NOTA: La situación económica de los jubilados en la última década
Si bien es cierto que Argentina mejoró mucho la cobertura del sistema previsional en estos últimos años, en la actualidad hay alrededor de 6,5 millones de jubilados y pensionados de los cuales casi un 75 % de estos percibe un haber mínimo de $ 2.400.
Esto números nos muestran un importante achatamiento de la pirámide salarial de los jubilados, es decir que este aumento de la cobertura se hizo en desmedro del poder adquisitivo del resto de los jubilados. Si nos remontamos a diez años atrás, el sistema previsional tenía un 30 % de jubilados dentro del haber mínimo. Si bien debemos reconocer que al principio de la crisis del 2002, se hizo un esfuerzo importante para mejorar el haber mínimo. Luego cuando mejoró la actividad económica se descuidó la recomposicion de los haberes de aquellos jubilados que cobraban un haber mayor a la mínima, generando este achatamiento mencionado. Recordemos que entre los años 2002 al 2006 los haberes de aquellos jubilados que cobran un haber mayor al mínimo deberían haber crecido un 88,6 %, según el fallo de la Corte en el famoso caso “Badaro” y durante ese período las jubilaciones mayores al mínimo aumentaron un 11%.
Si bien luego, la ley de movilidad jubilatoria que tiene vigencia desde 03/2009 fue un acierto del gobierno nacional, ya que logró mejorar un poco el poder adquisitivo de los jubilados mejorando estos últimos años el haber por arriba de la inflación, pero esta ley por si sola no fue suficiente para corregir las distorsiones de la pirámide salarial de los jubilados y por lo tanto queda pendiente la ley que permita la aplicación del caso Badaro a todos los jubilados, sin que los mismos tengan que recurrir a la justicia.
La canasta básica de un jubilado cuesta $ 4.298,39, es decir el doble del haber mínimo. Un año atrás esa canasta costaba $ 3.519,42. Así en los últimos 12 meses la canasta básica aumento un 22,1 % acompañando la inflación.
La inflación está impactando fuertemente en el poder adquisitivo de los jubilados, sobretodo de aquellos jubilados que tienen sus haberes retrasados y que en su mayoría aportaron más de 30 años en su vida laboral, el gobierno debe avocarse rápidamente a buscar una solución a este tema.
Cuando hay que pagar una deuda a los jubilados la Anses dice que no tiene plata, sin embargo cuando el Gobierno quiere implementar cualquier política social recurre a la plata de los fondos de los jubilados. Los fondos que maneja la Anses parecen ser interminables.
Cuando se entregaron computadora a los estudiantes, salario universal para desocupados, jubilaciones para personas que nunca aportaron y créditos hipotecarios, el gobierno recurre a los fondos del Anses, pero cuando los jubilados que si aportaron por más de 30 años quieren cobrar las deudas que provienen de sentencias judiciales firmes el gobierno le dice que no hay plata. Ningún argentino está en contra en que se apliquen políticas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad, pero lo que si se critica es cuando se usan fondos de los jubilados para hacer estas políticas. El estado debe buscar otros fondos específicos para llevar adelante esas políticas.
El sistema previsional argentino tiene serios problema de sustentabilidad en el mediano y largo plazo, la relación cantidad de activo por cada jubilado no llega a 2 y si bien hoy reciben otros ingresos tributarios que fueron cedidos por las provincias de sus coparticipaciones con motivo de que en el año 1994 se había creado el sistema de capitalización y eran necesarios esos fondos para poder seguir pagando las jubilaciones del anterior sistema. Luego el estado nacional estatizó las AFJP y por lo tanto debería haber devuelto esos ingresos tributarios a las provincias cedidos oportunamente por haber desaparecido el motivo de su cesión. Ya hay algunas provincias que están reclamando estos fondos por vía judicial.
Además de estos problemas debemos mencionar que el sistema previsional tiene una litigiosidad muy alta casi 500.000 demandas de jubilados que reclaman reajuste de sus haberes por la falta de movilidad generada con anterioridad al 2006 ( fallos de la corte Sánchez y Badaro) y por mala liquidación del haber de origen en muchos casos ( fallo de Corte Ellif).
Según el director de la Anses ,“no puede aplicar este fallo en todos los reclamos” como ordenó reiteradamente la Justicia por falta de fondos, pero “se comprometió a incrementar el pago de las sentencias”. Pero aseguró que estos pagos pondrían a la Anses en situación “de riesgo institucional”.
Como podrá observarse es necesario hacer una reforma integral del sistema previsional para que el mismo sea sustentable a largo plazo y evitar que los gobiernos de turno recurran permanentemente en utilizar los fondos del sistema previsional para otros fines que no sean el pagos de las prestaciones previsionales.
Todos estos problemas son los que conforman la agenda pendiente de la Seguridad Social y se deben resolver en forma urgente, generando una Política de Estado entre todos los partidos políticos, a los fines que sea respetada por los futuros gobiernos con independencia de quien gobierne.
Hasta cuándo vamos a postergar a nuestros mayores
Si bien luego, la ley de movilidad jubilatoria que tiene vigencia desde 03/2009 fue un acierto del gobierno nacional, ya que logró mejorar un poco el poder adquisitivo de los jubilados mejorando estos últimos años el haber por arriba de la inflación, pero esta ley por si sola no fue suficiente para corregir las distorsiones de la pirámide salarial de los jubilados y por lo tanto queda pendiente la ley que permita la aplicación del caso Badaro a todos los jubilados, sin que los mismos tengan que recurrir a la justicia.
La canasta básica de un jubilado cuesta $ 4.298,39, es decir el doble del haber mínimo. Un año atrás esa canasta costaba $ 3.519,42. Así en los últimos 12 meses la canasta básica aumento un 22,1 % acompañando la inflación.
La inflación está impactando fuertemente en el poder adquisitivo de los jubilados, sobretodo de aquellos jubilados que tienen sus haberes retrasados y que en su mayoría aportaron más de 30 años en su vida laboral, el gobierno debe avocarse rápidamente a buscar una solución a este tema.
Cuando hay que pagar una deuda a los jubilados la Anses dice que no tiene plata, sin embargo cuando el Gobierno quiere implementar cualquier política social recurre a la plata de los fondos de los jubilados. Los fondos que maneja la Anses parecen ser interminables.
Cuando se entregaron computadora a los estudiantes, salario universal para desocupados, jubilaciones para personas que nunca aportaron y créditos hipotecarios, el gobierno recurre a los fondos del Anses, pero cuando los jubilados que si aportaron por más de 30 años quieren cobrar las deudas que provienen de sentencias judiciales firmes el gobierno le dice que no hay plata. Ningún argentino está en contra en que se apliquen políticas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad, pero lo que si se critica es cuando se usan fondos de los jubilados para hacer estas políticas. El estado debe buscar otros fondos específicos para llevar adelante esas políticas.
El sistema previsional argentino tiene serios problema de sustentabilidad en el mediano y largo plazo, la relación cantidad de activo por cada jubilado no llega a 2 y si bien hoy reciben otros ingresos tributarios que fueron cedidos por las provincias de sus coparticipaciones con motivo de que en el año 1994 se había creado el sistema de capitalización y eran necesarios esos fondos para poder seguir pagando las jubilaciones del anterior sistema. Luego el estado nacional estatizó las AFJP y por lo tanto debería haber devuelto esos ingresos tributarios a las provincias cedidos oportunamente por haber desaparecido el motivo de su cesión. Ya hay algunas provincias que están reclamando estos fondos por vía judicial.
Además de estos problemas debemos mencionar que el sistema previsional tiene una litigiosidad muy alta casi 500.000 demandas de jubilados que reclaman reajuste de sus haberes por la falta de movilidad generada con anterioridad al 2006 ( fallos de la corte Sánchez y Badaro) y por mala liquidación del haber de origen en muchos casos ( fallo de Corte Ellif).
Según el director de la Anses ,“no puede aplicar este fallo en todos los reclamos” como ordenó reiteradamente la Justicia por falta de fondos, pero “se comprometió a incrementar el pago de las sentencias”. Pero aseguró que estos pagos pondrían a la Anses en situación “de riesgo institucional”.
Como podrá observarse es necesario hacer una reforma integral del sistema previsional para que el mismo sea sustentable a largo plazo y evitar que los gobiernos de turno recurran permanentemente en utilizar los fondos del sistema previsional para otros fines que no sean el pagos de las prestaciones previsionales.
Todos estos problemas son los que conforman la agenda pendiente de la Seguridad Social y se deben resolver en forma urgente, generando una Política de Estado entre todos los partidos políticos, a los fines que sea respetada por los futuros gobiernos con independencia de quien gobierne.
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