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NOTA: El Tribunal Fiscal negó la responsabilidad solidaria del trabajador sobre Ganancias

EN UNA CAUSA POR NO RETENCIÓN LE DIJO A LA AFIP QUE VAYA SOBRE LA EMPLEADORA

El Tribunal Fiscal negó la responsabilidad solidaria del trabajador sobre Ganancias

El Tribunal Fiscal dejó de lado la obligación de una empleada de inscribirse y pagar la diferencia en un caso en que el empleador no retuvo todo el Impuesto a las Ganancias.
DOLORES OLVEIRA Buenos Aires
El Tribunal Fiscal de la Nación determinó en una sentencia que la AFIP debe ir contra el empleador y no contra el empleado, en un caso en que no se practicó una retención de Impuesto a las Ganancias sobre el sueldo, a pesar de que las normas dicen que el trabajador es solidariamente responsable.
El Tribunal Fiscal en su Sala D falló en el caso “Daniele, Carla Julia s/recurso de apelación”, sobre una cuestión en la que se debatía si estaban gravados o no gastos protocolares de una empleada de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.
En 1995, La Ley 24.475 incorporó dos artículos a continuación del 99 de la Ley de Impuesto a las Ganancias por los que se eliminan todas las exenciones sobre los salarios “en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualesquiera fuere la denominación asignada”, y se aclara que están gravados todos los beneficios sociales u otros que otorgue el empleador.
“Esto fue tan así que ese año salió esa moratoria para permitir a los agentes de recaudación regularizar esas omisiones”, recordó Carlos Fernández, de Crowe Horwath, y añadió que, sin embargo, el Congreso decidió por la Ley 24.686 conservar la autoridad para determinar qué conceptos están sujetos al Impuesto a las Ganancias para los legisladores y los empleados del cuerpo. En igual sentido, el Poder Legislativo de Santa Fe emitió una norma más amplia que la nacional, excluyendo más ítems de la base, puntualizó.

En este marco, a Daniele, que era una empleada de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, no le hicieron retenciones sobre ciertos gastos protocolares, porque la empleadora entendió que el Decreto provincial tenía la misma entidad que la decisión del Congreso nacional, aunque se excedía de lo que ella establecía.

Luego, la AFIP le hizo una determinación de oficio a Daniele por el Impuesto a las Ganancias no declarado sobre los gastos protocolares, le liquida intereses resarcitorios y le aplica una multa equivalente al 80% del gravamen dejado de ingresar en los años 2000 a 2002. La mujer apela al Tribunal Fiscal.

“Lo que sorprende del fallo es que no le dan la razón a la AFIP y le dicen a la AFIP que no debería haber determinado a Daniele, sino a la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, porque el contribuyente está excluido de toda responsabilidad”, dijo Fernández.

Para la Sala D, del Tribunal, el que está obligado por Ley de Procedimientos a retener y por negligencia no lo hace, disponiendo de los fondos, es el empleador. Y esto a pesar de que la Resolución 2437 que regula todo lo atinente al sistema retentivo al trabajo en relación de dependencia, dice que el empleado cuando el empleador no le retiene es solidariamente responsable de inscribirse y pagar la diferencia.

Tuvo en cuenta en que el Estado es al mismo tiempo empleador y el que dicta las normas.
 

NOTA: La situación financiera de Anses y la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

POR MARCELO CAPELLO, GUSTAVO DIARTE Y GERARDO GARCÍA ORO (*)
La situación financiera de Anses y la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
 
Publicado el 02/07/2013 - Con una relación de sólo 1,7 trabajadores activos por cada pasivo, el superávit de la Anses se explica por los recursos tributarios que se detraen del Tesoro Nacional (1,8% del PIB) y de las Provincias (2,6% del PIB).
En los últimos años la participación en las funciones de gasto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ha incrementado, tanto por mayores erogaciones en el plano de la previsión y asistencia social, como por la creación de nuevas funciones de gasto.
Dentro del primer componente planteado se encuentra la ampliación del universo de cobertura jubilatoria (a través de las moratorias previsionales) y la creación de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.
En el segundo plano se encuentran gastos no vinculados directamente con las prestaciones de jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares o las prestaciones por desempleo. Entre ellos, programas como el Conectar Igualdad (que instrumenta la entrega de netbooks en escuelas públicas), el Pro.cre.ar (financiado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, para otorgar créditos hipotecarios) y el programa Argenta (política de créditos para jubilados y pensionados nacionales, financiado también con recursos del FGS de la ANSES).
Frente a esta creciente participación de la ANSES en el financiamiento de nuevos programas de gobierno, resulta interesante indagar sobre la evolución de las principales variables previsionales, como las referidas a la relación entre activos y pasivos y la evolución del resultado financiero de la ANSES.
La relación entre activos y pasivos del sistema
El sistema de Seguridad Social Nacional está configurado bajo un régimen de reparto, el cual implica un contrato intergeneracional por el cual los trabajadores activos realizan aportes en función de sus ingresos, los cuales son utilizados para financiar los haberes de los ciudadanos que concluyeron su vida laboral (principalmente por razones de edad) y las demás prestaciones propias de la cobertura de seguridad social de la población. En términos fiscales, el aporte presente genera una deuda implícita relacionada con la obligación de financiar en el futuro las prestaciones que le corresponderán a los actuales trabajadores activos y su entorno familiar.
Sin embargo, resulta una realidad que estos aportes y contribuciones no alcanzan a cubrir el total de erogaciones previsionales, básicamente por dos razones esenciales. En primer lugar, por cuanto existe una reducida relación entre la cantidad de aportantes y la de receptores de ingresos en el sistema, la cual se ubica en 1,7 activos por cada pasivo. Adicionalmente, si se computan las asignaciones universales por hijo que paga la ANSES, y se las transforma en jubilaciones equivalentes, la relación desciende a casi 1,6 activos por cada pasivo. En ambos casos, dicho ratio resulta significativamente inferior al que garantizaría que el sistema se sustente con los aportes de los actuales trabajadores activos, situación que requeriría de al menos 3 activos por cada pasivo.
Por otra parte, está el problema de la informalidad laboral. Esto es, aquellos trabajadores asalariados que no se encuentran registrados por su empleador, lo que implica que sobre aquellos no se realizan aportes personales ni contribuciones patronales al sistema de seguridad social.
La información da cuenta de que para el primer trimestre de 2013 el 32% de los asalariados se encuentran en esta situación. Este antecedente constituye una clara cuenta pendiente, tras una etapa favorable en materia de crecimiento económico sólo interrumpida por el impacto de la crisis financiera internacional en 2009 y algunas intermitencias ocurridas en 2012.
Si bien la informalidad laboral se contrajo desde casi un 50% en 2003 hasta el 32% actual, ha dejado de reducirse desde el año 2009, y alcanza aun a uno de cada tres asalariados.
Aporte de los Tesoros provinciales y nacional
Como se desprende del punto anterior, la baja relación activos / pasivos requiere que el sistema de jubilaciones nacionales cuente con una financiación mixta, que incluye aportes de carácter contributivos (aportes de los propios beneficiarios del sistema) como ingresos no contributivos, proveniente de las rentas generales del Estado.
En este sentido, cabe aclarar que un 37% de los ingresos de la ANSES en 2012 provinieron de los impuestos, es decir, que fueron aportados por el Tesoro Nacional y los Tesoros Provinciales, dado que dichos recursos se detraen del sistema de coparticipación federal de impuestos.
Dichas detracciones a la coparticipación federal de impuestos, para financiar el sistema nacional de seguridad social, insumieron el equivalente a 4,4% del PIB en los últimos 12 meses (abril de 2012 a marzo de 2013), de los cuales 2,6% del PIB fueron aportados por los gobiernos provinciales. Algunos de ellos recuperaran luego una porción de esos recursos por transferencias que realiza ANSES para financiar sus sistemas previsionales locales (o alternativamente, la ANSES se hace cargo de financiar el déficit de sus Cajas de Jubilaciones provinciales), pero eso no ocurre con todas las provincias (por ejemplo, desde 2012 no reciben recursos las provincias de Santa Fe y Córdoba).
Contabilizando los mencionados ingresos tributarios, la ANSES mostró en 2012 un superávit financiero equivalente a 1,1% del PIB. No obstante ello, si no se tienen en cuenta dichos recursos tributarios detraídos de la coparticipación (y sólo se computan los aportes y contribuciones a la seguridad social), la ANSES hubiese mostrado un déficit financiero del 3,4% del PIB en 2012, desequilibrio creciente desde 2009, y similar al que existía en 2003 y 2004.
Los aportes de las provincias para financiar al sistema de previsión social nacional superaron los $54 mil millones en el año 2012 y el estimado para 2013 es de $72 mil millones.
Resalta la importancia de las detracciones efectuadas en los [últimos 12 meses a los recursos que hubiesen correspondido a la provincias de Buenos Aires (más de $15 mil millones), Córdoba y Santa Fe (alrededor de $6,2 mil millones en ambos casos). Estas dos últimas mantienen una tensa relación con la ANSES por el conflicto relacionado al financiamiento de los déficits de sus organismos provinciales no transferidos, en función de los convenios de armonización previsional acordados con el organismo nacional. Esto es, aportan algo más de $6 mil millones anuales para financiar la ANSES, pero no reciben de ésta recursos que ayuden a financiar los déficit de sus sistemas locales de previsión social.
Nuevos beneficiarios del sistema
Como antes se mencionó, el sistema de seguridad social nacional incorporó masivamente nuevos beneficiarios en los últimos años, a través del régimen de moratorias previsionales, lo cual se pudo realizar básicamente por tres motivos: 1) Crecimiento de la recaudación previsional desde 2003, por mayor empleo y mejores salarios, e inicialmente también por alguna reducción en los niveles de informalidad laboral. Así, la recaudación por aportes y contribuciones subió desde un 3,3% del PIB en 2003 al 7,9% en 2012;
2) Crecimiento en la recaudación tributaria que se asigna a la ANSES, que se detrae de la coparticipación federal de impuestos, que pasó de representar 2,7% del PIB en 2003 a 4,3% en 2012.
3) Actualización incompleta de las jubilaciones mayores a la mínima tras la devaluación de 2002, de modo que se está momentáneamente evitando pagar mayores jubilaciones a una porción de los jubilados (hasta tanto dicha situación se normalice y se reconozca una deuda previsional que ahora resulta implícita).
Evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad constituye la reserva de recursos de la ANSES para financiar las jubilaciones del futuro. Está formado por los fondos que antes administraban las AFJP. Para cumplir con su cometido, dicho fondo debiera aumentar nominalmente en el tiempo al ritmo de los haberes jubilatorios, de modo de garantizar el pago de jubilaciones futuras. Ello se vuelve más importante en una economía con inflación, en que si las inversiones del FGS no siguen a la par a la suba de precios, el fondo tiende a desvalorizarse en el tiempo.
En términos nominales, se observa un crecimiento acumulado del 234% en el FGS a partir de su administración por parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en diciembre de 2008, alcanzando un valor de $264.861 millones a marzo de 2013. Mostró un importante incremento en el primer trimestre del año, luego de un deficiente desempeño en igual periodo del año pasado.
En términos reales, el FGS muestra a Marzo de 2013 un nivel 47% superior al momento de la estatización de los fondos de las AFJP, aunque este valor resulta 6,4% inferior al mayor valor alcanzado en diciembre de 2010. Luego de este máximo logrado por la buena performance observada por las acciones y títulos de deuda locales, el FGS fue perdiendo valor en términos reales ($11.051 millones en 21 meses) hasta alcanzar un mínimo entre agosto y septiembre de 2012. A partir de dicho momento se observó una recuperación producto de la buena rentabilidad alcanzada por los títulos de deuda y acciones que administra el FGS en el último trimestre de 2012 y primero de 2013, recuperando $5.224 millones en valores constantes desde el mínimo mencionado.
No obstante lo anterior, es importante destacar que a partir de marzo de 2013 tanto las acciones líderes del MERVAL como los principales títulos de deuda soberana entraron en una tendencia decreciente, explicado en una primera instancia por la toma de ganancias y luego influenciado por el entorno de incertidumbre institucional de los últimos meses, de modo que podría volver a la evolución negativa en términos reales el segundo trimestre de 2013.
El efecto de la pérdida de valor en términos relativos del FGS, respecto a valores del año 2010, también puede observarse si la comparación se realiza en términos del PBI.
No obstante, en los dos últimos trimestres dicho ratio recupera alguna participación, luego de pasar por varios meses de declive, aunque sin recuperar todavía el valor máximo alcanzado a finales de 2010.
No obstante lo analizado, si bien aun no se dispone de información oficial de la ANSES acerca de la evolución del FGS en el segundo trimestre de 2013, desde el mes de mayo tanto la ANSES como el Banco Nación se habrían desprendido de una proporción de títulos cercana al 20%, en pos de reducir el valor del llamado dólar fuga (contado con liqui).
Entre los objetivos del FGS se destaca la finalidad de atenuar impactos financieros negativos sobre el sistema de previsión nacional, respondiendo si fuera necesario a las obligaciones de gastos mensuales de la ANSES relacionadas al pago de jubilaciones y pensiones. Resulta interesante por tanto analizar la capacidad de responder ante estas obligaciones y su evolución en el tiempo. Considerando la relación entre el monto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el acumulado de las erogaciones en concepto de Seguridad Social por doce meses, se tiene que la misma asciende a 94% con el último dato de 2013, contra un 136% en octubre de 2009, el máximo valor de la serie.
La última cifra indica que con el FGS actual podrían pagarse aproximadamente 11 meses de jubilaciones, si se lo usara en forma exclusiva con ese destino, cuando a fines de 2009 podrían haberse abonado más de 16 meses de jubilaciones. Resulta clara la pérdida de capacidad del FGS para pagar jubilaciones en el tiempo, en un contexto de inflación elevada e inversiones que logran rendimientos por debajo de la tasa de inflación, licuando el valor del activo en el tiempo. No obstante, se observa una ligera recuperación en este indicador en los primeros meses de 2013. l
(*) economistas, Fundación Mediterránea
 

NOTA: El Gobierno emite letras y bonos por unos u$s791,5 millones

El Gobierno emite letras y bonos por unos u$s791,5 millones
 
Las dos letras del Tesoro fueron colocadas en dólares y a un año de plazo, mientras que los dos bonos fueron nominados en pesos.
Argentina informó el miércoles que emitió letras en dólares y bonos en pesos por un total de unos u$s791,5 millones, según el Boletín Oficial.
Las dos Letras del Tesoro por un total de u$s466,7 millones fueron colocadas en forma directa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsonal Argentino.

El primero de los títulos, por u$s350,1 millones, se colocó a un plazo de 365 días con fecha de emisión 19 de abril de 2013. Y el segundo, por u$s116,6 millones a 364 días, tiene fecha de emisión el 23 de abril de 2013.

Por su parte, la emisión de dos 'Bonos del Tesoro Nacional en Pesos 2016' totaliza unos $1.735 millones, representativos de unos 324,8 millones de dólares, según informa la agencia noticiosa Reuters.

Los bonos corresponden a una emisión por $985 millones con fecha de emisión 1 de junio de 2012 y vencimiento 1 de diciembre de 2016, y la ampliación de otra por $750 millones con fecha de emisión 4 de septiembre de 2012.

De esta manera, el Gobierno vuelve a acudir a entidades oficiales para acceder a fondos que le permitan cumplir con sus obligaciones financieras
 

NOTA: La AFIP incrementa un 26% sus fiscalizaciones en el país

La AFIP incrementa un 26% sus fiscalizaciones en el país
BUENOS AIRES.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo durante 2012 algo más de 771.600 fiscalizaciones y acciones de control en materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social, lo que representó un aumento del 26,2% con relación al ejercicio anterior. En cuanto a los montos por ajustes de fiscalización, cabe destacar que se obtuvo un crecimiento interanual que alcanzó el 34,5%, informó la AFIP a través de un comunicado de prensa.

Para el titular del organismo, Ricardo Echegaray, estos incrementos "se generaron a partir de la aplicación integral y conjunta de los diversos tipos de fiscalizaciones" tanto en lo que hace a impuestos, comercio exterior, como recursos de la seguridad social. El funcionario precisó luego que se finalizaron 584.668 acciones de fiscalización en materia impositiva y de seguridad social un 13,6% por sobre el ejercicio 2011. (Télam)

NOTA: La ANSES no renueva plazos fijos y presiona para que suban las tasas

La ANSES no renueva plazos fijos y presiona para que suban las tasas
19-06-2013 Lo hizo para obligarles a los bancos privados a pagar más por los depósitos. El BCRA volvió a subir el retorno que pagan las Lebac un 0,25%
La ANSES no renovó los plazos fijos que vencían ayer a la banca privada para restar liquidez a las entidades y tirar para arriba la tasa de interés de los depósitos a plazo. La quita de fondos coincidió con la licitación de letras que realiza semanalmente el Banco Central, en la cual también se convalidó una suba de 25 puntos básicos.

Fuentes oficiales confirmaron las operaciones y adelantaron que los retiros continuarían en el futuro: "Esto sigue para adelante según cómo evolucione la Badlar", dijeron.

Los bancos detectaron unos $400 millones en unas ocho entidades, pero se pudo confirmar que todas las entidades privadas que cuentan con depósitos de la ANSES fueron afectadas por la decisión. La quita fue tal que un banco de primera línea que se fondea con ahorristas minoristas ayer aceptó pagar por fondos institucionales.

NOTA: Argentina y Francia firmaron acuerdo sobre seguridad social

Argentina y Francia firmaron acuerdo sobre seguridad social

El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y el embajador de Francia, Jean Pierre Asvazadourian, firmaron un acuerdo administrativo para la aplicación del convenio de Seguridad Social entre Francia y Argentina en la sede de la cartera laboral.

Este acuerdo tiene como finalidad reglamentar dicho convenio a través del cual se garantiza el efectivo derecho de acceso a la seguridad social a los trabajadores migrantes de los países firmantes.

Ambos funcionarios destacaron el compromiso de realizar de manera conjunta las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la seguridad social, y de esta manera, se pretende lograr igualdad de trato entre las personas de distintas nacionalidades, permitiendo al mismo tiempo el cómputo reciproco de la totalidad de los servicios que el trabajador haya prestado en los mismos.

Con fecha 22 de Septiembre de 2008, se suscribió el convenio entre la República Argentina y la República de Francia, ratificado por el Congreso Nacional en junio de 2012 mediante la ley Nº 26.752 que entró en vigencia el 1 de Noviembre del mismo año.

Las personas beneficiarias son, en su mayoría, aquellos trabajadores que dentro de su historia laboral tienen aportes en distintos países, ya sea como trabajadores en relación de dependencia o como autónomos; también están incluidos los trabajadores que hubieran sido trasladados temporalmente. Estos beneficios incluyen asimismo a su grupo familiar o sus derechohabientes.

La Argentina ha firmado convenios de seguridad social con los siguientes países: Italia, España, Portugal, Chile, Perú, Grecia, Eslovenia, Colombia, Mercosur, Bélgica (en el Congreso pendiente de aprobación) Luxemburgo (en el Congreso pendiente de aprobación).

Estuvieron presentes el cónsul general, Patrick Flot; el primer secretario, Philippe Richou; y la subsecretaria de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, María de los Ángeles Taboada; y autoridades de ambos países.
 

NOTA: Un análisis de la rentabilidad del ahorro previsional

NOTA: Un análisis de la rentabilidad del ahorro previsional

Por: Sebastián Urbiztondo
La ANSES informó recientemente el desempeño del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al que incorporó la cartera de las ex AFJP luego de la contrarreforma previsional en 2008. Como de costumbre, la presentación es parcial y tendenciosa. Aparentemente, la utilización de los aportes previsionales antes dirigidos a las AFJP por parte de la ANSES para el pago de haberes previsionales a millones de personas (total o parcialmente) sin aportes previos, el pago de planes sociales (asignación universal por hijo, por embarazo, etc.), la asistencia al fisco y el financiamiento de obras públicas de dudosa rentabilidad económica estarían además acompañadas por resultados milagrosos en términos de rentabilidad del FGS.

Lamentablemente, en el mundo real la aplicación de criterios políticos para administrar recursos previsionales y/o su utilización para financiar gasto público (obviamente) reducen la disponibilidad de recursos previsionales futuros. En tal sentido, las preferencias sociales pueden explicar o justificar la contrarreforma de 2008 (de hecho votada por la inmensa mayoría de los legisladores en el Congreso), pero sería muy triste que no veamos los costos y sacrificios que ella impone hasta que nos estallen en la cara.

Lejos de pretender una evaluación exhaustiva de los costos detrás de la contrarreforma, esta nota propone reexaminar solamente cuál ha sido hasta aquí la rentabilidad del FGS. La primera fila del cuadro refleja los datos informados por ANSES, sobre los que se monta la propaganda oficial que enfatiza un aumento del valor del FGS del 170% respecto de su nivel al momento de la contrarreforma (diciembre de 2008), dando a entender que tal porcentaje refleja la elevadísima rentabilidad obtenida. Las siguientes filas del cuadro, sin embargo, muestran por qué tal propaganda es falsa.

• Las cifras oficiales están expresadas en pesos corrientes, de manera que descontando la inflación minorista medida por el INDEC se obtiene un crecimiento real del FGS del 82% desde diciembre de 2008; además, como en el semestre previo a la contrarreforma -en el contexto de la crisis financiera internacional- el valor de las carteras de las ex AFJP cayó en promedio un 20%, el FGS creció un 55% desde junio de 2008.

• Más seriamente, utilizando mediciones no oficiales de inflación -en torno al 20% promedio anual desde 2009- se concluye que en términos reales (sin las comillas esta vez) el FGS creció sólo un 18% desde diciembre de 2008 y que incluso cayó un 8% desde junio de ese a{p.

• Eliminando reintegros de capital al FGS realizados por ANSES desde 2009 (una pequeña parte -poco más de $ 9 mil millones hasta aquí- de los $ 1,2 mil millones mensuales de aportes personales que hasta 2008 eran recibidos por las AFJP), se concluye que la rentabilidad del stock de activos recibidos por ANSES tuvo un crecimiento real del 14% desde diciembre de 2008 y sufrió una contracción real del 12% desde junio de ese año.

• Aplicando la rentabilidad promedio efectivamente obtenida por los fondos de pensión de 8 países de América Latina, el FGS hubiera tenido una rentabilidad acumulada del 25% desde diciembre de 2008 y del 19% desde junio de ese año, esto es, entre 3 y 5 puntos anuales por encima de la rentabilidad lograda bajo la administración de la ANSES.

• Por último, considerando no sólo el stock de activos recibidos por la ANSES, sino también los fondos que mensualmente aportaban a dicho stock los afiliados a las ex AFJP antes de la contrarreforma, ésta representó una drástica reducción del ahorro previsional: de haberse integrado la totalidad de dichos aportes al FGS luego de la contrarreforma, y dejando lo demás igual, éste habría aumentado un 76% real desde diciembre de 2008 y un 36% real desde junio de igual año.

Pero además hay al menos dos elementos cualitativos del FGS muy preocupantes. Uno, que el 82% de su crecimiento nominal luego de la contrarreforma se concentra en 2 rubros (títulos públicos y proyectos productivos) de muy difícil (y poco transparente) valuación. Dos, que luego de la contrarreforma (pero no antes) las acciones privadas en cartera del FGS tuvieron una rentabilidad promedio significativamente menor que la del índice Merval25, dañando adicionalmente la rentabilidad del FGS desde 2009.

Conclusiones
En síntesis, el rendimiento real del FGS postcontrarreforma es muy bajo en términos absolutos, históricos y relativos al resto de América Latina. Más generalmente, el análisis anterior viene a demostrar lo obvio: utilizar los recursos previsionales para pagar gasto público, cualquiera sea su calidad y los fundamentos redistributivos esgrimidos, sí tiene costos. Una vez que se deje de lado la ficción de que la contrarreforma de 2008 representa una situación ganancia-ganancia por donde se la mire, los aspectos de eficiencia y justicia distributiva deberán re-examinarse en el contexto de los desafíos futuros que la contrarreforma plantea al sistema previsional. Sin engaños ni mentiras.
 

NOTA: Piden eximir de Ganancias a Jubilados y Pensionados

NOTA: Piden eximir de Ganancias a Jubilados y Pensionados
 
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se remitió una formal Actuación al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Dr. Juan Manuel Abal Medina y al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Dr. Carlos Tomada, proponiendo y peticionando que se impulsen las acciones urgentes y necesarias para “eximir del impuesto a las ganancias a Jubilados y Pensionados”.

Previamente se aclaró que se entiende como concepto de Ganancia a: … "Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles y su habilitación”. Como así también a: … "los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos,… y todo los que deriven de las demás sociedades o empresas o explotaciones unipersonales,… según lo establece la propia Ley del Impuesto a las Ganancias”.

A partir de la misma ya se debería excluir a los Jubilados del alcance de dichas retenciones ya que el Impuesto a las Ganancias solo tiene que gravar la ganancia, esto es el rendimiento, la renta o enriquecimiento y no el haber jubilatorio o la pensión, que son prestaciones de naturaleza previsional. (Ampliaremos)

NOTA: Argentina, ¿rumbo al default previsional?

Argentina, ¿rumbo al default previsional?

EL PREOCUPANTE AVANCE DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

Argentina, ¿rumbo al default previsional?
Desde hace varios años tiene lugar a nivel global una importante discusión entre Estados, sindicatos y diversas organizaciones sociales acerca de la imperiosa necesidad de aumentar la edad jubilatoria.
Tal discusión se fundamenta en los resultados obtenidos a partir de múltiples estudios realizados por organismos competentes en torno al crecimiento progresivo de la población envejecida que, tomando el período comprendido entre 1950 y 2050, concluyeron que el incremento de la curva de envejecimiento terminará superando, al final del mismo, a las de jóvenes y niños.
Si bien es cierto que las variaciones demográficas que están teniendo lugar en el planeta son realmente definitorias en varios aspectos, en lo inherente a la incidencia sobre las finanzas públicas, el envejecimiento poblacional parece ser lo que más preocupa a los gobernantes de casi todos los países.
Asimismo, se ha observado que están teniendo lugar cambios estructurales sustanciales, tanto como que la pirámide social se constituya a futuro de jóvenes y niños, mientras que en la base sólo habrá personas mayores de 65 años.
Este tipo de estructura nunca antes se había registrado en la historia de la humanidad, y las consecuencias no sólo se verán reflejadas en la familia, las relaciones y la calidad de vida, sino también en la economía, su desarrollo, los tipos de actividades laborales, el consumo, el ahorro, la inversión, jubilaciones, pensiones, subsidios, transferencias de capital, migraciones, entre otras.
Si bien desde la perspectiva política el fenómeno aparenta ser una buena noticia en tanto los adultos son quienes más atención prestan a campañas electorales y participan votando, el envejecimiento poblacional sumado al aumento de la perspectiva de vida que, paradójicamente se ha dado en la misma proporción en todo el globo, preocupa y mucho a los gobiernos por las erogaciones en las que debería incurrir a futuro como producto de una mayor cantidad de beneficiarios jubilados y pensionados, lo que les reduciría sus posibilidades de contar con mayor cantidad de recursos para “otros” fines. Paralelamente, por supuesto, la tasa del PEA (población económicamente activa) bajaría drásticamente, lo que produciría un fuerte impacto en las economías mundiales también.
A partir de investigaciones realizadas por la ONU en nuestro país, se llegó a la conclusión de que estamos entre las poblaciones más envejecidas de América Latina.
Este dato surge de la relación que ese organismo hace otorgando más de un 7% del total de la población con edades superiores a los 60 años para considerarla sociedad envejecida, y sabiendo que en Argentina el último censo dio un promedio de 13,7% de personas con más de 60 años. Es decir que hacia el 2050 tendremos cerca de un 30% aproximadamente de ciudadanos que superará esa edad.
Argentina entonces, atraviesa por una situación bastante compleja frente a la posibilidad de tener que afrontar económicamente el incremento de la cantidad de trabajadores en edad de jubilarse.
Si bien hoy, aproximadamente el 15% de los argentinos supera los 60 años, todo indicaría que en una década mas o menos, ese porcentaje se posicionaría 10 puntos mas arriba, lo que presentaría un escenario bastante difícil de sostener en el contexto fiscal que actualmente presenta el país por la relación entre trabajadores que efectivamente aportan y los jubilados.
En la actualidad, existen mas de 5 millones de personas que perciben jubilaciones o pensiones, y menos de 9 millones de trabajadores que aportan efectivamente a la Caja de Seguridad, haciendo una relación inferior a los 2 puntos entre activos y pasivos a lo que debe agregarse el pago de la Asignación Universal por Hijo que la reduce aún mas, siendo que el sistema solo podría autoabastecerse si la relación fuera de 3 activos por cada pasivo.
A cinco años de la estatización del sistema provisional, el Gobierno ha utilizado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional para sostener el exorbitante gasto público en el que incurre, a través de créditos que probablemente nunca puedan ser reintegrados.
Además, los juicios iniciados contra la Anses, que en algún momento deberán pagarse, ya superan los 500 mil.
Concluyendo, hay cada vez más jubilados y beneficiarios de planes sociales solventados con fondos previsionales y menos aportantes al sistema de manera genuina, por lo que la diferencia se cubre con recursos fiscales restados a las provincias en el marco de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
En este contexto, no son pocos los analistas convencidos de que el sistema ya ha colapsado y ha entrado en default, alejando cada vez mas las esperanzas de quienes anhelan que el 82% móvil pueda convertirse en ley algún día.
Nidia Osimani
 
PUBLICADO EN:http://periodicotribuna.com.ar/14524-argentina-rumbo-al-default-previsional.html

NOTA: AFJP: ¿Guiño de la Corte para la devolución de los aportes voluntarios?

AFJP: ¿Guiño de la Corte para la devolución de los aportes voluntarios?
 
Lucas A. Piaggio Abogado
En un reciente fallo de la Corte Suprema (causa ‘Rossi’) se rechazó la restitución a los ex afiliados al régimen de Capitalización de los aportes obligatorios que habían realizado hasta que fueron transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, lo que tuvo lugar al sancionarse la ley 26425 que creó el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA).
El Máximo Tribunal sostuvo, por un lado, que los afiliados no tenían derecho adquirido al mantenimiento de aquel régimen, ya que la posibilidad de acceder a sus beneficios cumpliendo los requisitos allí previstos (menos exigentes –v. gr. en materia de edad– que en la nueva ley), era una mera posibilidad que no necesariamente se iba a concretar. Por otro lado, negó que los afiliados sean ‘propietarios’ de sus ahorros previsionales, dado que eran aportes realizados obligatoriamente al sistema de seguridad social, siendo que lo importante en esta materia es el destino de tales aportaciones (otorgar prestaciones previsionales), cosa que también se va a dar en el SIPA.
Con relación a lo primero, la Corte sigue su tradicional distinción entre ‘derechos adquiridos’ y ‘derechos en expectativa’: hasta que un trabajador no cumpla los requisitos para acceder a una prestación previsional, pueden modificarse a su respecto las normas que la regulan, sin afectarse derechos adquiridos. Sorprende, en cambio, que se niegue la propiedad de los ahorros previsionales, no solamente porque ello estaba previsto en la ley 24241, que decía que el fondo de jubilaciones y pensiones pertenecía a los afiliados (arts. 82 y 85), sino porque el concepto constitucional de propiedad, delineado por la misma Corte en el leading case ‘Bourdieu’ (Fallos 145:307), es amplio y abarca “todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad.” Tal propiedad sobre el fondo no era –claro está– el típico derecho de dominio del Código Civil, que permite al dueño disponer libremente de su cosa. Los trabajadores no podían, por ejemplo, extraer dinero de su cuenta de capitalización. Pero aquel activo era un patrimonio fiduciario administrado por las AFJP en beneficio de los afiliados con un objetivo determinado: el pago de beneficios.
Si bien la Corte destaca que esta finalidad se sigue dando en el SIPA, cabe lamentar que el cambio de régimen no importe simplemente una sustitución del administrador de los ahorros previsionales, que pudieron haber quedado bajo la titularidad de sus legítimos dueños (los aportantes). La reforma implica que los fondos de los afiliados pasen a integrar una masa uniforme, el FGS, que forma parte del erario público (bajo el eufemismo de su pertenencia ‘al SIPA’). Se diluye así la propiedad de los trabajadores, sin la debida compensación exigida por el art. 17 de la Carta Magna.
También es discutible el argumento desarrollado por el Tribunal en cuanto a que el origen obligatorio de los aportes impide el reconocimiento del derecho de propiedad de los aportantes. Hay otros ejemplos de prestaciones obligatorias, que no hacen mella sobre la propiedad que se deriva de su realización. Verbigracia, quien suscribió un ‘empréstito forzoso’ siempre conserva el derecho patrimonial a exigir la devolución del dinero prestado al Estado.
Con todo, cabe interpretar estas consideraciones de la Corte como una señal favorable a la restitución de los aportes ‘voluntarios’ realizados por ex afiliados a las AFJP, que es el otro tema que debe resolver ese tribunal. Es que a contrario sensu se estaría sugiriendo que los aportes no compulsivos sí son de propiedad de sus aportantes (como lo viene reconociendo el fuero de la Seguridad Social), y deben ser devueltos a los trabajadores.
 

NOTA: Uso indebido de los ahorros jubilatorios

Uso indebido de los ahorros jubilatorios

Como ocurre con las políticas energética y ferroviaria, la Anses sigue empecinada en continuar minando el bienestar de los futuros jubilados.
Más de una vez se llamó la atención desde esta columna sobre la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para fines que debilitan el objetivo de solventar futuras jubilaciones. Este Fondo proviene de la confiscación de los ahorros acumulados durante 13 años por los aportantes al suprimido sistema de capitalización en 2008. En aquel régimen, cada peso aportado se acumulaba en cuentas individuales. La inversión de este dinero respondía a pautas determinadas y su rendimiento engrosaba los ahorros para el día del día del retiro o jubilación.
Más allá de las críticas que el sistema pudo merecer debido al costo de las comisiones, su estatización implicó la pérdida de identidad de los titulares de los aportes contra la promesa de responder en un futuro a la jubilación o pensión que corresponda. El pasado y el presente ya nos han mostrado cuál es el resultado final de dicha promesa: un beneficio que no guarda ninguna relación con el esfuerzo realizado por los contribuyentes y que es pagado por el Gobierno cuando quiere y como quiere.
Al estatizar las AFJP el fisco se benefició con una suma acumulada de 100.400 millones de pesos y, desde entonces, los aportes jubilatorios se canalizaron hacia la Anses. La confiscación incluyó no sólo los fondos por aportes ordinarios sino también los extraordinarios, sin ningún reconocimiento de su propiedad.
Este bálsamo financiero para la Anses no motivó, sin embargo, al gobierno nacional a quitarle la adjudicación del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que le había sido asignada cuando, al crear el sistema de capitalización, en 1995, se redujeron aportes al reparto sin quitarles la responsabilidad de pagar a los jubilados ya existentes. De esta forma, la Anses con su FGS se transformó en una caja importante y tentadora para el gobierno nacional, a la que ha recurrido a diestra y siniestra sin preocuparse por el futuro de los aportantes.
Así, el FGS se dedicó en los últimos años a invertir en títulos públicos para solventar el déficit fiscal, justamente una de las críticas con las que el Gobierno había incautado los fondos en 2008. De esa manera aumentó la proporción de títulos públicos desde la ya enorme cifra de 60 por ciento en 2008 hasta un 64 por ciento en la actualidad. El aporte para proyectos estatales de más que dudosa capacidad de repago creció desde 2200 millones de pesos en 2008 a 32.200 millones actualmente. Y en sentido inverso las colocaciones de dinero efectivo en plazo fijo en los últimos 18 meses cayeron de 25.800 a 15.040 millones de pesos.
El uso político de los fondos del FGS ha sido indudable. Y como no podía ser de otra manera, se tradujo en un claro perjuicio económico para los beneficiarios futuros de ese dinero. La rentabilidad del FGS en el período que va desde diciembre de 2008 a diciembre de 2012 acumuló una cifra aparentemente impresionante de 130.964 millones de pesos por sobre el capital original de 100.400 millones vigentes al inicio del FGS. Sin embargo, al realizar las cuentas ajustando dicho retorno por la inflación observada durante ese período, resultaría que el retorno neto de inflación habría totalizado apenas un 1,7 por ciento anual.
En las últimas semanas, la Anses estaría utilizando los títulos públicos del FGS para operar en el mercado con la finalidad de reducir la cotización del dólar paralelo o blue. No hay información oficial acerca de esta operatoria ni tampoco de los montos involucrados, pero está claro que sería una utilización artificiosa e indebida del Fondo. La modalidad de esta operatoria es la venta local en pesos de estos bonos que cotizan en dólares en el exterior, al menor precio posible. Al no alterarse su cotización en dólares, se reduce el arbitraje en pesos por dólar en la operación de "contado con liquidación" y ello arrastra hacia abajo la cotización del dólar blue.
El Gobierno estaría logrando de esta manera una reducción de la brecha cambiaria que amenazaba desbordarlo y que trae consecuencias sobre el nivel de reservas y la inflación. Si bien el FGS tiene suficientes bonos para continuar con esta operación, finalmente el mercado vencerá y en el camino habrán perdido quienes tienen su futuro ligado al mejor rendimiento de estos fondos.
Al venderle bonos a los precios actuales, la Anses está transfiriendo sus tenencias al sector privado en niveles de rendimiento de los títulos públicos cercanos al 16 por ciento anual. Esto significa que el sector público argentino consolidado está realizando emisiones de deuda en niveles de tasa de interés que más que cuadruplican los niveles inferiores al 4 por ciento a los que emiten, por ejemplo, Brasil y Colombia, y que más que triplican las tasas inferiores al 5 por ciento a las que se han endeudado Bolivia y Paraguay.
Para un gobierno que se ha vanagloriado de resistirse a convalidar las tasas de interés "usurarias" del 8 o 9 por ciento, a las que habría podido endeudarse en 2010 y 2011 aun al costo de financiar su déficit público emitiendo dinero y alimentando la hoguera de la inflación, la actual decisión de aumentar la deuda neta de la Argentina a tasas del 16 por ciento no puede sino llamar la atención y debería ser motivo de un análisis tanto por parte del Congreso como eventualmente por parte de la Justicia.
Desde que los fondos previsionales han sido desviados desde las administradoras de fondos privadas hacia la Anses, el rendimiento de los éstos ha caído en forma notable, producto de su inversión con fines políticos que no buscan proteger a los futuros jubilados. Como con la política energética, el manejo de los trenes, la política agropecuaria y la inflación, la Anses también da muestras de contribuir a minar el bienestar futuro de los argentinos..
 

NOTA: En menos de seis meses el Gobierno emitió deuda por $23.000 millones

En menos de seis meses el Gobierno emitió deuda por $23.000 millones
El Boletín Oficial da cuenta hoy de colocaciones de deuda por $1.735 millones y u$s466 millones, a través de la emisión y ampliación de un Bono del Tesoro en pesos y dos Letras del Tesoro 

En menos de seis meses el Gobierno emitió deuda por $23.000 millones


Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda


A través de tres resoluciones conjuntas de las secretarías de Hacienda y Finanzas, con las firmas de los titulares de esas áreas, Juan Carlos Pezoa y Adrián Cosentino, respectivamente, se colocó deuda en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional.
Por medio de las resoluciones conjuntas 255/12 y 144/13, de la Secretaría de Hacienda, y 66/12 y 25/13, de la de Finanzas, se dispuso la emisión de un BONTE con vencimiento en el 2016 por $985 millones y su ampliación por otros $750 millones.
De esa forma, la emisión de deuda, tanto a través de bonos del Tesoro como por suscripción de letras de organismos públicos, en lo que va de 2013, llega a $23.293 millones, tomando al dólar al cambio del mercado formal.
Además de los últimos instrumentos, se colocaron letras en dólares por $2.334,9 millones (Banco Central) y $382,7 M (Banco Nación).
En pesos, hubo dos letras de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por $1.800 millones y $598,5 millones, una de $880 millones del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, $160 millones de Lotería Nacional y $1.083 millones del FGS.
Los títulos vencen entre lo que resta de 2013 y 2016.


publicado en: http://www.infobae.com/notas/716280-En-menos-de-seis-meses-el-Gobierno-emitio-deuda-por-23000-millones.html

NOTA: Contribución de las medidas proactivas y preventivas al establecimiento de sistemas de seguridad social más eficaces

Contribución de las medidas proactivas y preventivas al establecimiento de sistemas de seguridad social más eficaces
Una institución belga y una institución italiana distinguidas por el Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Europa 2013
Photo: Office National de l'Emploi (ONEM), Belgique
El viejo dicho "más vale prevenir que curar" debería ser el lema de todos los aspectos de la seguridad social, no solo en el área médica o en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. La promoción de una cultura proactiva y preventiva más amplia está ganando constantemente credibilidad en los sistemas de seguridad social, lo que queda demostrado por las buenas prácticas presentadas por las organizaciones miembros de la AISS en el contexto del Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Europa 2013: se han aplicado medidas proactivas y preventivas en el ámbito del desempleo, las pensiones y las prestaciones familiares así como en las esferas de la salud y los accidentes de trabajo.

En el marco del Premio de Buenas Prácticas para Europa 2013, el jurado independiente e internacional decidió designar dos ganadores. El premio se concedió a las buenas prácticas de la Oficina Nacional del Empleo de Bélgica y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo de Italia, ya que se consideró que ambos merecían el premio. Ambos son también excelentes ejemplos de enfoques proactivos y preventivos en sus respectivos ámbitos.

Bélgica: Estrategia proactiva para reducir el desempleo a largo plazo y aumentar el empleo
Desde 2002, la Oficina Nacional de Empleo de Bélgica ha aplicado progresivamente una serie de medidas dirigidas específicamente a reducir el número de personas que se convierten en desempleados a largo plazo y a invertir la tendencia hacia un mayor desempleo. En Bélgica, el derecho a la prestación por desempleo no está limitada en el tiempo y, por consiguiente, a menos que se fomenten activamente la reintegración y la participación en el mercado de trabajo, existe el riesgo de que las personas caigan en el desempleo a largo plazo, lo que tendría repercusiones negativas en el desempleado, así como en la situación financiera del régimen de desempleo.

Medidas adoptadas
- Aumento a 60 o 65 años la edad a la que un solicitante de empleo debe registrarse (según la tasa de desempleo efectiva en la región donde vive la persona desempleada).
- Reducción de las cotizaciones patronales a la seguridad social y del subsidio para prestaciones uniformes durante un máximo de tres años con el fin de alentar a las empresas privadas a contratar a los esempleados de larga duración.
- Aplicación del sistema de bonos simples, que incluye una subvención pública para fomentar el empleo en el sector de los servicios poco cualificados.
- Apoyo a los solicitantes de empleo y plan de seguimiento para prestar asistencia en la búsqueda de empleo y entrevistas de evaluación más frecuentes, especialmente para los jóvenes.
- Introducción de un requisito para las empresas en proceso de reestructuración de establecer una unidad de empleo que apoye a los trabajadores despedidos.
- El régimen de desempleo parcial se ha reforzado para evitar la suspensión de contratos de trabajo y permitir la introducción del trabajo parcial en casos de escasez de trabajo temporal por razones económicas.

Resultados concretos
Esa serie de medidas se ha traducido, entre otras cosas, en la creación de 160.000 puestos de trabajo en el sector de los servicios; 10.000 pasantías adicionales para trabajadores jóvenes poco cualificados; la notable reducción de la tasa de desempleo en Bélgica respecto del promedio de Europa; y la disminución de la tasa de desempleo a largo plazo en Bélgica entre 2008 y 2012 a pesar de la crisis financiera y económica.

Italia: Enfoque integral y coherente de promoción de la salud y la seguridad en el trabajo
Photo: Bart Bernardes



El Instituto Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo de Italia ha instituido un enfoque exhaustivo destinado a alentar a las empresas a que inviertan en medidas de prevención con el fin de reducir los costos directos e indirectos de los accidentes en el lugar de trabajo y promover una cultura de la prevención en un público más amplio.

Incentivos para alentar a las empresas a invertir en la prevención
Uno de los principales elementos de este enfoque integral es la cofinanciación de hasta el 50 por ciento de la inversión de la empresa en cambios estructurales, tales como renovaciones de fábrica y adquisición de nuevas máquinas, o la adopción de modelos institucionales de gestión de la seguridad. Otro elemento importante es la reducción de las primas del seguro de accidentes del trabajo para aquellas empresas que tomen medidas específicas de prevención durante un periodo de tiempo determinado.

Factores cruciales de éxito
La realización de una evaluación objetiva y rápida del proyecto propuesto por una empresa es fundamental para asegurar el éxito y la credibilidad del sistema de cofinanciación. Las empresas presentan sus propuestas en línea. A continuación, el sistema evalúa de forma automática la propuesta basándose en criterios objetivos que se sirven de un conjunto de puntos que el sistema asigna de forma automática en función del tamaño de la empresa, los factores de riesgo, el número de personas involucradas, los objetivos y la eficacia de la intervención propuesta, la participación de interlocutores sociales y la adopción de buenas prácticas.
La buena comunicación y la participación de las diversas partes interesadas, incluidas las asociaciones profesionales y los sindicatos, así como su apoyo a las actividades de información, asesoramiento y asistencia, han sido fundamentales para el éxito del proyecto.

Resultados concretos
A pesar de que solo el 20 por ciento de los proyectos presentados por 40.000 empresas reciben cofinanciación, la iniciativa ha estimulado incluso a las empresas sin éxito para que mejoren su planificación en el ámbito de la seguridad en el trabajo. Se ha logrado el objetivo final de mejorar la salud y la seguridad en el trabajo y de demostrar los beneficios de la inversión en la prevención a mediano y largo plazo. Las empresas, los medios de comunicación y la opinión pública han empezado a considerar que la seguridad en el trabajo es una medida necesaria y no simplemente una parte de las obligaciones legislativas y de control.
 

NOTA: AFIP profundiza controles sobre los juegos de azar

NOTA: AFIP profundiza controles sobre los juegos de azar
En el marco de una política proactiva para mejorar la recaudación impositiva, la AFIP creó un "Registro y Régimen de Información respecto de la explotación de juegos de azar y apuestas", con el fin de "profundizar el control fiscal sobre las rentas o ingresos provenientes" de ese sector.
Así lo dispuso a través de una resolución general publicada hoy en el Boletín Oficial. "Como ya se ha efectuado en otros rubros de la economía, resulta propicio establecer un régimen que permita contar con la información de las operaciones realizadas por tales explotaciones, a través de sistemas informáticos definidos para ese fin", según el texto del ente recaudador.
La fiscalización de los juegos de azar abarcará a bingos, máquinas electrónicas, casinos y apuestas de dinero que se realizan por internet, celulares o telefonía fija, de acuerdo con lo dispuesto oficialmente.
Afuera de esta normativa quedaron las apuestas en hipódromos, los sorteros de las loterías, las quinielas, rifas y similares, y los concursos realizados a través de medios masivos de comunicación (gráfico, radial o televisivo), indicó la AFIP.
A los efectos del flamante Régimen, se consideran "juegos de azar y/o apuestas a todo contrato de juego que se realice a través de procedimientos manuales, mecánicos, electromecánicos, electrónicos, informáticos y/o cualquier otro medio, cuyo resultado dependa en forma exclusiva o preponderante del azar, en la que se participe emitiendo apuestas en dinero o valores, con la finalidad de obtener premios de cualquier especie y naturaleza, desarrollados en salas de juegos", resaltó la AFIP.
El organismo advirtió que el incumplimiento de las obligaciones "podrá ser sancionado, incluso, con la suspensión temporal del CUIT" de la empresa.
En este marco, la resolución estableció que las casas de juego deberán enviar diariamente a la AFIP los siguientes datos:
- Para máquinas electrónicas de juegos de azar y apuestas automatizadas y máquinas tragamonedas o slots: los ingresos "coin in" y los egresos "coin out", "jackpot", y el valor unitario equivalente en pesos, discriminado por cada una de las máquinas instaladas.
- Para juegos de "mesas de paño" o "mesas vivas": la ganancia bruta obtenida de la explotación de las mismas por cada una de las mesas y tipo de juego.
- Para juegos de Bingo: la cantidad y valor de cartones vendidos, detallando "desde y hasta" del número y serie de los cartones vendidos y los premios pagados por la explotación de este juego.
- Para juegos por "Internet": el total de apuestas y premios pagados, discriminado por juego o tema.
- Para juegos por telefonía fija o móvil: el total de apuestas y premios pagados discriminados por juego o tema.
La AFIP justificó esta decisión al señalar que "resulta necesario profundizar el control fiscal sobre las rentas o ingresos provenientes de la explotación de juegos de azar y/o apuestas". "Los regímenes de registración e información vigentes constituyen una herramienta eficaz para la estructuración de procedimientos y planes de fiscalización, destinados a optimizar sus acciones respecto de cada una de las actividades que conforman la economía nacional", añadió.
Fuente: Ámbito.com

NOTA: Municipios bonaerenses podrán retener tasa de seguridad e higiene en depósitos bancarios

Municipios bonaerenses podrán retener tasa de seguridad e higiene en depósitos bancarios

 
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó hoy un proyecto que habilita a los municipios a cobrar la tasa de Seguridad e Higiene mediante retención bancaria a los depósitos que realicen personas o empresas alcanzadas por esta carga.
La iniciativa, impulsada por la Diputada María Laura Lacava (FpV-PJ) y que fue girada al Senado para su tratamiento, propone adoptar el mismo mecanismo de recaudación que rige actualmente para el cobro de Ingresos Brutos en territorio bonaerense. Ese sistema establece que en las operaciones efectuadas por los contribuyentes, ya sea con cheques, transferencias bancarias o depósitos en efectivo, se retiene un monto destinado a dicho impuesto.
"Nuestra propuesta tiene el objetivo de implementar un sistema simplificado que permita agilizar los tiempos de ingresos destinados a las arcas del fisco, y así evitar la morosidad de los contribuyentes", indicó Lacava.
Para aplicar la medida los municipios remitirán, a través del Banco Central, el listado de contribuyentes a las entidades financieras, que procedan a la retención y luego lo transferirán a la cuenta oficial que cada municipio tiene en el Banco de la Provincia.