Impugnación de proveedores. Ajuste en IVA. Efectos de la ley 26.860. Ajuste en Ganancias. Contradicción en el accionar de la AFIP. Ajuste en salidas no documentadas. Multa por defraudación fiscal.
La ley 26.860 no hace ninguna referencia a cuáles son los motivos que dieron lugar a la falta de ingreso oportuno de los tributos alcanzados, por efecto de la misma. Por manera que, al interpretarse sus alcances, no parece irrazonable concluir que su aplicación se extiende a todas aquellas situaciones fácticas y jurídicas derivadas de la mecánica de cada tributo en cuestión —lo que naturalmente involucra los créditos fiscales resultantes de operaciones alcanzadas por las respectivas gabelas—. Es que, la única distinción/exclusión que formula al respecto, se vincula con el universo contemplado en la ley 25.246 —Lavado de Activos de Origen Delictivo–— conforme se establece en los arts. 9º; 14 y 15, inciso d) de la ley 26.860.
Se advierte una irreductible contradicción entre la primigenia calificación efectuada por el Fisco Nacional, respecto de las operaciones realizadas con tres proveedores, en tanto las consideró veraces y con capacidad suficiente para ser computadas en la deducción en el Impuesto a las Ganancias —que luego las impugnó por no haber cumplido con los requisitos de la ley 25.345, lo que fue descalificado por el TFN en decisión a la postre consentida por el Fisco—, y la posterior calificación que le asignó a las operaciones realizadas con los nombrados proveedores —a las que calificó de apócrifas—, al tiempo de impugnar y determinar de oficio Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas. Tal circunstancia vicia de manera sustancial el fundamento de los actos impugnados, afectando la causa de estos, en tanto el antecedente de hecho en que se basa la impugnación —inexistencia de las operaciones con los proveedores—, contradice los hechos expresamente tenidos por ciertos por el organismo recaudador, que reconoció la veracidad y autenticidad de las mismas operaciones llevadas a cabo con los mismos proveedores.
La determinación de oficio efectuada en el Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas debe ser confirmada, pues la empresa contribuyente no logró rebatir los argumentos sostenidos por la AFIP y no aportó elementos suficientes para tener por acreditada la veracidad de las operaciones realizadas con el proveedor y su realidad económica e individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quien nominalmente aparece como receptor de los fondos.
El deber de abonar el tributo “salidas no documentadas” nace cuando existe una erogación respecto de la cual no puede establecerse de forma fehaciente y concreta quien es el real beneficiario. Esto no se ve enervado por el hecho de que se encuentre acreditado que se libraron cheques por el importe de las operaciones a favor del proveedor y que, algunos de ellos hubieran sido depositados en la cuenta bancaria del mismo, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la firma actora recibió por ellos, ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos.
Debe declararse desierto el recurso de apelación interpuesto contra la determinación de oficio efectuada por el fisco, que tuvo como base la impugnación de las DD.JJ. del I.V.A. presentadas para el período 10/2008-09/2010 fundada en la presentación de facturas apócrifas, pues no se advierte una sola manifestación, análisis y/o fundamentación acerca de la facturación impugnada por el organismo fiscal con relación a los proveedores, tras haber sido considerados apócrifos los documentos presentados sobre éstos. Tampoco se ha desarrollado argumentación alguna respecto de la determinación del Impuesto al Valor Agregado como consecuencia de ello.
La multa aplicada con sustento en los arts. 46 y 47, incisos b) y c) de la ley 11.683 debe ser confirmada, pues, al confirmarse las determinaciones del Impuesto a las Ganancias, no cabe duda que, el elemento objetivo de la infracción endilgada se encuentra configurado. Se advierte que el Fisco Nacional ha evaluado en forma concreta y acertada el accionar de la contribuyente, para concluir que obró con dolo, sin que surja de las constancias de autos, ni de los dichos de aquella en sus presentaciones, motivo o fundamento alguno para considerar que la postura adoptada por el citado organismo carezca de toda apoyatura probatoria, debiéndose concluir que este ejerció válidamente su potestad sancionatoria. Máxime cuando fue necesaria la fiscalización para detectar la situación descripta, constatar que las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar los impuestos adeudados.
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