Si bien es cierto que el legislador cuenta con facultades reglamentarias, las mismas deben ser ejercitadas dentro de límites razonables, de manera que no hieran en forma sustancial los derechos emergentes de la Seguridad Social, acordados en un momento de la vida en que las personas más necesitan protección y asistencia. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del a quo que declaró la inconsti-tucionalidad del Dec. 460/99, si de las constancias de autos surge acreditado que el causante había efec-tuado aportes al sistema por un período prolongado -20 años-, sin perjuicio que a la fecha del falleci-miento se encontrara inactivo -en el caso, en los 8 años anteriores-. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fer-nández votó en disidencia).
Desprendiéndose de las constancias obrantes en el expediente administrativo que el causante había in-gresado aportes por un total de 20 años, y que su cese laboral definitivo se produjo ocho años antes de la fecha del fallecimiento, ha de concluirse que quien en vida fuera el cónyuge de la demandante no contaba con los requisitos establecidos por la normativa legal vigente para adquirir el beneficio de jubi-lación, en atención a que no cumplía con el mínimo exigido de aportes, y tampoco con la regularidad de los mismos. En consecuencia, corresponde revocar la decisión del a quo que, previa declaración de in-constitucionalidad del Dec. 460/99, otorgó el beneficio de pensión. (Disidencia del Dr. Fernández).
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