Un contribuyente promovió
acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de
que se declarara la inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales
3378/2012 y 3379/2012, que establecieron un régimen de percepción directa del
Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales sobre la
adquisición de bienes, prestaciones y locaciones de servicios efectuadas por
residentes del país en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de
tarjetas de crédito, débito y/o de compra. El juez de primera instancia rechazó
la acción. La Cámara, a su turno, confirmó dicha decisión.
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