NOTA: Si la ANSES no paga, Bossio responde

NOTA: Si la ANSES no paga, Bossio responde
http://www.diariojudicial.com/fueroseguridadsocial/Si-la-ANSES-no-paga-Bossio-responde-20140506-0004.html
La Cámara de la Seguridad Social confirmó una multa por astreintes impuesta al director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, por el incumplimiento de una sentencia de ejecución previsional. El Tribunal consideró que el organismo previsional debe “articular los medios necesarios para cumplir con el diligenciamiento formulado en tiempo y forma”.
La Cámara de la Seguridad Social confirmó una resolución que efectivizó un apercibimiento por astreintes e impuso una multa de quinientos pesos diarios al director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, y, para el caso de incumplimiento, una multa personal a dicho funcionario por mil pesos.
La sentencia interlocutoria fue dictada por los jueces de la Sala III del Cuerpo de Alzada, Luis Herrero y Emilio Fernández - Nora Dorado votó en disidencia- en la causa “Gambini, Heriberto Omar c/ ANSES s/ Ejecución Previsional”.
La causa se elevó a Cámara luego de la queja del organismo previsional referida a que la medida por la cual se lo multó había sido cumplida, además solicitó el levantamiento de la multa “con fundamento en su insuficiente infraestructura para cumplir en tiempo y forma con la manda judicial”.
“Lo manifestado en el líbelo recursivo, en torno a que las actuaciones administrativas del titular fueron solicitadas al área que las detenta en su poder en reiteradas oportunidades, son meros actos preparatorios del cumplimiento”, respondió el Tribunal, que a continuación aseguró que la demora “que supone el trámite burocrático en el seno de la organización administrativa de la demandada no es imputable ni debe pesar sobre la parte actora, debiendo el organismo articular los medios necesarios para cumplir con el diligenciamiento formulado en tiempo y forma”.
Por otra parte, la disidencia consignó que había que defender el interés individual del justiciable, “pero sin que la desidia e inoperancia del órgano interviniente se traduzca en un enriquecimiento injustificado, más aún si tenemos presente que el principio básico de casi la totalidad de los regímenes previsionales es la solidaridad”.
Finalmente, la mayoría entendió que la condena conminatoria resultaba ajustada a derecho “en tanto que se trata de una medida adecuada para vencer la resistencia de la parte que incumple, ya que en caso de seguirse la postura del demandada -el cual, no se encuentra fuera del bloque de legalidad ni sobre la autoridad de los magistrados- el Poder Judicial se vería inerme para contrarrestar el incumplimiento de sus pronunciamientos”.

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NOTA: La Corte instó al Gobierno a cumplir las sentencias de los jubilados

NOTA: La Corte instó al Gobierno a cumplir las sentencias de los jubilados
http://www.clarin.com/politica/Corte-Anses-cumplir-sentencias-jubilados_0_1133287000.html
Para tratar de agilizar los juicios de los jubilados, la Corte Suprema autorizó la intervención de las cámaras federales de todo el país.
La Corte Suprema resolvió ayer intervenir en forma activa ante la situación de colapso que atraviesa el fuero previsional, donde se acumulan cientos de miles de reclamos de jubilados: dispuso que las Cámaras Federales de todo el país están en condiciones de revisar los juicios previsionales (o sea que las declaró competentes) y no sólo la Cámara Federal de la Seguridad Social, con sede en esta capital, como ocurría hasta ahora.
Además, la Corte firmó una Acordada en la que exhorta al Poder Ejecutivo para que la ANSeS acate las decisiones adoptadas en forma reiterada por la Corte, donde se dispuso la movilidad de las jubilaciones, lo que significa que ese organismo debe dejar de apelar en todas las instancias las sentencias que lo obligan a pagar los reajustes previsionales. La Corte también reclamó al Congreso la creación de nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social, así como "dictar las disposiciones que permitan abreviar los procedimientos por los cuales tramitan esta clase de asuntos".
La decisión de la Corte fue firmada por todos sus jueces, a excepción de Carmen Argibay, quien continúa "internada pero estable", según fuentes del tribunal. La resolución destaca que la unificación de todas las causas en el fuero federal de la Seguridad Social, dispuesto por ley en 1995, durante la gestión del ex ministro Domingo Cavallo, apuntaba a facilitar y agilizar la tramitación de los expedientes, pero "tales objetivos no se cumplieron sino que por el contrario" afectó en forma decisiva la posibilidad de que los jubilados obtengan en forma rápida y eficiente una respuesta de los jueces. Según cifras que maneja la propia Corte, en esa Cámara se acumulan actualmente unas 230 mil causas.
Por eso, la Corte dispuso que cámaras federales de todo el país están en condiciones de revisar los juicios previsionales. Es decir, que los jubilados de otras jurisdicciones harán su reclamo ante la Cámara Federal correspondiente a su zona, en tanto los de Capital Federal seguirán haciéndolo ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los juicios en trámite también deberán ser enviados a las Cámaras federales que corresponda.
La decisión de la Corte fue adoptada en la causa "Pedraza Héctor Hugo contra Anses sobre acción de amparo", y lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Enrique Petracchi (quien elaboró un voto propio). El tribunal resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 24.463, sancionada del año 1995, y consideró que las Cámaras federal con siento en las provincias deben intervenir en las apelaciones de los juicios previsionales, para garantizar "la aplicación efectiva de los derechos de los jubilados".

 

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NOTA: Cámara pide fondos a la Corte por fallo contra ANSES

NOTA: Cámara pide fondos a la Corte por fallo contra ANSES

• Reclamo de los jueces de Córdoba.
• Quieren más contratos para ocuparse de causas de jubilados.
La Cámara Federal de Córdoba requirió ayer fondos a la Corte Suprema de Justicia para poder darles tratamiento a las causas de jubilados. Es la primera respuesta al fallo del máximo tribunal, que el pasado martes habilitó a todas las cámaras del país para actuar como segunda instancia en los litigios de índole previsional. Desde la Corte entienden que con esta modalidad las causas deberían tener un trámite más veloz. En la provincia mediterránea, los camaristas afirmaron precisar recursos para contratar más personal. Intercambios sobrios, pero que esconden todo tipo de rencillas y cierto malestar por la influencia cortesana en la órbita de que sucede en las provincias.

La acordada proveniente de Córdoba lleva la firma de los jueces Luis Rueda, Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo, Ignacio Vélez Funes y José Muscará. Además del reclamo de fondos para nuevas contrataciones, solicitaron un encuentro con Ricardo Lorenzetti y les requirieron a los juzgados de primera instancia de la provincia un listado con todas las causas provisionales que se encuentran radicadas en dichas dependencias.
Para contar con espacio para las causas previsionales, también dispusieron redistribuir oficinas que ubican los tribunales federales en la capital provincia, y pidieron al Consejo de la Magistratura que requiera a los ministerios públicos fiscal y de Defensa el análisis de "la posibilidad de devolución de los espacios" cedidos por el Poder Judicial.
Anoche, camaristas federales de por lo menos seis provincias se comunicaron con los firmantes y les transmitieron que en los próximos días asumirán una posición similar. Se escucharon términos ásperos para con la Corte y varios expresaron su malestar por enterarse por los diarios de una medida tan contundente.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales ayer por la tarde afirmaban que la cámara cordobesa tiene personal suficiente para afrontar los juicios previsionales. En la Corte existen reproches a la productividad que hay en las cámaras del interior. "Como son todos familiares, viven excusándose", comentó un justice. Una imagen que aun así es superior al concepto de la Cámara porteña de la Seguridad Social, que el pasado martes perdió gran parte de su influencia.
Lorenzetti mantiene este año en la Corte la tendencia de lograr fallos estructurales. Fue el caso de la resolución sobre facultades delegadas por el Congreso (se puso en duda la constitucionalidad del código aduanero) y lo es también el issue de los jubilados. Ninguno de los dos devino en respuestas apresuradas del Gobierno porque se trata de desafíos que exigen modos más elaborados.

Por cierto: ayer el Consejo de la Magistratura avaló cerrar un expediente contra el juez cordobés Carlos Ochoa, a quien Diego Bossio acusaba por presunta estafa en causas previsionales. El kirchnerismo intentó enviarlo a jury de enjuiciamiento, pero el titular del cuerpo colegiado, el juez cordobés Alejandro Sánchez Freytes, aportó el voto decisivo para el sobreseimiento.
El tono de las conversaciones de ayer entre los camaristas federales a partir del pedido de la cámara cordobesa encuentra su origen en los últimos acontecimientos de la Junta de Camaristas Federales, grupo que agrupa a los presidentes de dichas instancias.
Este club exclusivo no volvió a ser recibido por Lorenzetti, lo cual despertó ciertos resquemores. El justice suspendió los encuentros luego de que se filtrara en los medios lo que se conversaba en éstos. Esto sucedió el año pasado, en plena tensión por la reforma judicial que se votó en el Congreso. Los jueces exhibieron conductas y modos que no van en sintonía con el pragmatismo que caracteriza al titular de la Corte. De ahí que esos encuentros tienen un futuro precario.
Este año se votó como presidente de esta junta al camarista de General Roca Javier Leal de Ibarra, que sustentó gran parte de su campaña de búsqueda de voluntades en la supuesta buena relación que tendría con Lorenzetti. Lo cierto es que su nombramiento no fue comunicado por la Corte y tampoco consta en agenda ningún tipo de acercamiento. Un detalle: Leal de Ibarra se plegó la semana pasada a la candidatura de la camarista Gabriela Vázquez para representar al estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es la candidata de la corriente Justicia Legítima.
Luis Rueda, uno de los camaristas cordobeses que ayer firmaron el pedido a la Corte, también es protagonista en la junta. De hecho, este año intentó ser presidente, pero sólo logró cuatro adhesiones y quedó en tercer lugar. Es un juez de la lista bordó (opositora a la política judicial del oficialismo) y que está en la mira del kirchnerismo por su actuación judicial durante el último Gobierno militar.

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