El debate sobre el Fondo de Asistencia Laboral abre interrogantes sobre el futuro del sistema previsional estatal, sus alcances reales, el impacto en los trabajadores y el rol del Estado en la garantía de derechos jubilatorios en un contexto de reformas y ajustes.
La reforma laboral que hoy ocupa el centro de todos los medios de comunicación y del debate parlamentario no es solo una modificación de las reglas de contratación, es fundamentalmente una reconfiguración de la caja más sensible del Estado, la de nuestros jubilados. La irrupción del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se presenta bajo un ropaje de "previsibilidad empresarial", pero esconde en su diseño técnico una transferencia de recursos que podría marcar el fin del sistema jubilatorio de reparto, tal como lo conocemos, en la próxima década.
El FAL bajo la lupa: mecánica y financiamiento
El FAL no es un impuesto nuevo, sino un redireccionamiento compulsivo. Se constituye como una cuenta específica por empleador destinada a cubrir, total o parcialmente, las indemnizaciones por despido sin causa. Según la redacción aprobada en estos días en el Senado de la Nación, el financiamiento provendrá de un aporte mensual a cargo del empleador equivalente al 1% para las grandes empresas y al 2,5% para las MiPyMEs.
Lo disruptivo aquí es el origen de esos fondos. Originalmente, estos puntos porcentuales forman parte de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al redireccionar este flujo de dinero desde la caja común de la ANSES hacia cuentas individuales o fondos administrados por empresas, el Estado está, en los hechos, resignando recursos que hoy financian las jubilaciones actuales y futuras para subsidiar el riesgo empresarial de los despidos de trabajadores.
Desde la óptica del derecho patrimonial, esta "afectación de destino" es cuestionable. Estamos hablando de fondos que tienen una naturaleza alimentaria y de previsión social, protegidos por el principio de integralidad e irrenunciabilidad de la seguridad social. Convertirlos en un "seguro de despido a favor del empleador", es una pirueta jurídica que desafía la esencia misma de las contribuciones patronales.
Crónica de una brecha: La historia de Don Jorge
Para entender la gravedad de esta reforma, hay que mirar la letra chica del proyecto. Tomemos el caso de Jorge, un jubilado de nuestra ciudad que trabajó treinta años como dueño de un comercio. Hoy, Jorge percibe la jubilación mínima que, con el bono extraordinario de febrero de 2026, alcanza los $429.254.
Sin embargo, la Canasta Básica del Jubilado relevada por la Defensoría de la Tercera Edad ya supera el $1.300.000. Jorge gasta casi el 40% de su haber en farmacia —incluso con los descuentos de PAMI— y el resto se licúa entre impuestos municipales, el costo de la energía en el sofocante verano correntino y una alimentación que ha bajado considerablemente su valor nutricional. La "garantía de movilidad" del artículo 14 bis de la Constitución es, para Jorge, una verdadera utopía, su haber se ajusta por IPC (2.8% en febrero), pero la inflación de los medicamentos y los servicios de salud corren a una velocidad que ningún índice estatal logra capturar. El FAL, al absorber parte de los recursos del SIPA, condena a Jorge y a miles de jubilados a que esa brecha entre el haber y la dignidad se vuelva irreversible.
El espejismo de la flexibilidad: Ramiro y el mundo de las Apps
En el otro extremo del espectro laboral encontramos a Ramiro, de 25 años, él recorre las calles de Corrientes sobre su moto repartiendo pedidos para una plataforma digital. Bajo la nueva figura de "repartidor independiente" creada por la reforma, Ramiro no tiene una relación de dependencia tradicional. Él es su propio "jefe", pero también su propio seguro de desempleo.
Ramiro tributa bajo el monotributo, lo que significa que su aporte al sistema previsional es el mínimo legal. No tiene un empleador que aporte al FAL por él, ni tendrá una indemnización si la plataforma decide bloquear su cuenta. Para Ramiro, la jubilación es un concepto de ciencia ficción. Si el sistema de reparto colapsa en los próximos 10 años debido al desfinanciamiento que inicia el FAL, Ramiro no tendrá siquiera el piso que hoy tiene Jorge. Su destino, bajo las reglas actuales, es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que apenas representa el 80% de una mínima que ya es de hambre.
La mirada en el Mercosur: El espejo paraguayo
No podemos ignorar el contexto regional. Muchos profesionales hoy migran hacia Paraguay o Brasil buscando estabilidad. En Paraguay, por ejemplo, el sistema de indemnización y seguridad social opera bajo lógicas de mayor previsibilidad, pero con un Estado que interviene menos en la capitalización forzosa. El riesgo de la reforma argentina es que intentamos copiar modelos de flexibilidad sin tener la moneda estable ni la seguridad jurídica de nuestros vecinos. Si el FAL fracasa en su rol de inversión financiera, el trabajador argentino quedará desprotegido en un limbo que no es ni reparto solidario ni capitalización exitosa.
La posible judicialización de estos fondos, ante futuras quiebras o sucesiones complejas donde los herederos deben afrontar desvinculaciones de personal antiguo, será un nuevo dolor de cabeza para los tribunales locales. ¿Qué pasará con un establecimiento que debe cerrar por una sucesión conflictiva si el FAL no cubre la totalidad de la indemnización acumulada por años de insalubridad o tareas rurales por ejemplo?
¿El fin de la solidaridad intergeneracional?
El sistema de reparto se basa en que los activos financian a los pasivos. Pero con el fin de las moratorias previsionales en 2025 y la introducción de mecanismos de capitalización encubierta como el FAL, el mensaje del Estado es claro: "Sálvese quien pueda".
Se estima que en 10 años, el SIPA perderá la masa crítica de recursos necesaria para sostener haberes dignos. Estamos transitando hacia un modelo donde el riesgo de longevidad (vivir más de lo que el ahorro permite) recae exclusivamente sobre el trabajador.
La necesidad de planificación mirando hacia el futuro
Frente a este panorama, el trabajador no puede permitirse cerrar los ojos. Si el Estado retrocede, la planificación patrimonial debe avanzar. Aquí tres pilares:
- Migración de Ahorro a Inversión: El peso ya no es reserva de valor. Es vital derivar un porcentaje del ingreso hacia instrumentos financieros o fondos que sigan el crecimiento global.
- Obligaciones Negociables: Permiten cobrar intereses en moneda extranjera, creando una fuente de ingresos paralela a la jubilación estatal.
- Asesoramiento Preventivo: Es imperativo que el trabajador analice sus años de aporte hoy, cuales son las mejores alternativas para la planificación patrimonial, cuales son los beneficios, como podría mejorar los ingresos de la jubilacion y los ingresos provenientes de los ahorros e inversiones. No esperar a los 60 o 65 años para descubrir que el sistema ha cambiado las reglas de juego.
Conclusión: Un llamado a la reflexión
El Fondo Asistencia Laboral puede ser una solución de corto plazo para la liquidez empresarial, pero es un "pagaré" que el sistema previsional difícilmente pueda cobrar. Estamos ante un potencial escenario de inconstitucionalidad, si el Estado redirige fondos de la seguridad social y no garantiza un haber mínimo vital y móvil, está incumpliendo tratados internacionales de jerarquía constitucional. Entonces queda claro que la verdadera reforma no debería ser cómo financiar los despidos, sino cómo fortalecer un sistema de desarrollo productivo que proteja a los jóvenes trabajadores y garantice una vejez con dignidad.
nota publicada en (www.diarioepoca.com)
(*) Abogada UNNE. Especialista en Derecho Previsional Planificación patrimonial y sucesoria
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