El actor inició una acción contencioso administrativa -en instancia única y originaria- contra el Instituto de Previsión Social y la Provincia de Corrientes, impugnando las resoluciones que le denegaron el beneficio de pensión dispuesto por la ley 4917, derivado de la muerte de su cónyuge. Planteó la inconstitucionalidad del artículo 56, inciso a), in fine, de la ley 4917, en cuanto establece requisitos para acceder al derecho por resultar violatorios de los artículos 14, 14bis, 16, 17 y 31 de la Carta Magna.
La Sra. Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que correspondía hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso y dejar sin efecto la sentencia y restituir la causa al tribunal de origen para que, por quien competa, se dicte un nuevo pronunciamiento. Entre sus argumentos, destacó que "...las decisiones administrativas [...] fueron, en definitiva, convalidadas por el a quo, quien -incumbe enfatizarlo- omitió expedirse en orden a la cuestión constitucional ya la aplicación al caso de la ley 5561, pese a que fue expresamente invocada por el actor". Asimismo, la magistrada citó el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Z, JJ".
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Jurisprudencia 2014 - Salas, Alberto Andres c. Estado de La Provincia de Corrientes (Dictamen) by Estudio Alvarezg Asociados on Scribd
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