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Entre febrero y julio de este año, por cada día hábil se presentaron 470 juicios de jubilados y pensionados contra el Estado. En total, fueron 51.901 nuevas causas, un número que multiplica por 3,5 la cantidad de litigios que se iniciaron en igual período de 2005, según las estadísticas de la Cámara de la Seguridad Social.
El dato del fuerte incremento de los reclamos -que principalmente tienen su origen en el congelamiento de haberes en años con alta inflación- muestra el contexto en el que hicieron su aparición los pedidos de medidas cautelares.
Esos trámites buscan que se ordene una recomposición de los haberes, según criterios ya establecidos por la Corte Suprema, sin tener que esperar la finalización del juicio. Así, para ese momento sí se deja pendiente el cobro de los montos retroactivos, es decir, la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con el jubilado, por no haber pagado los haberes con el debido ajuste desde el momento en que debió haberlo hecho hasta el mes en que se efectivizó la actualización.
El proceso del reclamo judicial de los jubilados suele llevar más de cinco años.
Las medidas cautelares conocidas hasta ahora ordenaron que a sus beneficiarios se les aplique el aumento que la Corte dispuso en el fallo Badaro. De las tres salas de la Cámara de Seguridad Social, sólo una (la II) dio lugar a ese tipo de medidas, que aún no se habrían presentado en forma masiva. También el juzgado federal de San Nicolás les dio la razón a los jubilados en varias causas.
En el caso Badaro, los jueces supremos establecieron que las jubilaciones debieron haber subido, entre 2002 y 2006, siguiendo la evolución de un índice de salarios activos. Para ese período, el aumento fue del 88,5%, mientras que algunos jubilados -los que hasta entonces tenían haberes de más de 1000 pesos mensuales- habían recibido sólo un ajuste del 10 por ciento. Durante varios años se mejoró sólo el ingreso mínimo -que sí subió bastante por encima del índice dispuesto por la Corte-, pero a costa de dejar sin recomposición los ingresos de quienes, por haber aportado más, cobraban más.
A mediados de 2006, la Corte ordenó dictar una ley de movilidad jubilatoria. A falta de respuesta, a fines de 2007 los jueces retomaron el mismo expediente -que era el de Badaro- y dispusieron el aumento según el índice salarial. Pero el fallo sólo tuvo efectos para ese jubilado.
Desde 2009 se aplica una ley de movilidad, pero no se corrigió el desajuste por los períodos previos. Y, con el antecedente de Badaro, eso provocó el crecimiento récord de la judicialidad.
