Solicitar a la Auditoría General de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 85 de la Constitución Nacional y el artículo 117 y concordantes de la Ley Nº 24.156, la realización de una auditoría de gestión, presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (Área Sentencias judiciales), desde el 1° de enero de 2020 hasta el momento de llevar adelante la misma
El proyecto se fundamenta en el artículo 85 de la Constitución Nacional y el artículo 117 de la Ley Nº 24.156.
El artículo 85 de la Constitución Nacional establece que: “El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación…”
El artículo 117 de la Ley Nº 24.156 dispone, en relación a la Auditoría General de la Nación, que : “Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.”
Diariamente gran cantidad de jubilados y pensionados deben recurrir a la justicia para solicitar el reajuste de sus haberes previsionales, en otras palabras, para reclamar cobrar lo que por derecho les corresponde, luego de haber aportado durante toda su vida laboral.
Según información brindada por ANSES -al 31/01/2021- "el stock de causas previsionales en trámite en las que el Organismo es demandado asciende a 261.676", cantidad que se incrementa a diario.
El no cumplimiento de la sentencia por parte del ANSES, en el plazo legal y en la forma debida, atenta contra los derechos humanos de los adultos mayores, para quienes sus jubilaciones y pensiones tienen una clara naturaleza alimentaria. Lamentablemente muchos de los adultos mayores que litigan no llegan a percibir en vida el producto de sus sentencias.
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