Corresponde rechazar la queja toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402 debido a que no contiene una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, que se fundó en que el debate propuesto había quedado circunscripto a una interpretación acerca de los hechos, las pruebas y las normas de carácter infraconstitucional sin configurar un caso constitucional.
En efecto, la sentencia de la Cámara en última instancia cuestionada, declaró que los períodos reclamados por la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, correspondientes a aportes no retenidos a los afiliados docentes ni depositados por el GCBA, no se encontraban prescriptos y la condenó al pago. Ello así, los dichos de la quejosa no superan el nivel de una mera discrepancia respecto del modo en que la Cámara del fuero resolvió la cuestión de autos. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz
Corresponde rechazar la queja porque no rebate el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, en tanto sostuvo la inexistencia de un genuino caso constitucional. En efecto, el GCBA desarrolla distintos agravios contra la sentencia de la Cámara que confirmó el rechazo de la excepción de prescripción y el planteo de inconstitucionalidad deducidos por el Estado local, y admitió la demanda de cobro de pesos articulada por la actora, con costas de ambas instancias a la vencida. Esos agravios remiten a la valoración de las actuaciones administrativas y judiciales, y de los restantes hechos de la causa, a la luz de las normas infraconstitucionales aplicables (contenidas en el Código Civil, el decreto ley n° 22804 y en la ley de procedimientos administrativos local) todo lo cual resulta ajeno al ámbito cognoscitivo de la presente vía recursiva extraordinaria y constituyen una reiteración de planteos que ya fueron analizados y desestimados por la Cámara mediante fundamentos suficientes, lo que permite descartar un supuesto de arbitrariedad de sentencia. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Corresponde rechazar la queja en cuanto se agravia del rechazo de los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 29 del decreto ley n° 22804 y 27 inc. 4 del decreto reglamentario n° 54-PEN-1989, toda vez que la quejosa no aporta ningún argumento que permita apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en que la Cámara basó su pronunciamiento) que se expidió en favor de la validez de dichas normas y de pretensiones de cobro similares a las de autos. Ello así, los planteos resultan inoficiosos y deben ser desestimados. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Corresponde rechazar la queja en lo relativo al cuestionamiento de la interpretación de la prueba y, particularmente, de la pericia contable obrante en autos, de la que surgiría (según criterio de la quejosa) la imprecisión en la determinación de la deuda, lo que debería conducir al rechazo de la demanda. Este planteo carece de la concreción necesaria, y consiste en una mera discrepancia con la valoración de las constancias probatorias y con la aplicación de las reglas sobre la carga de la prueba, lo que constituye una facultad reservada a las instancias de mérito, máxime cuando el cuestionamiento omite toda consideración de las dificultades informadas por el perito contador para acceder a la información requerida al GCBA y que (por referirse a sus propios empleados docentes) solo podía obrar en sus registros. Ello así, podemos afirmar que su ausencia resulta atribuible exclusivamente a la conducta de la recurrente y no puede ser invocada en su favor. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Corresponde rechazar la queja toda vez que la recurrente no logra conmover los fundamentos de la sentencia de la Cámara que denegó su recurso de inconstitucionalidad y traer en consecuencia, un caso constitucional que corresponda resolver a este Tribunal. La aducida arbitrariedad en que habrían incurrido los jueces de la Sala también debe ser descartada en tanto lo que pretende la recurrente es que este Tribunal corrija la interpretación de normas infraconstitucionales (Código Contencioso Administrativo y Tributario local, decreto ley n° 22804, ley n° 23646, ley n° 24049, Código Civil y Código Civil y Comercial de la Nación). Ello así, los agravios sólo ponen en evidencia la disconformidad de la quejosa con la solución alcanzada, que descartó sus defensas de prescripción quinquenal con relación al capital reclamado, en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar que los jueces de la alzada incurrieron en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Corresponde rechazar la queja porque la recurrente no se hace cargo de lo resuelto por el a quo. En su lugar, concentra sus esfuerzos en cuestionar el decreto n° 163/99, mas no la ley n° 22804 que vino a reglamentar y no funda de dónde surgiría la interpretación que propone. En efecto, el GCBA cuestiona que la Cámara haya tomado por cierto que los docentes transferidos por la ley n° 24049 quedaron compulsivamente incluidos en el régimen de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente y propone, en cambio, una interpretación de esa ley según la cual para "continuar" en la Caja Complementaria (tal como lo establece el art. 11 de esa ley), es necesario haber ejercido antes la opción de pertenecer. Independientemente del acierto o del error en el pronunciamiento de los jueces a quo, el GCBA no se hace cargo de lo dicho por la Cámara, ni muestra que esa solución sea arbitraria, por lo que no corresponde darle tratamiento a sus planteos. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
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