Corresponde rechazar la acción de amparo incoada que tiene como objeto obtener la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 27.426, 27.541, de los Decretos 1058/17, 99/19, 163/20 y 495/20 y de toda otra norma que pudiera dictarse en lo sucesivo otorgando incrementos de movilidad "discrecionales", pues cabe recordar que es criterio reiterado por la jurisprudencia que el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales y es por esa razón que su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces, es decir, que debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (En igual sentido se expidió esta Sala en autos "Landín, Alicia G. c/ Estado Nacional s/ Amparos y Sumarísimos", sent. 77244 de fecha 27.6.95, Publicado en el Boletín de Jurisprudencia de la CFSS Nro. 15 y nuestro Máximo Tribunal en autos: "Ballestero, José s/ Acción de Amparo", de fecha 4-10-95).
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