La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para cuestionar el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de los colegios privados desde el régimen previsional nacional, administrado por ANSES, al Instituto de Previsión Social (IPS).
La controversia surge a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, que establece que los docentes extraprogramáticos —quienes dictan actividades o materias fuera de la planta funcional obligatoria— y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a realizar sus aportes al régimen previsional provincial.
Desde AIEPA sostienen que la medida fue adoptada sin un proceso suficiente de diálogo y sin un marco normativo y administrativo que brinde seguridad jurídica a las instituciones alcanzadas.
«El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES», afirmó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Según estimaciones de la entidad, el cambio alcanzaría a entre 50.000 y 55.000 trabajadores, entre personal auxiliar, no docente y docentes que desarrollan actividades extraprogramáticas.
La asociación advirtió que la modificación podría generar un aumento en los costos laborales para los establecimientos educativos privados, debido a la posible pérdida o inaplicabilidad del régimen diferencial de contribuciones patronales previsto por la normativa nacional. Además, señaló que el aporte personal exigido por el IPS es superior al del sistema nacional, lo que podría reducir el salario de bolsillo de los trabajadores.
También advirtieron que los trabajadores podrían ver reducido su salario de bolsillo, ya que el porcentaje de aporte personal exigido por el sistema previsional bonaerense es superior al previsto por el régimen nacional administrado por ANSES.
Otro de los puntos cuestionados es la situación previsional de quienes desarrollaron gran parte de su carrera laboral bajo el sistema nacional. Desde AIEPA señalaron que muchos empleados podrían no reunir los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación por el IPS si durante esta etapa sus contribuciones pasan al régimen provincial.
Otro de los planteos está vinculado con las futuras jubilaciones del personal alcanzado. Desde AIEPA indicaron que muchos trabajadores desarrollaron gran parte de su carrera bajo el régimen nacional y podrían no reunir los años necesarios para acceder a un beneficio previsional provincial, por lo que eventualmente terminarían jubilándose por ANSES pese a haber aportado durante años al IPS.
Ante este escenario, la entidad solicitó a la Suprema Corte bonaerense la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial y medidas que resguarden la seguridad jurídica de los establecimientos educativos.
La presentación sostiene que continúa vigente el régimen nacional, cuestiona la falta de coordinación entre Nación y Provincia y advierte sobre el riesgo de que las instituciones enfrenten reclamos simultáneos de organismos nacionales y provinciales.
En ese sentido, AIEPA señaló que, si los colegios dejan de realizar los aportes al régimen nacional sin una norma que expresamente los exima de esa obligación, podrían quedar expuestos a eventuales reclamos de deuda por parte de ANSES, ARCA u otros organismos competentes.
Paralelamente, la entidad realizó presentaciones ante distintos organismos y solicitó a la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) que, mientras no exista una definición normativa o judicial, no se exija a los establecimientos incorporar al personal extraprogramático a la planta funcional.
El conflicto también llegó al ámbito nacional. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que se suspenda la aplicación de la normativa provincial.
Para AIEPA, esa demanda respalda la postura que viene sosteniendo desde el inicio del conflicto, al considerar que la discusión excede el ámbito provincial e involucra competencias nacionales y el régimen de la seguridad social.
«La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado», señalaron desde la entidad.
Finalmente, AIEPA reiteró que los colegios privados no buscan incumplir con sus obligaciones previsionales, sino contar con una definición clara y coordinada entre Nación y Provincia sobre cuál es el régimen aplicable. Por ese motivo, solicitó que no se exija la implementación del traspaso hasta que exista una resolución judicial o normativa que otorgue certeza al sector.
“El Estado nacional promueve la presente acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia que aprobó el artículo 59 de la ley provincial N° 15.557 y solicita, con carácter urgente, una medida cautelar que suspenda su aplicación hasta el dictado de la sentencia definitiva. La norma impugnada pretende desafiliar del SIPA e incorporar al IPS a trabajadores cuyo vínculo se rige por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, esto es, por el derecho privado del trabajo. El artículo 59 de la ley provincial N° 15.557 es, por ende, manifiestamente inconstitucional, en tanto excede las facultades provinciales en materia de seguridad social e invade competencias propias del Estado nacional ejercidas constitucionalmente mediante el dictado de normas (Ley N° 24.241 y sus normas complementarias y reglamentarias) aplicadas por el Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados.
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