La obligación del empleador de entregar al trabajador el certificado de trabajo es de naturaleza contractual y, sea de dar o de hacer, el cumplimiento de la misma se encuentra entre las previstas por el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo".
El certificado que contempla el inc. "g" del artículo 12 de la Ley Regulatoria de la Seguridad y Previsión Social es distinto al que menciona el artículo 80 de la LCT. En primer lugar poseen distinta previsión normativa, luego tiene disímil objeto aunque comparten una misma finalidad última de amparo integral del trabajador, pues mientras que el de la LCT tiende a integrar los antecedentes del trabajador para su vida laboral, el segundo apunta a la gestión del beneficio, además este último se agota con su presentación ante el organismo previsional. Debe quedar en claro que se trata de dos cosas, o mejor dicho de dos certificados sobre hechos diferentes, ya que uno concierne al ingreso de aportes y contribuciones a las cajas previsionales y a los organismos sindicales o de seguridad social, mientras que el otro concierne específicamente al tiempo de trabajo y sus modalidades, amén de los aportes hechos por el empleado y contribuciones hechas por el empleador.
En materia de previsión social la única figura existente es la denominada prescripción liberatoria que impide el ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de la obligación. Sin embargo el legislador por aplicación de las directivas del artículo 14 bis ha impuesto la imprescriptibilidad del derecho a los beneficios acordado por las leyes de jubilación y pensiones cualesquiera fueren su naturaleza y titular. Por ello el transcurso del tiempo no podrá extinguir la acción tendiente a reclamar un derecho jubilatorio o de pensión por parte de quien le corresponda dicho derecho (art. 82 de la Ley N° 18.037, no derogado por la Ley N° 24.241). Ello sin perjuicio de la prescripción de los haberes que le pudieran corresponder al interesado, desde el nacimiento del derecho hasta que se presente a reclamar el mismo, aquéllos prescriben en los plazos y condiciones que fija la precitada norma legal.
Voy a disentir con las magistradas de grado lo será en cuanto aquellas concluyen que igual plazo o término de prescripción alcanza a la obligación de entregar las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación, pues a mi juicio la misma no es de naturaleza contractual sino que se trata de una obligación de carácter previsional derivada de la relación laboral. Lo referente a esta documentación excede, notoriamente, el ámbito del Derecho del Trabajo y le pertenece al Derecho Previsional, lo que lo hace ajeno a las previsiones del artículo 256 de la LCT.
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