Amigo, Diana
A mediados del mes de septiembre, el oficialismo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley con la finalidad de aumentar las contribuciones patronales de aquellas empresas que registren ganancias extraordinarias.
La iniciativa elaborada por Héctor Recalde propone un incremento de las alícuotas de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de seguridad social para los empleadores que registren en el ejercicio anual ganancias netas que superen el 10% (diez por ciento) de los ingresos netos del período.
Este proyecto contempla un esquema progresivo en el cual el aumento de las contribuciones patronales es mayor cuanto mayor sean las ganancias extraordinarias, de acuerdo con la siguiente escala:
De acuerdo con la iniciativa, quedarán exentas de este incremento las asociaciones sindicales, las obras sociales y las empresas que no superen el límite de facturación para ser considerada "Mediana Empresa" dispuesto por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional (SEPYME), dependiente del Ministerio de Industria de la Nación.
Por último, se establece que la suba de alícuotas regirá desde el mes calendario siguiente al de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, a cuyo efecto se considerará la ganancia neta obtenida en el último ejercicio y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un sistema de gradualidad en la aplicación del incremento de las alícuotas de las contribuciones patronales.
Según lo expresa el diputado Recalde, el objetivo del proyecto es restablecer parcialmente la magnitud de las contribuciones que las empresas de alta rentabilidad hacen al régimen de seguridad social, generando un canal redistributivo que permita fortalecer el sistema jubilatorio, recordando que previo a las modificaciones establecidas durante la década del ´90, las contribuciones alcanzaban un 33% de la remuneración del trabajador y que actualmente son del 23% o 27%.
Sobre la evolución de las contribuciones patronales, cabe recordar que, en los ´90, se aplicaron reducciones de las alícuotas en función a la zona geográfica y a la actividad de la compañía para alentar la creación de empleo. Luego, en el marco de la aguda crisis del 2001, mediante el Decreto 814 y normas complementarias, se simplificó el esquema de alícuotas para las contribuciones con destino al régimen de seguridad social, disponiendo una alícuota del 21% para empleadores cuya actividad principal sea la prestación de servicios o comercio (excepto sindicatos, obras sociales y PyMES) y 17% para el resto de los empleadores y para las entidades con participación estatal. En ambos casos corresponde adicionar el 6% con destino al régimen de obras sociales, arribándose de ese modo a los 27% o 23% actuales.
Finalmente, cabe mencionarse que el comentado proyecto ha generado preocupación y rechazo por parte de cámaras y agrupaciones empresarias, que consideran que la propuesta resulta contraria al objetivo de mejorar la competitividad del sector productivo y la necesidad de creación de empleo genuino en el marco del diálogo social. Sostienen, además, que la iniciativa puede llegar a distorsionar las decisiones empresarias, desalentando la inversión y desincentivando la generación de puestos de trabajo.
Independientemente de la suerte que alcance el comentado proyecto, no debemos olvidar que para incrementar la recaudación y mejorar la solvencia del sistema de seguridad social, debe continuar trabajándose firmemente en la erradicación del trabajo informal que hoy involucra alrededor de un tercio de la población activa.
