#NOTA: Seguridad social
Por David Cufré
Un tema recurrente en la previa del debate electoral para 2015, que seguramente crecerá a medida que se acerque el tiempo de los comicios, es la situación fiscal del Estado nacional. Economistas con amplia difusión en los medios dominantes y dirigentes de casi todo el arco opositor lo ubican como prioritario. Sostienen que el déficit financiero actual es la causa de, prácticamente, todos los males de la economía, empezando por la inflación. Y lo primero que dicen cuando se les consulta qué se debería hacer para recuperar un crecimiento sólido, neutralizar las tensiones cambiarias o atraer inversiones, es terminar con el déficit fiscal. Incluso se escudan en Néstor Kirchner, quien gobernó con superávits gemelos –fiscal y comercial–, para reclamar una vuelta a ese esquema, sin detenerse demasiado en las visibles diferencias entre aquel momento y el presente, empezando porque entonces había “viento de cola” –ahora parecen haberse olvidado, pero en aquellos años era una muletilla para justificar que no acertaban ninguna de sus predicciones apocalípticas–, y desde 2008 la economía internacional está en un pozo.
Si la economía argentina está estancada y el sector privado no invierte lo suficiente, ¿no agravaría el problema que el Estado reduzca su nivel de gastos? Ya hay experiencia en el tema, por ejemplo cuando Domingo Cavallo lanzó la premisa del déficit cero en 2001. Y por qué una empresa invertiría para producir más si el mercado interno se contrae por una merma de los aportes del sector público. Apuntar a la cuestión fiscal para justificar casi cualquier cosa, más allá de las contradicciones internas en los postulados, es un recurso conocido para evitar poner en foco otras cuestiones más urticantes, como por ejemplo la responsabilidad del poder económico en la suba de precios y el aprovechamiento de posiciones dominantes para obtener rentas extraordinarias.
Otro aspecto que esos economistas y dirigentes dejan en una nebulosa es qué partidas recortarían para equilibrar las cuentas, sobre todo si al mismo tiempo proponen una baja de los derechos de exportación para producciones agropecuarias y una menor incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores de altos ingresos. Más bien lo que asoma es la propuesta de un cambio radical en la distribución del ingreso, volviendo a esquemas regresivos del pasado. En esa línea, revisar cuáles eran las prioridades fiscales cuando esas corrientes de pensamiento dominaban la escena económica puede aportar algunas pistas. La Anses elaboró un documento que se detiene en particular en una comparación de las políticas en seguridad social en 1998, el mejor año de la convertibilidad en indicadores sociales, y el escenario actual. Del informe, al que accedió Página/12, es posible extraer conclusiones que encajan con el debate sobre la cuestión fiscal tan dominante en estos días.
- En 1998, recuerda la Anses, el organismo y las AFJP liquidaron en promedio 3.380.659 jubilaciones y pensiones por mes, equivalentes a una tasa de cobertura previsional del 74 por ciento. Es decir, sobre cada 100 personas en edad de jubilarse, 74 percibían haberes. Las 26 restantes, en su mayoría mujeres, no accedían a ese derecho.
- La tasa de cobertura había retrocedido al 66,1 por ciento cuando el kirchnerismo llegó al poder, caída que en mayor proporción hay que adjudicar al gobierno de la Alianza y a las repercusiones del hiperdesempleo del menemismo. En 2013, la tasa de cobertura alcanzó el 93,8 por ciento. El salto se produjo en 2007, cuando tuvo efecto pleno la primera moratoria previsional (Plan de inclusión previsional) y se escaló hasta el 91,5 por ciento. El indicador tocó un pico de 95,8 en 2010, para empezar a declinar levemente por las limitaciones que empezaron a surgir en el aprovechamiento de aquella moratoria. La respuesta fue el envío al Congreso de un proyecto de ley con el Plan de inclusión previsional II, aprobado hace dos meses, que permitirá obtener la jubilación a más de 500 mil personas, para llegar al ciento por ciento de cobertura previsional.
- La primera moratoria permitió incorporar a 2.678.545 personas que estaban excluidas del derecho a la jubilación. Entre ellos y quienes no necesitaron completar aportes por esa vía, este mes la Anses pagó 5.854.248 jubilaciones y pensiones.
- En 1998, los beneficiarios de pensiones no contributivas –personas con alguna discapacidad o mayores de 70 años– eran 318.879. Este año son 1.495.906, a quienes se suman 22.449 ex combatientes de Malvinas. La Anses no registra datos consolidados de pensiones a ex combatientes en 1998, pero una diferencia sustancial entre aquel momento y el presente es que antes la prestación equivalía a una jubilación mínima de 150 pesos/dólares y ahora son tres jubilaciones mínimas de 3231 pesos/380 dólares, más de 9500 pesos/1119 dólares.
- En 1998 se pagaban 2.651.452 asignaciones familiares en promedio por mes. En octubre de 2014 totalizaron 4.879.036. Las prestaciones por desempleo fueron en aquel entonces 97.637, producto de la alta desocupación, contra las 86.699 actuales.
- En 1998 no existían la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo ni el plan Progresar, que asigna recursos a jóvenes de 18 a 24 años para ayudarlos a completar estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios. El mes pasado, la Anses pagó 3.524.924 asignaciones por hijo, 81.060 asignaciones por embarazo y 470.065 planes Progresar. Sumaron 4.076.049 beneficios que no figuraban ni siquiera en planes a finales de los ’90.
- La suma total de las prestaciones mencionadas en los puntos anteriores arroja una cobertura social para 6,4 millones de personas en 1998 frente a las 16,5 millones en la actualidad. Es decir, el Estado separó recursos para atender a 10,1 millones de personas más que en el mejor año de la convertibilidad.
- Al mismo tiempo que se multiplicó por más de 2,5 la cantidad de argentinos amparados por la seguridad social –como se vio, además crecieron las tasas de cobertura, es decir, la cantidad de personas atendidas sobre el total de la población–, aumentaron los montos de los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
- En 1998 el haber mínimo previsional era de 150 pesos/dólares. En este momento son 3231 pesos/380 dólares.
- La tendencia también se verifica en el haber medio, que pasó de 332 pesos/dólares en 1998 a 4389 pesos/517 dólares en el promedio general –que incluye a quienes cobran por moratoria– y 5307 pesos/625 dólares si se considera sólo a quienes se jubilaron con el total de sus aportes. En este último caso, la jubilación media actual casi duplica en dólares a la de 1998, aunque con un dólar más devaluado. De todos modos, es notoria la distancia en el poder de compra del haber previsional en ambos momentos.
- El haber mínimo de 1998 equivalía al 21,6 por ciento del PBI per cápita, mientras que en la actualidad representa el 40,4 por ciento. En este caso hay que considerar que el PBI per cápita actual es mucho más alto que el de hace 16 años. La diferencia en pesos es de 693 a 8001.
- A su vez, el haber medio pasó de ser el 47,6 por ciento del PBI per cápita de 1998 al 54,9 por ciento del PBI per cápita de 2014.
- Por último, la tasa de sustitución, es decir, cuánto representa lo que pasa a cobrar el jubilado de lo que venía ganando como activo, era del 41,4 por ciento promedio en 1998 y pasó al 54,9 del promedio general actual y al 65,4 de quienes cobran con aportes plenos.
Las últimas series de cuadros del informe, referidas al impacto distributivo de las medidas en seguridad social y a la relación fiscal que eso supone, revelan algo de lo que parece estar en el fondo del debate cuando se plantea el reclamo de la disciplina fiscal.
- Las transferencias netas de la Anses a los hogares del primer decil de la población –los sectores de menores recursos– equivalían al 4,4 por ciento del total del ingreso familiar en 2003 y pasaron a representar el 27,3 por ciento este año. Para el segundo decil, la proporción pasó de 2,1 a 12,9 por ciento, y para el tercero, de 2,4 a 6,8. En la cúspide de la pirámide, las transferencias netas de la Anses –descontando lo que aportan en impuestos al Estado, en recursos que van al organismo– pasaron de ser para los hogares del último decil de -4,9 por ciento –aportaron más de lo que recibieron– a -7,4 por ciento. El decil número 9 pasó de 1 por ciento a -5 por ciento y el octavo retrocedió de 2,5 a -2,2. Es decir, hubo una clara transferencia de ingresos en favor de los sectores más necesitados, en detrimento de los más adinerados. En este caso, el informe compara con 2003 y no con 1998, aunque las conclusiones no difieren demasiado.
- El índice de Gini, uno de los indicadores que mide los niveles de equidad en una sociedad, donde 1 supone el máximo nivel de injusticia social y 0 la máxima igualdad, en 2003 se encontraba en 0,511. Si no se hubieran modificado ninguna de las normas en seguridad social desde entonces hasta hoy, sólo como resultado del mayor crecimiento económico y sin cambios en el esquema distributivo, el índice hubiera caído a 0,462. Gracias a las transformaciones realizadas, la baja fue muy superior, hasta 0,411 en el cuarto trimestre de 2013.
- El gasto total de la Anses en seguridad social, contando todas las prestaciones, representaba el 7,12 por ciento del PBI en el mejor año de la convertibilidad y equivale al 12,3 por ciento del PBI de uno de los años más flojos del ciclo kirchnerista. El indicador toma para la medición el PBI base 1993. Si se utiliza la base actualizada de 2004, pero sólo para el dato actual –el Indec todavía no hizo la serie hacia atrás–, el gasto total del organismo equivale al 9,6 por ciento.
La clave para alcanzar esos niveles de gasto y cobertura, concluye el informe, fue haber recuperado para el Estado la administración de la seguridad social, que en los ’90 había sido entregada para su explotación a las AFJP, en su mayoría propiedad de los bancos.
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