Pensión. Separación de hecho debido a situación de violencia familiar. Procedencia
Corresponde confirmar la sentencia que admitió el derecho a pensión de la actora no obstante la existencia de separación de hecho entre los cónyuges pues el organismo administrativo no ponderó la prueba existente de que la ruptura de la convivencia fue producto de haber sido víctima de violencia de género y de la contribución que realizaba de alguna manera el causante al sustento de la actora.
En el plexo protectorio a nivel convencional internacional, se destaca la Convención de “Belem do Para” aprobada por el Congreso de la Nación por Ley 24.632 y que, como tratado internacional, goza entre nosotros de jerarquía superior a las leyes con arreglo al art. 75 inc. 22 CN. Su artículo 3 reconoce con claridad el derecho de toda mujer “a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. El organismo administrativo no se hace cargo concretamente del análisis que hace la juzgadora de la denuncia radicada por la actora en el Juzgado Nacional Civil y que demuestra que la accionante fue víctima de agresiones, lo cual es ratificado por uno de los testigos, amén de que todos los testigos son contestes en que el causante contribuía a la economía familiar
Enrostrar que la demandante debe demostrar su inocencia en la separación de hecho, en los términos del art.1 inc. a) de la Ley 17.562, no sólo vulnera normas convencionales, constitucionales y legales. Pretender que la actora siguiese conviviendo con el causante, a pesar de los hechos de violencia doméstica sufridos, sólo con el fin de poder cumplir con los requisitos exigidos por la normativa aplicable (Ley 24.241) para obtener en oportunidad del deceso de su cónyuge, el derecho a pensión, deviene en un requisito imposible de cumplir.
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