Si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional no transparentan y actualizan con el 82% los deprimidos salarios de los jubilados, los incrementos por la nueva ley de movilidad de marzo y setiembre de este año se convertirán en un mero paliativo que difícilmente pueda superar los efectos perniciosos de los índices inflacionarios que se registran en el país.
La presidenta Cristina Fernández anunció días atrás el porcentaje del primer aumento salarial que recibirán los jubilados y pensionados por la nueva ley de movilidad. El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, estimó que el incremento -del 11,69%- será aplicado a partir de marzo próximo. El segundo previsto para setiembre se fijará en un 7%.
Nadie puede desconocer que el gobierno incluyó en la agenda nacional el tema de la seguridad social y, fundamentalmente, lo relacionado con el sistema de jubilaciones y pensiones.
Con mucho retraso al pedido de la Corte Suprema de Justicia, en setiembre pasado, el Congreso Nacional aprobó la ley 26.417 que contempla la movilidad de las prestaciones previsionales.
El nuevo régimen presenta numerosas dudas. El ajuste previsto no es retroactivo, por lo que los aumentos se harían sobre una base deprimida, impidiendo una rápida y real recuperación del poder adquisitivo de los jubilados.
Cuando se evaluaban las bondades y defectos de la aplicación de esta importante ley, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el 21 de octubre pasado la elevación al Congreso de un proyecto de ley que elimina el sistema privado de capitalización que controlan las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).
Se calcula que 15.000 millones de pesos por año ingresarán a la Anses en concepto de aportes del régimen privado y que un total de 97.000 millones de pesos conforman el patrimonio completo de las inversiones que sostendrán el funcionamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Con la sanción de estas leyes también renacía la esperanza de los jubilados, que confiaban en sus representantes en el Congreso. Se destacaba el contenido social del nuevo régimen y se estimaba que se tomaría en cuenta el clamoroso pedido de justicia y equidad en el que desde hace muchos años insisten, sin ser escuchados, los pasivos argentinos.
Pero lamentablemente los aumentos semestrales que se aplicarán a los jubilados a partir del 1 de marzo del 2009, en consonancia con la ley de movilidad aprobada por el Parlamento, se liquidarán sobre una falsa realidad. Los pasivos argentinos perciben sus ingresos sin equivalencias con la fundamental referencia constitucional que determina y establece la existencia de una relación del 82% entre los sueldos del jubilado y el trabajador activo en su misma función o cargo.
Puede servir como ejemplo el conocido fallo "Badaro, Adolfo Valentín c/Anses s/reajustes varios". En esa sentencia el máximo tribunal señaló que se había verificado una lesión a la garantía prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ya que la prestación no había sido reforzada a medida que perdía la razonable relación con los ingresos del activo.
La Suprema Corte de la Nación declaró en este fallo "la inconstitucionalidad de la ley 24.463" y dispuso que la prestación se abonara según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Por esta decisión judicial, según fuentes periodísticas, Badaro, que percibía 1.200 pesos de jubilación, pasó a cobrar 6.724 pesos mensuales, un ingreso que tiene más relación con los 8.000 pesos mensuales que recibe un capitán de barcos fluviales en actividad.
Si Badaro no hubiera iniciado un proceso judicial reclamando la recomposición de sus ingresos, el próximo 1 de marzo habría recibido un ajuste por la ley de movilidad de sus haberes jubilatorios que habría tomado como base de cálculo el porcentaje de un ingreso mensual de 1.200 pesos.
Ésta es la distorsión imperante en el sistema. Es una injusticia que los diputados y senadores deben reparar y solucionar con urgencia.
Si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional no transparentan y actualizan con el 82% los deprimidos salarios de los jubilados, los incrementos por la ley de movilidad de marzo y setiembre del año próximo se convertirán en un mero paliativo que difícilmente podrá superar los efectos perniciosos de los índices inflacionarios que se registran en el país.
La Anses, con la transformación del sistema unificado previsional, recibe una importante masa de dinero. Esos fondos deben servir para saldar y subsanar una antigua deuda social interna.
El sistema tiene los fondos necesarios y los pasivos reclaman del gobierno y del Congreso nacional un gesto de reconocimiento que ponga fin a un penoso y largo ciclo de postergación.
Si esta justa premisa no se contempla en la modificación integral del sistema previsional argentino, el largo proceso de defraudación, engaño y marginación social seguirá vigente.
HÉCTOR JORGE COLÁS
Especial para "Rìo Negro"
(*) Periodista. Viedma.
nota publicada en: http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/02/26/1235622884222.php
