Los gremios estatales de Córdoba presentaron en la Justicia provincial un recurso de amparo colectivo contra la ley 11.087 de Equidad Jubilatoria y su decreto reglamentario (258/2025), que en diciembre pasado impusieron una suba de aportes personales a la mayor parte de los empleados públicos y afectan a las jubilaciones más altas que paga la Caja provincial.
El recurso será analizado por alguna de las cámaras Contencioso Administrativas e incluye una cautelar. Los gremios intentan frenar la vigencia de la ley que modificó el aporte personal al régimen previsional provincial y fijó alícuotas extraordinarias que van del 2% al 8%, según el nivel salarial. Dado que las jubilaciones se calculan sobre los ingresos de bolsillo de los trabajadores activos, el incremento de los descuentos impactará en los haberes jubilatorios más elevados.
En paralelo, la misma ley beneficia a unos 52 mil jubilados con haberes de menos de $ 1,3 millones –que ahora reciben una compensación que lleva sus haberes al 82%– y también reduce el impacto del aporte solidario, por lo que unos 9.800 jubilados con doble haber dejaron de tener descuento. La aplicación de una cautelar implicaría también la pérdida de esos beneficios, lo que hace más compleja la resolución del conflicto.
Los gremios estatales están patrocinados por un grupo de abogados entre quienes se encuentra el exjuez de Cámara César Arese. El laboralista Félix López Amaya, que representa al gremio de los municipales de Córdoba (Suoem) explicó a La Voz en Vivo que uno de los fundamentos es la inconstitucionalidad de la ley por la supuesta violación del Convenio de Armonización Previsional firmado por la Provincia y la Nación hace más de 20 años.
“Ese convenio de armonización delega competencias a la Nación, por lo que la Provincia no puede modificar los aportes previsionales que fija la ley nacional. La Legislatura violó una cláusula federal”, indicó López Amaya, quien consideró que los gremios están dispuestos a llegar a la Corte Suprema con el reclamo.
El abogado también apuntó a la violación de la cláusula de irreductibilidad de las jubilaciones prevista en la Constitución Provincial y al caracter confiscatorio de la ley, tanto en relación a los ingresos de los activos como de los pasivos.
La adminitración de Martín Llaryora fundamentó los cambios con dos argumentos centrales: la reducción del déficit de la Caja de Jubilaciones y una redistribución de costos entre los activos y pasivos, en beneficio de los jubilados de menores ingresos.
Nota publicada en (lavoz.com.ar)
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