Reducir los costos asociados al empleo formal es, sin dudas, una condición necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado laboral argentino. Sin embargo, la discusión que se desarrolla en la Cámara de Diputados, tras la aprobación del proyecto en el Senado, plantea un desafío más profundo que una modificación puntual de las reglas laborales. La verdadera prueba de la reforma no será solo su capacidad para estimular la formalización, sino su consistencia fiscal y viabilidad en el tiempo.
El contexto en el que se debate la iniciativa es particularmente exigente. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 se sumaron alrededor de 200 mil nuevos desocupados. Más que un deterioro puntual, el dato expone una dificultad persistente para generar empleo al ritmo que requiere una oferta laboral que puede seguir expandiéndose, en un país que aún transita su bono demográfico.
En el mismo período, la tasa de actividad se mantuvo por encima del 48% en niveles históricamente elevados. Esto refleja una participación laboral sostenida, explicada tanto por mayor disposición a trabajar como por la necesidad de recomponer ingresos en los hogares. En cualquier caso, la economía debe crear empleo de manera sostenida para evitar que el desempleo aumente.
Cuando esa dinámica no alcanza, el número de personas sin trabajo crece. Pero aun cuando se crean nuevos puestos, el desafío persiste. La expansión del empleo asalariado privado continúa siendo limitada, mientras que la informalidad gana terreno como resultado de una estructura productiva con dificultades para sostener empleo formal en el tiempo.
La evidencia muestra que el empleo asalariado privado, es decir, el segmento asociado a productividad, inversión y estabilidad, se ha mantenido prácticamente amesetado a lo largo de más de una década. En contraste, el trabajo informal no solo conserva un peso significativo dentro de la estructura ocupacional, sino que tiende a expandirse. Entre 2012 y 2025 el número de trabajadores informales creció en más de un millón de personas.
Este patrón sugiere que, cuando la economía enfrenta restricciones, el ajuste no ocurre únicamente vía desempleo. También se canaliza mediante vínculos laborales de baja calidad, escasa productividad y menor protección social. El problema, entonces, no es solo cuántos empleos se crean, sino qué tipo de empleo se está expandiendo.
En este marco, uno de los puntos más sensibles del debate actual es el impacto fiscal del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones mediante una contribución patronal específica.
Más allá de su objetivo de reducir la incertidumbre asociada al despido, el diseño del FAL plantea algunos aspectos discutibles. Como fue señalado en el documento PAL sobre contribuciones patronales, su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado. A esto se suma un problema de diseño, una prima homogénea del 3% que puede resultar insuficiente para empresas con alta rotación donde cubriría solo una fracción de las indemnizaciones y, al mismo tiempo, generar acumulaciones excesivas en firmas con baja rotación y planteles más estables.
Ese diseño puede generar distorsiones e incentivos poco claros, además de mayor complejidad administrativas. Frente a este esquema, el mínimo no imponible aplicado sobre la masa salarial aparece como un instrumento más simple, focalizado y fiscalmente más acotado, ya que reduce de manera permanente la carga en los segmentos donde la informalidad es más elevada.
El documento “Mínimo no imponible” del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales propone reformular el esquema de contribuciones patronales aplicando el mínimo sobre la masa salarial total de la empresa y no por trabajador, incorporando progresividad y focalización en las pequeñas empresas. Las estimaciones allí presentadas permiten dimensionar mejor el dilema fiscal. En el documento, se estima que distintos escenarios de mínimo no imponible tendrían un costo anual de 0,05% a 0,23% del PIB, dependiendo del monto seleccionado, con generación simultánea de empleos registrados.
Incluso bajo supuestos conservadores sobre la respuesta del empleo formal, los costos netos resultan significativamente menores que los asociados a una reducción generalizada de contribuciones. Además, al concentrar el beneficio en micro y pequeñas empresas se minimiza el riesgo de subsidiar puestos que ya eran formales, mejorando la eficiencia del esfuerzo fiscal.
La discusión de fondo no es si hay que modernizar el mercado laboral. Eso es indiscutible. La cuestión es elegir el instrumento que permita ampliar el empleo formal con el mayor impacto posible y el menor costo fiscal. En esa comparación, el mínimo no imponible ofrece una relación más equilibrada entre formalización e impacto sobre las cuentas públicas. La reforma laboral abre una oportunidad, que se traduzca en empleo registrado dependerá, en buena medida, del diseño que finalmente se adopte.
Publicado en (novedadeseconomicas.ieral.org)
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