Desde hace varios años tiene lugar a nivel
global una importante discusión entre Estados, sindicatos y diversas
organizaciones sociales acerca de la imperiosa necesidad de aumentar la edad
jubilatoria.
Tal discusión se fundamenta en los resultados
obtenidos a partir de múltiples estudios realizados por organismos competentes
en torno al crecimiento progresivo de la población envejecida que, tomando el
período comprendido entre 1950 y 2050, concluyeron que el incremento de la curva
de envejecimiento terminará superando, al final del mismo, a las de jóvenes y
niños.
Si bien es cierto que las variaciones
demográficas que están teniendo lugar en el planeta son realmente definitorias
en varios aspectos, en lo inherente a la incidencia sobre las finanzas públicas,
el envejecimiento poblacional parece ser lo que más preocupa a los
gobernantes de casi todos los
países.
Asimismo, se ha observado que están teniendo
lugar cambios estructurales sustanciales, tanto como que la pirámide social se
constituya a futuro de jóvenes y niños, mientras que en la base sólo habrá
personas mayores de 65 años.
Este tipo de estructura nunca antes se había
registrado en la historia de la humanidad, y las consecuencias no sólo se verán
reflejadas en la familia, las relaciones y la calidad de vida, sino también en
la economía, su desarrollo, los tipos de actividades laborales, el consumo, el
ahorro, la inversión, jubilaciones, pensiones, subsidios, transferencias de
capital, migraciones, entre otras.
Si bien desde la perspectiva política el
fenómeno aparenta ser una buena noticia en tanto los adultos son quienes más
atención prestan a campañas electorales y participan votando, el
envejecimiento poblacional sumado al aumento de la perspectiva de vida que,
paradójicamente se ha dado en la misma proporción en todo el globo, preocupa y
mucho a los gobiernos por las erogaciones en las que debería incurrir a futuro
como producto de una mayor cantidad de beneficiarios jubilados y
pensionados, lo que les reduciría sus posibilidades de contar con mayor
cantidad de recursos para “otros” fines. Paralelamente, por supuesto, la tasa
del PEA (población económicamente activa) bajaría drásticamente, lo que
produciría un fuerte impacto en las economías mundiales también.
A partir de investigaciones realizadas por
la
ONU en nuestro
país, se llegó a la conclusión de que estamos entre las poblaciones más
envejecidas de América Latina.
Este dato surge de la relación que ese
organismo hace otorgando más de un 7% del total de la población con edades
superiores a los 60 años para considerarla sociedad envejecida, y sabiendo que
en Argentina el último censo dio un promedio de 13,7% de personas con más de 60
años. Es decir que hacia el 2050 tendremos cerca de un 30% aproximadamente de
ciudadanos que superará esa edad.
Argentina entonces, atraviesa por
una situación bastante compleja frente a la posibilidad de tener que
afrontar
económicamente el incremento de la cantidad de
trabajadores en edad de
jubilarse.
Si bien hoy, aproximadamente el 15% de los argentinos supera
los 60
años, todo indicaría que en una década mas o menos, ese
porcentaje se posicionaría 10 puntos mas arriba, lo que presentaría un escenario
bastante difícil de sostener en el contexto fiscal que actualmente presenta el
país por la relación entre trabajadores que efectivamente aportan y los
jubilados.
En la actualidad, existen mas de 5 millones
de personas que perciben jubilaciones o pensiones, y menos de 9 millones de
trabajadores que aportan efectivamente a la
Caja de Seguridad,
haciendo una relación inferior a los 2 puntos entre activos y pasivos a lo que
debe agregarse el pago de la
Asignación
Universal por Hijo que
la reduce aún mas, siendo que el sistema solo podría autoabastecerse si la
relación fuera de 3 activos por cada pasivo.
A cinco años de la estatización del sistema
provisional, el Gobierno ha utilizado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional para sostener el exorbitante gasto público en
el que incurre, a través de créditos que probablemente nunca puedan ser
reintegrados.
Además, los juicios iniciados contra
la
Anses, que en algún
momento deberán pagarse, ya superan los 500 mil.
Concluyendo, hay cada vez más jubilados y
beneficiarios de planes sociales solventados con fondos previsionales y menos
aportantes al sistema de manera genuina, por lo que la diferencia se cubre con
recursos fiscales restados a las provincias en el marco de
la
Ley de
Coparticipación Federal de Impuestos.
En este contexto, no son pocos los analistas
convencidos de que el sistema ya ha colapsado y ha entrado en default, alejando
cada vez mas las esperanzas de quienes anhelan que el 82% móvil pueda
convertirse en ley algún día.
Nidia Osimani
PUBLICADO EN:http://periodicotribuna.com.ar/14524-argentina-rumbo-al-default-previsional.html
