Ajuste por inflación. Aplicación. Pericia contable. Confiscatoriedad.
Llegan los autos a esta Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos por ambas partes de la contienda en oposición a la sentencia que: 1°) hace lugar a la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por Meyer SACIF contra la Administración Federal de Ingresos Públicos —AFIP-DGI—, tornando definitiva la medida cautelar innovativa oportunamente decretada en autos, y, autorizando a la empresa actora a confeccionar su declaración jurada con respecto al impuesto a las ganancias respecto del ejercicio fiscal cerrado al 30 de junio de 2017, haciendo aplicación del régimen de “ajuste por inflación” para entonces vigente contemplado en la ley de impuesto a las ganancias —arts. 94 y ss. ley 20.628—, sin la aplicación del art. 39 de la ley 24.073, del art. 5 de la ley 25.561 (en cuanto modifica el art. 10 de la ley 23.928) y del art. 5 del decreto 214/2003 y de toda otra norma legal o reglamentaria, en cuanto así lo impidan; 2°) impone las costas del presente proceso en el orden causado en atención a la complejidad de la materia y a la forma en que se resuelve (art. 68 párrafo 2° Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Dicho informe, analizado en función de la doctrina del Alto Tribunal, me lleva a la conclusión de que, en este caso en particular, se ha logrado acreditar —de manera categórica— que la privación del mecanismo de ajuste por inflación en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias afecta a principios y derechos de raigambre constitucional, pues en caso de no aplicarse el Ajuste por Inflación, la alícuota efectiva de impuesto superaría el 35%. En síntesis, a efectos de preservar la integridad de los derechos constitucionales del accionante, encuentro aplicable al caso de autos el sistema de ajuste por inflación.
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