La ley 26.970 determinó un Régimen Especial de Regularización de Deudas previsionales que alcanza a los trabajadores Autónomos y Monotributistas y de conformidad con el art. 9° el beneficio previsional que se otorga en el marco de la presente resulta incompatible con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza (contributiva o no contributiva) incluyendo retiros y planes sociales, salvo en el caso en que la única prestación que el titular percibe a la fecha de solicitud fuera contributiva y su importe no supere el del haber previsional mínimo vigente a la fecha de solicitud de la prestación.
La moratoria prevista por la Ley 26970, está dirigida a un sector de la población considerado con mayor vulnerabilidad en términos sociales y que, consecuentemente por su situación socio-económica no pueden acceder a otros planes vigentes para cancelar sus deudas con el sistema.
Dado que la finalidad del legislador al establecer el régimen de regularización de deudas, fue la de ampliar la cobertura de subsistencia, dando así cumplimiento al mandato constitucional del art.14 bis, dicha ampliación debe efectuarse a todos por igual, es decir respetando el principio de igualdad.
Utilizar parámetros distintos de evaluación, con la consecuencia de dejar fuera de esta cobertura a quienes perciben una prestación que apenas supera la mínima, cuando por otra parte resultan incorporados otros con ingreso superior, significa no respetar dicha igualdad.
Por lo tanto, los diferentes parámetros de evaluación que resultan de comparar los contenidos en el art. 9º de la ley 26.970 con los establecidos en la Resolución General Conjunta AFIP 3673 y ANSES 533/2014, provocan una violación al principio de igualdad ante la ley instituido en el art. 16 de la Constitución Nacional.
Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 9º de la ley 26.970, en cuanto dispone que el importe de la prestación contributiva, que en el caso se percibe como Pensión por Fallecimiento, no puede superar el haber previsional mínimo vigente a la fecha de solicitud de la prestación, resultando inaplicable al caso el último párrafo del art. 8º, inc. a, de la Resolución Conjunta General AFIP 3673 y ANSES 533/2014 y declarar el derecho de la actora a la obtención del beneficio de jubilación, bajo el régimen pretendido, ordenando el acceso a la moratoria dispuesta por la Ley 26970.
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