al régimen público, no habiendo sido notificadas las empresas que debían cambiar la retención luego de haberse traspasado al Estado a los trabajadores cercanos a jubilarse y con pocos fondos en su cuenta en la AFJP.
A través de la ley 26.222 se había establecido que los afiliados a las AFJP que fueran mayores a 55 años, en caso de los hombres, y mayores a 50, en el de las mujeres, eran considerados afiliados al régimen público, en caso de que su cuenta de capitalización individual arrojase un saldo que no supere el importe equivalente a 250 Morpes, debiendo las AFJP haber transferido al Estado dentro de un plazo de 90 días contados desde fecha en la que el trabajador alcanzó la edad requerida, con la excepción de aquellos que hubieran manifestado expresamente su voluntad de permanecer en el régimen de Capitalización.
De acuerdo a los especialistas, la AFIP tenía la obligación de haber comunicado en su oportunidad el cambio de régimen del empleado en caso de que éste no hubiese expresado su voluntad en sentido contrario, señalando que no existe obligación de parte de los empleadores de controlar o verificar la cuenta de sus empleados.
El reclamo se basa en la diferencia de la alícuota de aporte previsional, debido a que en el sistema de capitalización, cada empleado aportaba el 7%, mientras que en el sistema de reparto aportaba el 11%.
De acuerdo a lo señalado por los especialistas esto ocurrió a raíz de una ley anterior a la estatización de las AFJP que traspasó a todos los empleados mayores de 55 años al régimen público, no habiendo sido notificadas las empresas que debían cambiar la retención luego de haberse traspasado al Estado a los trabajadores cercanos a jubilarse y con pocos fondos en su cuenta en la AFJP.
A través de la ley 26.222 se había establecido que los afiliados a las AFJP que fueran mayores a 55 años, en caso de los hombres, y mayores a 50, en el de las mujeres, eran considerados afiliados al régimen público, en caso de que su cuenta de capitalización individual arrojase un saldo que no supere el importe equivalente a 250 Morpes, debiendo las AFJP haber transferido al Estado dentro de un plazo de 90 días contados desde fecha en la que el trabajador alcanzó la edad requerida, con la excepción de aquellos que hubieran manifestado expresamente su voluntad de permanecer en el régimen de Capitalización.
De acuerdo a los especialistas, la AFIP tenía la obligación de haber comunicado en su oportunidad el cambio de régimen del empleado en caso de que éste no hubiese expresado su voluntad en sentido contrario, señalando que no existe obligación de parte de los empleadores de controlar o verificar la cuenta de sus empleados.
