Se hace lugar bajo la responsabilidad de la peticionante y con caución personal, a la prohibición de innovar con relación a aquellas medidas que la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Médicos de la provincia de Salta pueda adoptar contra la actora sobre la base del inc. i) del art. 33 de la Ley 6556 y sus modificatorias, que tengan por efecto el cobro del aporte allí previsto. Para decidir así, se señala que si bien con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte no procede por vía de principio, las medidas cautelares contra actos administrativos o legislativos -tanto provinciales como municipales- habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, ello no es óbice para decretarlas cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales. En el caso, la verosimilitud del derecho invocada surge del propio texto de la normativa cuestionada, en tanto el aporte allí establecido aparece "prima facie" en confrontación con las disposiciones constitucionales indicadas en la demanda. Esta circunstancia hace mérito para que la presunción de legitimidad, que ampara las normas emanadas de los poderes públicos, ceda en el marco provisorio de análisis que impone la solicitud de dicha medida; además porque también se exhibe con marcada intensidad, la configuración del peligro en la demora, como otro de los presupuestos necesarios para acceder a una prohibición de innovar. De la misma manera, este Tribunal ha señalado que la naturaleza de medidas cautelares como la solicitada excluye el juicio de verdad o certeza, en tanto su finalidad es solamente atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad.
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publicado en Id SAIJ: SUS0011429
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