Se admite los agravios ofrecidos por el actor y se revoca la sentencia apelada que rechazó la demanda promovida contra el Estado Nacional - Ministerio de Seguridad- Gendarmería Nacional con el objeto de obtener la declaración de nulidad de los actos administrativos que dispusieron que las afecciones padecidas por el actor no guardaban relación con los "actos del servicio" y el reconocimiento de los "beneficios del retiro".
Se considera que la arbitrariedad de la conducta estatal se encuentra probada ya que "en la opinión exteriorizada por la junta superior de reconocimientos médicos, en el sentido de que el origen de los trastornos psiquiátricos del actor se halla en factores endógenos, hay una marcada orfandad de fundamentos médicos y científicos", y esa opinión, además, "contrasta, inequívocamente, con el contenidos de los certificados médicos obrantes en el expediente administrativo [...] y con las conclusiones expresadas en el peritaje psiquiátrico [...] que hicieron hincapié en la incidencia del ámbito laboral sobre los trastornos psiquiátricos".
Se concluye en que el dictamen elaborado por la junta de reconocimientos médicos y el acto administrativo dictado por el director nacional de Gendarmería Nacional comportan manifestaciones estatales ilegítimas ya que carecen de motivación.
Por consiguiente, la sala declara la nulidad de la resolución impugnada y reconoce el derecho del actor a percibir el haber de retiro con arreglo al artículo 96, inciso 'b', apartado 1, de la ley 19.349, que establece ese derecho en caso de retiro obligatorio producido "por inutilización producida por actos del servicio".
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